La encuesta que acaba de presentar Uruguay XXI —basada en las respuestas de 244 empresas de capital estadounidense instaladas en el país— no deja lugar a dudas. El 79 % se declara “satisfecha o muy satisfecha” con el clima de inversión. Pero cuando se les pregunta qué frena realmente el crecimiento de sus negocios, el veredicto es demoledor: el 40,3 % señala el tiempo que toman los trámites administrativos como el principal obstáculo. Le siguen, a distancia, el acceso a mercados, la escasez de talento calificado y la rigidez del mercado laboral.
Es decir, Uruguay ofrece un buen marco macro… pero luego te ata de pies y manos con una burocracia que devora tiempo y dinero. Y esa burocracia no es un accidente. Es el rostro visible de un problema mucho más profundo: un Estado obeso, carísimo y cada vez más voraz que, en nombre de “proteger” y “regular”, termina destruyendo las condiciones que permiten crear riqueza real.
La trampa de los impuestos altos
Uruguay mantiene una de las cargas tributarias más elevadas de América Latina: alrededor del 27,4 % del PIB en recaudación total (según los últimos datos de la OCDE) y una recaudación bruta de la DGI que ronda el 20 % del producto. IVA al 22 %, Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) al 25 %, impuesto a la renta personal que llega al 36 % en los tramos más altos, aportes jubilatorios y salud que superan el 20 % del salario bruto… Todo eso no es “solidaridad”. Es un impuesto al esfuerzo productivo.
Cada peso que el empresario paga en impuestos es un peso que no invierte en maquinaria, en capacitación, en investigación o en expansión. Cada peso que el Estado recauda se gasta en mantener un aparato público que crece más rápido que la economía. El resultado fiscal estructural cerró 2025 en torno al -3,9 % del PIB (y el global cerca del 4,8-5 % según distintas fuentes), impulsado por un gasto público que no para de subir. El gobierno gasta más de lo que ingresa y, en lugar de recortar, sigue aumentando transferencias, suministros y planillas estatales.
Hazlitt lo explicaría con claridad cristalina: se ve el empleado público que cobra su sueldo, se ve el jubilado que recibe su pasividad, se ve el subsidio que “ayuda” a tal o cual sector. Lo que no se ve es el empleo privado que nunca se creó, la empresa que eligió instalarse en Paraguay o en República Dominicana, el joven talentoso que emigró porque aquí el Estado se lleva más de la mitad de lo que produce.
Un gasto público fragmentado e ineficiente
El Estado uruguayo no es solo grande: es ineficiente por diseño. Tiene ministerios, entes autónomos, direcciones, comisiones y consejos que se superponen en funciones. La “arqueología de cometidos” que algunos analistas han hecho con inteligencia artificial revela decenas de dependencias que hacen exactamente lo mismo. El gasto público real (incluyendo empresas públicas, BPS, intendencias y autonomías) supera ampliamente el 30 % del PIB cuando se suman todas las partidas.
