La Cámara de la Construcción, presidida por Alejandro Ruibal, avanza hacia un preacuerdo con el SUNCA que reduce paulatinamente la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin pérdida salarial, con contrapartidas y cierta flexibilidad, en un convenio de varios años. Se presenta como un avance equilibrado. En la práctica es un encarecimiento artificial del trabajo que distorsiona el sector, beneficia de forma desigual a las grandes empresas con contratos estatales y termina pagándose en el precio de la vivienda, con especial dureza sobre los hogares de menores ingresos.
El mecanismo de costos
Reducir horas manteniendo el mismo salario eleva el costo horario de la mano de obra cerca de un 9 %. En la construcción uruguaya la mano de obra y las cargas sociales representan entre el 45 % y el 54 % de los costos totales. Ese incremento no se diluye: se traslada a los costos de producción. La evidencia internacional más cercana —un estudio de la Asociación Brasileña de Incorporadoras (Abrainc) y la consultora Ecconit que analizó exactamente el mismo cambio de 44 a 40 horas— estima un aumento del 10 % en el costo total de los proyectos y del 5,5 % en el precio de venta de las viviendas nuevas. En un horizonte de diez años, una vez consolidada la jornada reducida y sumando demoras de obra, menor oferta y posibles rigideces, el impacto adicional puede situarse entre el 5 % y el 10 % respecto del escenario sin el acuerdo.
No es un número menor. Sobre una vivienda de 150.000 dólares representa entre 8.000 y 15.000 dólares extras. Y es un piso permanente: no desaparece con el tiempo.
Quién puede trasladar el costo y quién no
Aquí aparece la asimetría decisiva. Las empresas grandes que facturan de forma masiva al Estado —como Saceem, de la que Ruibal es director general— tienen una válvula de escape cómoda. Una aproximación de piso de contratos estatales identificables desde 2018 (Viaducto de la Rambla Portuaria, participación en el Ferrocarril Central, PPP Educativa II, Rutas 21 y 24 y otros) supera los 440-480 millones de dólares. Con ese volumen, el sobrecosto laboral se incorpora a las certificaciones y el erario lo paga. El Estado, que no enfrenta la disciplina de un cliente privado, suele aceptar. La propia empresa reconoce una cuota cercana al 10 % del mercado de obra pública.
Las medianas y pequeñas, en cambio, compiten en el mercado real. No pueden “agregar todo a la factura”. Absorben el aumento en sus márgenes, pierden contratos o reducen personal. El preacuerdo, por tanto, no solo eleva costos: concentra aún más la actividad en quienes ya operan con el paraguas público y debilita a quienes generan la mayor parte del empleo privado del sector.
El golpe a los más pobres
La vivienda es el gasto más importante de los hogares de menores ingresos. Un aumento del 5,5 % (o más) en el precio de las unidades nuevas reduce la cantidad de viviendas que se pueden construir con los mismos recursos de vivienda social y desplaza hacia arriba toda la estructura de precios y alquileres. El estudio brasileño calculó que el mismo cambio haría inviable el financiamiento de viviendas económicas para 1,6 millones de familias. En Uruguay el efecto es análogo: menos unidades por peso público invertido, colas más largas y una proporción aún mayor del ingreso de los quintiles inferiores destinada a techo.
Cuando los costos suben, los desarrolladores priorizan segmentos de mayor margen. La oferta de vivienda asequible se contrae precisamente donde más se necesita. Los más pobres no solo enfrentan precios más altos; enfrentan menos opciones.
La lección de los incentivos
Lo que se ve es más tiempo libre con el mismo ingreso para un grupo de trabajadores. Lo que no se ve es el costo difuso que recae sobre el resto: empresas que dejan de contratar, obras que se posterguen, viviendas más caras y un traslado de recursos desde el sector productivo privado hacia el gasto público. Los mercados ajustan horas según productividad y preferencias voluntarias. Cuando ese ajuste se sustituye por un convenio generalizado de largo plazo, se introduce una rigidez que privilegia a unos a costa de la eficiencia general.
El preacuerdo no es neutral. Consolida un sobrecosto permanente sobre la construcción de viviendas, protege a las grandes firmas con acceso privilegiado al Estado y castiga con especial dureza a quienes menos capacidad tienen de absorber el golpe. En diez años la vivienda nueva valdrá entre un 5 % y un 10 % más solo por este efecto. Esa diferencia no es abstracta: se mide en familias que no llegan a la cuota, en alquileres que se comen una parte mayor del salario y en una oferta de vivienda social más escasa.
