Rodolfo Calfin fue absuelto tras una denuncia por defraudación. Ahora reclama una millonaria indemnización.
Compartir:
Un traumatólogo que trabajaba en el Hospital Nacional de Clínicas inició una demanda contra el Estado por $40 millones. Rodolfo Calfin fue sobreseído en una causa penal tras ser acusado de defraudación con una prótesis de cadera. Ahora sostiene que fue víctima de una investigación arbitraria que afectó su vida personal y profesional.
El conflicto comenzó cuando un familiar de un paciente denunció que le habían hecho comprar una prótesis importada. Según su relato, los médicos le aseguraron que la provista por PAMI había sido utilizada en otro caso. Por eso, decidió adquirir un componente italiano para que se acelerara la cirugía de su padre.
Un traumatólogo que trabajaba en el Hospital Nacional de Clínicas inició una demanda contra el Estado por $40 millones.
La Justicia confirmó que no hubo delito por parte de los médicos
En la historia clínica constaban los stickers de los componentes utilizados, nacionales e importados. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes concluyó que se usaron ambos insumos en la cirugía. Esto fue confirmado por imágenes posquirúrgicas y por un informe del Cuerpo Médico Forense.
El fiscal Enrique Senestrari pidió el sobreseimiento de Calfin y del otro médico involucrado, Marcelo Toconas. La Justicia determinó que no hubo maniobra delictiva ni apropiación indebida de la prótesis importada. Los especialistas también explicaron que los componentes son compatibles y pueden combinarse según disponibilidad.
La investigación penal finalizó en 2024, tras dos años de proceso. Para entonces, Calfin ya había sido sometido a un sumario interno donde se había recomendado su cesantía. El médico afirma que fue víctima de un procedimiento injusto, arbitrario y sin pruebas reales.
La investigación penal finalizó en 2024, tras dos años de proceso.
El médico reclama por daños morales, sociales y laborales
Con el patrocinio de los abogados Diego Bobatto y Marcelo Guitman, Calfin presentó una demanda civil. Reclama $40 millones por los daños ocasionados durante el proceso, que considera infundado. La causa está en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Vaca Narvaja.
Asegura que el caso perjudicó su imagen y afectó su entorno familiar, social y laboral. Señaló que fue humillado, marginado y obligado a explicar reiteradamente que no cometió ningún delito. “Todo se hizo a las apuradas, sin investigación seria ni responsabilidad profesional”, indicó en su escrito.
También cuestionó el accionar de la Universidad Nacional de Córdoba, de quien depende el hospital. Criticó que ni siquiera fue citado para defenderse antes de que se recomendara su expulsión. Dijo que fue víctima de un atropello institucional, sin fundamentos ni respeto al debido proceso.
Ahora sostiene que fue víctima de una investigación arbitraria que afectó su vida personal y profesional.
Críticas al accionar administrativo de la UNC y su dirección jurídica
La demanda apunta también a las conclusiones del sumariante interno, Nicolás Pérez Giraudo. Este había sostenido que la prótesis fue retirada para ser revendida, sin pruebas concluyentes. Calfin negó cualquier vínculo con el técnico de la empresa proveedora del implante importado.
El médico remarcó que la utilización de componentes médicos es estrictamente regulada. Sostuvo que toda la documentación y trazabilidad de las prótesis fue presentada en tiempo y forma. También recordó que en la cirugía participaron técnicos de ambas empresas proveedoras.
El denunciante original nunca presentó pruebas que refutaran la colocación del insumo importado. La Justicia penal cerró la causa por falta de mérito y luego dictó el sobreseimiento definitivo. Con ese antecedente, ahora será la Justicia civil la que evaluará si existieron daños y perjuicios.
