Entre las pruebas que respaldaron la acusación figuran informes del Centro Simón Wiesenthal, el testimonio de Alejandro Finocchiaro —diputado y representante argentino ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto—, un dictamen del Observatorio por la Lucha contra el Antisemitismo de la UBA y presentaciones del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Expertos y funcionarios especializados en memoria del Holocausto también prestaron declaración, subrayando la gravedad de las comparaciones utilizadas por Biasi.
La defensa de la legisladora argumentó que se trataba de críticas políticas legítimas contra el Estado de Israel y no contra el pueblo judío, alegando que el fallo vulnera la libertad de expresión. Presentó además informes de historiadores y un amicus curiae de organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, los jueces entendieron que las expresiones no se limitaban a una postura política, sino que constituyen un discurso que fomenta la discriminación y el odio, lo que la ley penal argentina sanciona expresamente.
Con esta decisión, la Justicia argentina envía un mensaje firme contra la banalización del Holocausto y la utilización de analogías nazis como herramienta de agresión política, reforzando el compromiso del país con la memoria histórica y la lucha contra el antisemitismo.
