En Sudamérica, donde la energía debería impulsar el desarrollo y la competitividad, Uruguay ocupa el peor lugar posible: el de país con las tarifas eléctricas residenciales más elevadas del Cono Sur. Según datos de SEG Ingeniería correspondientes a enero de 2026, la tarifa residencial alcanza los 290 dólares por MWh (equivalente a aproximadamente 0,29 USD por kWh), superando a Chile (282 dólares/MWh) y dejando muy atrás a Paraguay (75 dólares/MWh), Argentina (120 dólares/MWh) o Brasil (211 dólares/MWh). Esta posición no responde a escaseces inevitables ni a factores externos inevitables, sino al monopolio estatal ejercido por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), una estructura que elimina la competencia, genera ineficiencias y cobra precios excesivos a los uruguayos.
El monopolio de UTE: Control absoluto que bloquea la competencia y la eficiencia
UTE no es simplemente una empresa pública; es un monopolio legal que domina la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en todo el país. Aunque la legislación permite cierta participación privada en la generación —sobre todo en renovables como eólica o solar—, UTE mantiene el control exclusivo sobre la compra de esa energía producida por terceros. Esto obliga a los generadores privados a venderle únicamente a ella, en condiciones que muchos califican de desiguales y restrictivas.
Sin competencia real, no existe presión para bajar costos, innovar o mejorar la eficiencia operativa. UTE puede fijar tarifas sin el freno que impone un mercado abierto, donde rivales ofrecerían alternativas más baratas o mejores servicios. Los aumentos tarifarios aplicados en enero de 2026 —un promedio del 4%, con residenciales alrededor del 3,3% y la tarifa simple (que afecta a más de un millón de clientes) en 2,93%— se suman a una base ya elevada, y ni siquiera compensan del todo la inflación proyectada. Mientras tanto, la empresa reporta ganancias significativas, pero estas provienen de su posición dominante, no de una gestión excepcionalmente eficiente o de inversiones que reduzcan precios para los usuarios.
Generadores privados han denunciado repetidamente que compiten en desventaja: pagan peajes por el uso de redes que exceden los costos reales, lo que restringe su capacidad de ofrecer precios más bajos y desalienta nuevas inversiones. En un sector donde la transmisión y distribución son naturalmente monopólicas, la regulación debería promover apertura y competencia en lo posible, no perpetuar un control estatal que prioriza la burocracia sobre el consumidor.
Un impacto devastador en la economía
