La industria pesquera uruguaya enfrenta una crisis sin precedentes, no por falta de recursos naturales ni por desidia empresarial, sino por una postura sindical que, en su intransigencia, pone en jaque el sustento de miles de familias y el futuro de un sector clave para la economía nacional. Ayer se procesó el último pescado en una de las principales plantas del país, y mañana un grupo llegará a empacarlo. Luego, 120 trabajadores de esta planta, junto con muchos otros en diferentes puntos del país, regresarán a sus hogares sin certeza alguna sobre cuándo volverán a trabajar. Mientras tanto, los barcos permanecen amarrados, las deudas se acumulan y las oportunidades se desvanecen.
El conflicto tiene su origen en una decisión tan insólita como perjudicial: los marineros, respaldados por el sindicato, se niegan a realizar guardias en el puente de mando de los buques mientras los capitanes descansan. Esta medida, que podría parecer un mero capricho, tiene consecuencias devastadoras. La normativa marítima internacional exige que un barco en operación cuente con una guardia constante en el puente, una tarea que los marineros están capacitados para realizar. Sin embargo, su negativa obliga a los capitanes a permanecer despiertos durante jornadas inhumanas, algo insostenible y peligroso. Como resultado, los barcos no salen a faenar, y la pesca, motor económico de varias regiones uruguayas, se paraliza.
Este tipo de irracionalidad no es nueva. Ya lo advertíamos en "La estafa silenciosa del sistema de reparto", donde también se retrataban los costos de la intransigencia estructural.
El impacto es inmediato y brutal. Las empresas pesqueras, que operan a pérdida durante la baja zafra (de octubre a abril) con la esperanza de recuperarse en los meses de alta producción, ven cómo cada día sin actividad representa un daño irrecuperable. La semana pasada, un cliente internacional canceló un acuerdo para cargar 2,500 toneladas de pescado, un contrato que había requerido semanas de negociaciones para sortear la escasez de contenedores. Este tipo de pérdidas no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores, que ven desvanecerse la posibilidad de nuevos empleos. En la planta afectada, por ejemplo, se estaba instalando una nueva línea de procesamiento que habría generado 40 puestos de trabajo adicionales y se planificaba un segundo turno que emplearía a otras 70 personas. Todo eso está ahora en suspenso, si no directamente perdido.
