El Ejecutivo Provincial anunció que continúa con acciones judiciales para esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de terrenos fiscales en el Barrio El Faro, Río Gallegos, durante las gestiones de Pablo y María Grasso.
La investigación expone un posible manejo arbitrario de tierras, sin respetar los procesos administrativos establecidos por la normativa vigente.
Nuevas denuncias penales por administración fraudulenta
Según el comunicado oficial, se han presentado dos nuevas denuncias penales, cada una dirigida a los exfuncionarios. Las acusaciones se fundamentan en los artículos 248 y 174, inciso 5° del Código Penal, que tipifican el incumplimiento de deberes de funcionario público y la administración fraudulenta de bienes del Estado.
El nuevo material probatorio profundiza las sospechas sobre irregularidades en la adjudicación de terrenos, señalando que:
Incompatibilidades y perjuicio patrimonial al Estado
La investigación también revela posibles incompatibilidades legales y éticas en la distribución de los lotes fiscales. El informe sostiene que el manejo discrecional de la tierra pública habría generado un daño patrimonial al Estado y afectado la transparencia en la administración del suelo urbano.
Las nuevas denuncias amplían las irregularidades previamente detectadas, incorporando elementos jurídicos y administrativos que refuerzan la gravedad del caso.
Cabe recordar que:
- Pablo Grasso ocupó la presidencia del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) entre 2015 y 2019.
- María Grasso dirigió el organismo entre 2022 y 2023.
Auditoría en curso para transparentar la gestión de tierras
La actual administración del IDUV ha iniciado una auditoría integral sobre las adjudicaciones de los últimos años, con el objetivo de:
- Transparentar el manejo del suelo urbano.
- Garantizar que la asignación de lotes se realice de manera equitativa y conforme a la normativa vigente.
Con el avance de la investigación judicial, se espera esclarecer el impacto real de estas maniobras en el patrimonio estatal y determinar responsabilidades en la administración de tierras en Río Gallegos.
