En el Partido Nacional, las diferencias siempre se dijeron de frente: en la convención, en el directorio, en la prensa. Tomás Casaretto, presidente de la Comisión Nacional de Jóvenes, eligió otro camino. No le dijo a Sebastián Da Silva lo que pensaba. Se lo dijo a la mesa de la juventud, en un audio de WhatsApp en el que se quejó de que algunos dirigentes salieron a "cabecear varios micrófonos de forma innecesaria" por el caso del edil Gonzalo Gómez.
Es curioso que se queje del micrófono quien eligió no usarlo. El audio era interno, para los suyos, y a las pocas horas estaba en El Observador, en Telenoche y en cada portal político de Montevideo.
¿A quién le sirvió?
Los senadores criticados no ganaron nada con la filtración. El edil Gómez tampoco: volvió a estar en boca de todos. El único que pasó de presidir una comisión juvenil que casi nadie conoce fuera del partido a protagonizar la interna blanca en horario central fue Casaretto. Nadie puede probar quién apretó "reenviar". Pero en política la regla es vieja: si querés saber quién filtró, fijate a quién le sirvió.
La ironía es casi perfecta. Después del audio, la juventud pidió una reunión urgente con el partido y reclamó que estos temas se manejaran "de forma privada e interna". Lo pidió en un comunicado que se conoció precisamente porque el audio ya era público. Pidió discreción con un megáfono. Y lo que pidió es un clásico de la casta política: cuando un dirigente queda expuesto por cobrar sin trabajar o por quién tenía contratado, lo primero no es explicarle nada al votante, sino pedir que todo se arregle puertas adentro. Lejos de la prensa, lejos de la gente y lejos de los senadores que se animaron a decirlo en voz alta.
El caso que Casaretto eligió defender
Conviene recordar de qué se trata. Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos en la Operación Trazador, la causa contra una red de narcotráfico. Había sido contratado por el edil Gómez, de Por la Patria, el sector de Jorge Gandini. Gómez explicó en conferencia de prensa que le pagaba 52.000 pesos nominales y que nunca llegó a asignarle tareas. Cuando estalló el escándalo, el edil volvía de un seminario de formación política en China. Hoy está de licencia en la Junta Departamental, a la espera de la comisión de ética del partido.
Da Silva y Botana dijeron lo que diría cualquier uruguayo que se rompe el lomo por su sueldo: que cobrar sin trabajar es inaceptable. Javier García habló de la "extremada gravedad" del caso. Ninguno dijo nada que el directorio no estuviera pensando.
