Se espera que esta consulta siente un precedente para otros estados en México, promoviendo una educación más inclusiva y adaptada a las necesidades del siglo XXI.
Una iniciativa busca que los padres decidan sobre la educación de sus hijos en Nuevo León
Se espera que esta consulta siente un precedente para otros estados en México, promoviendo una educación más inclusiva y adaptada a las necesidades del siglo XXI.
En enero de 2025, el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León publicó una petición para realizar una consulta popular. Su objetivo es que los padres decidan el tipo de educación que recibirán sus hijos.
El exdiputado Juan Carlos Leal promueve esta iniciativa para modificar el artículo 39 de la Constitución estatal. La propuesta establece que los padres tendrán derecho preferente a elegir la educación de sus hijos.
La consulta permitió a los padres seleccionar entre diferentes modelos educativos: tradicional, basado en competencias, bilingüe o con enfoque en tecnología y habilidades digitales.
Para que la consulta se realice, es necesario reunir más de 90 mil firmas. Esta cantidad representa el 2% de la Lista Nominal de Nuevo León, que cuenta con 4 millones 501 mil 672 personas según el corte de junio de 2025.
En mayo de 2025, la iniciativa fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León. Esto generó un intenso debate entre legisladores y organizaciones civiles. El "PIN parental" buscaba que los padres pudieran autorizar o rechazar la participación de sus hijos en clases o actividades sobre temas sensibles o contrarios a sus creencias.
Aunque la iniciativa del "PIN parental" ha sido debatida desde 2020, hasta la fecha no ha sido aprobada en el Congreso de Nuevo León. En 2023, Carlos Leal y Daniel Borrego reactivaron la propuesta, lo que confirma que sigue siendo un tema controversial en el estado.
Algunos sectores apoyan la iniciativa porque refuerza el derecho de los padres a influir en la educación de sus hijos. Sin embargo, otros, como la activista Jennifer Aguayo, pidieron al Instituto Estatal Electoral (IEE) cancelarla, argumentando que podría restringir el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral.
