El monopolio de UTE: La energía más cara de Sudamérica y un lastre para la economía Uruguaya

El monopolio de UTE: La energía más cara de Sudamérica y un lastre para la economía Uruguaya
Paneles solares.
Imagen de Pedro Ponce De León

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porPedro Ponce De León
Economía

Los monopolios destruyen la economía uruguaya.

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En Sudamérica, donde la energía debería impulsar el desarrollo y la competitividad, Uruguay ocupa el peor lugar posible: el de país con las tarifas eléctricas residenciales más elevadas del Cono Sur. Según datos de SEG Ingeniería correspondientes a enero de 2026, la tarifa residencial alcanza los 290 dólares por MWh (equivalente a aproximadamente 0,29 USD por kWh), superando a Chile (282 dólares/MWh) y dejando muy atrás a Paraguay (75 dólares/MWh), Argentina (120 dólares/MWh) o Brasil (211 dólares/MWh). Esta posición no responde a escaseces inevitables ni a factores externos inevitables, sino al monopolio estatal ejercido por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), una estructura que elimina la competencia, genera ineficiencias y cobra precios excesivos a los uruguayos.


El monopolio de UTE: Control absoluto que bloquea la competencia y la eficiencia


UTE no es simplemente una empresa pública; es un monopolio legal que domina la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en todo el país. Aunque la legislación permite cierta participación privada en la generación —sobre todo en renovables como eólica o solar—, UTE mantiene el control exclusivo sobre la compra de esa energía producida por terceros. Esto obliga a los generadores privados a venderle únicamente a ella, en condiciones que muchos califican de desiguales y restrictivas.


Sin competencia real, no existe presión para bajar costos, innovar o mejorar la eficiencia operativa. UTE puede fijar tarifas sin el freno que impone un mercado abierto, donde rivales ofrecerían alternativas más baratas o mejores servicios. Los aumentos tarifarios aplicados en enero de 2026 —un promedio del 4%, con residenciales alrededor del 3,3% y la tarifa simple (que afecta a más de un millón de clientes) en 2,93%— se suman a una base ya elevada, y ni siquiera compensan del todo la inflación proyectada. Mientras tanto, la empresa reporta ganancias significativas, pero estas provienen de su posición dominante, no de una gestión excepcionalmente eficiente o de inversiones que reduzcan precios para los usuarios.


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Generadores privados han denunciado repetidamente que compiten en desventaja: pagan peajes por el uso de redes que exceden los costos reales, lo que restringe su capacidad de ofrecer precios más bajos y desalienta nuevas inversiones. En un sector donde la transmisión y distribución son naturalmente monopólicas, la regulación debería promover apertura y competencia en lo posible, no perpetuar un control estatal que prioriza la burocracia sobre el consumidor.


Un impacto devastador en la economía


Los precios altos de la electricidad no son un problema menor; representan un golpe directo a la economía uruguaya en su conjunto. Para las familias, significan una carga constante en el presupuesto: facturas que duplican o triplican las de países vecinos como Paraguay erosionan el poder adquisitivo, reducen el consumo interno y agravan la desigualdad. Miles de hogares luchan por pagar cuentas que quitan recursos a necesidades básicas o al ahorro.


El daño mayor se observa en el sector productivo. Las tarifas industriales —154 dólares/MWh en media tensión— son las más altas de la región, elevando drásticamente los costos operativos de fábricas, agroindustrias y exportadores. En un mundo globalizado, donde la competitividad depende de insumos baratos, Uruguay se pone en desventaja frente a competidores que pagan mucho menos por la misma energía. Una empresa uruguaya enfrenta costos energéticos que pueden ser el doble o triple de una paraguaya o argentina, lo que lleva a pérdida de mercados, cierre de plantas, menor inversión y desempleo.


Esta estructura monopólica genera costos ocultos que se propagan por toda la economía: desincentiva la atracción de inversiones extranjeras —especialmente en sectores electrointensivos como manufactura, tecnología o minería— y frena el crecimiento del PIB. En un país que aspira a ser un hub de innovación y exportaciones, tarifas desorbitadas actúan como barrera invisible, desviando recursos productivos hacia el sostenimiento de una entidad ineficiente.


Es hora de una reforma: Abrir el mercado para bajar precios y liberar  potencial


Uruguay ha logrado avances notables en renovables —con una matriz mayoritariamente limpia gracias a inversiones privadas—, pero el monopolio de UTE empaña estos logros y mantiene precios artificialmente altos. Romper este control, permitiendo mayor competencia en la comercialización, distribución y compras directas de energía, bajaría tarifas de forma natural y liberaría recursos para inversión productiva.


Países como Chile han mostrado que una apertura regulada mantiene la estabilidad del suministro mientras reduce costos y fomenta innovación. Uruguay podría seguir un camino similar: reformar la legislación para eliminar barreras monopólicas, incentivar la entrada de competidores y priorizar al consumidor sobre la rigidez estatal.


La energía barata no es un lujo; es un requisito para una economía dinámica y próspera. Mientras persista el monopolio de UTE, los uruguayos seguirán pagando el precio más alto de la región —en dinero y en oportunidades perdidas—. Es momento de cambiar este modelo anacrónico por uno que beneficie a todos: familias, empresas y el país entero. Uruguay merece competir en igualdad de condiciones, no cargar con el lastre de un monopolio que cobra caro y entrega poco.