En ese contexto, Nikkei Business reportó en agosto de 2022 que alrededor de 120 agentes de inteligencia rusos operaban en el país, una cifra que reflejaba la magnitud del fenómeno.
El problema también se manifiesta en el ámbito corporativo. En enero, la oficina de seguridad pública de Tokio informó que un empleado de una empresa japonesa de máquinas herramienta había filtrado secretos comerciales a un presunto agente del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.
El caso evidenció las limitaciones del marco legal vigente, ya que fue tratado como competencia desleal y no bajo legislación específica contra el espionaje.
Japón avanza en una modernización sin precedentes de su estructura de seguridad e inteligencia, con la mayor reforma desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El giro se produce en medio de preocupaciones por su vulnerabilidad frente a operaciones extranjeras, especialmente tras denuncias que señalan al país como un punto clave para el espionaje y la provisión de tecnología sensible.
El detonante más reciente fue una investigación publicada por The New York Times, que describió a Japón como una “guarida de espías” utilizada por Rusia tanto para la recolección de inteligencia como para la obtención de componentes de doble uso destinados a su guerra en Ucrania. Según ese informe, las “débiles leyes de espionaje” del país facilitaron la instalación de estas redes.
Sanae Takaichi.
Espionaje ruso en Japón
La preocupación no es nueva, pero escaló con el tiempo. Considerado durante décadas como un entorno permisivo para las agencias de inteligencia extranjeras, Japón experimentó una mayor actividad de espionaje tras la invasión rusa de Ucrania, cuando numerosos agentes fueron expulsados de países occidentales y reubicados en territorio japonés.
Frente a este escenario, el propio Gobierno japonés reconoció la necesidad de reaccionar. “Reconocemos que, en un entorno de seguridad que cambia rápidamente, existe una necesidad creciente de contrarrestar las actividades de inteligencia extranjeras, como la adquisición de información crítica, que amenazan la seguridad nacional de Japón”, declaró el vocero principal, Minoru Kihara.
La bandera rusa.
Las revelaciones también apuntan a la dimensión internacional del problema. El informe del medio estadounidense sostiene que el 90% de los misiles y drones rusos contendrían componentes japoneses, según estimaciones del gobierno ucraniano. Para sortear restricciones, las redes de abastecimiento recurren a intermediarios y terceros países como Vietnam, Uzbekistán y Sri Lanka.
El trasfondo de esta situación está vinculado, en parte, a las propias limitaciones legales de Japón. La Constitución de posguerra prioriza la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión, lo que ha restringido históricamente las capacidades de vigilancia.
Como consecuencia, el país carece de una legislación robusta contra el espionaje, más allá de normas aplicables a ámbitos militares. Intentos previos de endurecer el marco legal, como el de 1985, fracasaron ante la oposición social, mientras que la Ley de Secretos Especialmente Designados de 2013 resultó insuficiente para abordar los desafíos actuales.
Sanae Takaichi.
Las reformas de Sanae Takaichi
En este contexto, el Gobierno liderado por la derechista Sanae Takaichi impulsa una reforma estructural apoyada en su mayoría parlamentaria. Entre las medidas ya adoptadas se encuentra la aprobación de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Inteligencia, que establece un nuevo organismo centralizado bajo la órbita del primer ministro y la conformación de una Oficina Nacional de Inteligencia (NIB) con 700 miembros.
Este nuevo ente tendrá como objetivo coordinar operaciones que hasta ahora estaban fragmentadas y supervisar la contrainteligencia. Además, se prevé que hacia finales de 2026 se presente una legislación específica orientada a agentes extranjeros, en un intento por cerrar vacíos legales.
La reestructuración también contempla la creación de una agencia de inteligencia exterior, equivalente a organismos como la CIA o el MI6, que comenzaría a operar en 2028.
Japón encara esta reforma después de décadas de debilidad institucional frente al espionaje, en un escenario donde las amenazas ya se encuentran activas dentro de sus fronteras.
