La desaceleración en las ventas del comercio y los servicios al cierre de 2025 no es un incidente aislado, sino la expresión inevitable de un modelo económico que ha priorizado la intervención estatal sobre la libertad de los agentes económicos. Según los datos de la Cámara de Comercio, el crecimiento real de las ventas en el último trimestre se limitó a un escuálido 0,9 %, con la mayoría de las empresas reportando estancamiento o contracción ajustada por inflación. Este indicador, que refleja las decisiones cotidianas de millones de consumidores y emprendedores, revela el agotamiento de un sistema que, bajo el manto de la equidad social, ha multiplicado las distorsiones en la economía uruguaya.
El legado del batllismo y su visión expansiva del Estado ha dejado una huella profunda: más de la mitad de los ingresos privados terminan absorbidos por el fisco. Impuestos elevados, regulaciones laborales rígidas, un sector público que emplea a uno de cada cinco trabajadores y un sistema de protección social que, aunque bien intencionado, ha terminado por erosionar la productividad y el poder adquisitivo real. No es casual que el desempleo haya escalado al 7,4 % en los últimos meses, un nivel que castiga especialmente a los sectores de servicios y comercio, dependientes de la demanda interna. Esta cifra no surge de una fatalidad externa, sino de las barreras artificiales que desalientan la contratación y la inversión privada, perpetuando un ciclo de bajo crecimiento y alta dependencia fiscal.
Analistas coinciden en que la economía uruguaya ha entrado en una fase de “frenazo”, con proyecciones para 2026 que apuntan a un crecimiento aún más débil de lo estimado inicialmente. El PIB real ha mostrado signos de recesión técnica, con trimestres consecutivos de contracción ajustada, mientras que el déficit fiscal amenaza con escalar nuevamente, reviviendo patrones de inestabilidad que el mercado libre corregiría de forma natural si no fuera por las intervenciones constantes. La inflación, aunque contenida en un 3,1 % anual entre febrero de 2025 y 2026 —la más baja en siete décadas—, no compensa el daño subyacente: precios relativos distorsionados por subsidios y controles que ocultan la verdadera escasez de recursos.
