La ANEP resolvió iniciar acciones judiciales contra los padres de una comunidad menonita del departamento Florida, por no enviar a sus hijos a la escuela. El órgano estatal detectó en 2023 que 11 niños de esa comunidad de inmigrantes de Estados Unidos «no asisten a centros educativos públicos ni privados».
Pero ello no es tan así. Los padres alegaron y acreditaron que sus hijos estaban siendo asistidos por dos educadores y que cursaban sus estudios en el colegio Face Primary Army, de Estados Unidos.
Según informara el diario El País, hubo tres intentos de acercamiento. Incluso se les ofreció asistir a escuelas públicas o abrir un colegio autorizado. Pero los padres rechazaron todo. Ello recuerda la frase de Ronald Reagan: “Las palabras más aterradoras en el idioma inglés son ‘Hola, soy del gobierno y estoy aquí para ayudar’”.
Y está muy bien que no hayan aceptado. Su negativa es ajustada a derecho.
El artículo 68 de la Constitución establece la libertad de enseñanza, y garantiza que todo padre o tutor puede elegir los maestros o instituciones que desee para sus hijos.
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Los padres eligieron una institución educativa norteamericana por motivos religiosos. Su decisión está amparada no solo por el artículo 68, sino también por los artículos 7 y 40 de la Constitución. No hay lesión a terceros ni a los derechos de los niños.
El único interés “lesionado” es el de los burócratas que creen que pueden decidir mejor que las familias sobre sus vidas. La llamada “fatal arrogancia”.
Educación, no adoctrinamiento
La educación es un proceso abierto, de ensayo y error, no un sistema cerrado de verdades absolutas. En este mar de ignorancia, todos somos ignorantes… solo que en temas distintos.
Los menonitas no rechazaron la educación. Rechazaron la educación estatal. Esa que se hace llamar “pública” para sonar mejor, aunque en los hechos es un instrumento del poder político.
