En un contexto de creciente descontento entre las fuerzas policiales y una ola de críticas por promesas electorales no cumplidas, el Sindicato de la Guardia Republicana (UNI.POL.GR) ha lanzado una dura acusación contra el presidente Yamandú Orsi y su administración. Lo que se presentó como un “alivio económico” para los funcionarios policiales no es más que un reempaquetado de medidas existentes, que en realidad prolongan el endeudamiento de los agentes en lugar de ofrecer un verdadero apoyo. Esta situación pone en evidencia las grietas en la gestión del Frente Amplio, que asumió el poder hace poco más de un año con un discurso de respaldo a la seguridad pública, pero que hoy enfrenta reclamos por incumplimientos sistemáticos.
El compromiso firmado en Durazno: una promesa de campaña
Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando Yamandú Orsi, entonces candidato presidencial por el Frente Amplio, se reunió en Durazno con la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales. En ese encuentro, Orsi y su equipo de asesores presentaron un documento con 11 medidas clave para fortalecer la seguridad y respaldar a los efectivos. Entre los puntos destacados figuraba un préstamo “limpia sueldos” a través del Banco República, diseñado para consolidar las deudas de los policías, saldarlas y descontar cuotas de manera ordenada de sus salarios. El compromiso también incluía un aumento salarial, la creación de una Defensoría de la Policía y la incorporación de 2.000 nuevos agentes para reforzar la presencia en áreas críticas.
El documento, firmado el 4 de noviembre de 2024, fue celebrado por los sindicatos como un paso adelante en la protección de los derechos laborales de los policías. Orsi enfatizó en entrevistas posteriores que estas medidas eran prioritarias y que no representaban un “misterio” en su implementación, asegurando que se aprovecharían las escuelas policiales existentes y se reasignarían recursos presupuestarios si fuera necesario. Sin embargo, más de un año después de asumir la presidencia el 1 de marzo de 2025, estas promesas parecen haber quedado en el olvido.
Del “limpia sueldos” al “alivio económico”: un cambio de nombre sin sustancia
Recientemente, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Nicolás Negro, anunció una nueva medida bautizada como “alivio económico”. Según el gobierno, esta iniciativa permite a los policías renovar deudas hasta en 72 cuotas y refinanciar en 60, presentándolo como un beneficio ampliado. Pero para UNI.POL.GR, esto no es más que un disfraz para lo que ya existía: antes de esta “novedad”, los agentes podían refinanciar hasta 60 cuotas, incluso apelando extensiones. “Esto no es un alivio económico. Esto es más endeudamiento para el policía”, denunció el sindicato en una publicación reciente.
La crítica es contundente: en lugar de ofrecer una partida extraordinaria, una mejora salarial o un beneficio directo en los ingresos, la medida estira las deudas por más años, comprometiendo los salarios a largo plazo. “Con la dignidad del policía no se juega. No se puede vender endeudamiento como si fuera ayuda”, afirmó UNI.POL.GR, acusando directamente al presidente Orsi, al Ministerio del Interior y al ministro Negro de haber mentido. Lo más alarmante, según el sindicato, es que otros gremios policiales han salido a celebrar esta iniciativa en sus redes sociales, presentándola como un “gran logro” cuando en realidad perpetúa el ciclo de deuda.
