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El que las hace, las paga: La Justicia dictó prisión preventiva a los terroristas que destrozaron la Plaza del Congreso

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Los detenidos por los disturbios ocurridos durante la votación de la Ley Bases en el Senado serán trasladados a Comodoro Py. Se ha solicitado la prisión preventiva para ellos. Las autoridades están revisando las filmaciones para identificar a otros posibles sospechosos involucrados en los incidentes.

La causa por los destrozos durante el debate de la Ley Bases en el Senado, ocurridos en las afueras del Congreso, ha comenzado a avanzar. Los 33 detenidos quedaron bajo la jurisdicción de la jueza federal María Servini, quien iniciará las indagatorias en las próximas horas. El fiscal Carlos Stornelli los acusó de graves delitos contra el orden público, sedición y acciones terroristas, solicitando sus prisiones preventivas.

Inicialmente, el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, había anunciado su intención de presentarse como querellante en el caso. Sin embargo, posteriormente decidieron retractarse de esta decisión. Según fuentes, "Dado el requerimiento de Stornelli, no hace falta convertirnos en querellante".

La causa involucra a más de 30 detenidos, con aproximadamente una veintena de personas bajo la jurisdicción de la justicia porteña desde ayer miércoles, y una decena bajo la justicia federal. Además, un par de detenidos por robos fueron puestos bajo la órbita de la justicia de instrucción ordinaria. Hoy, los otros fueros decidieron remitir sus casos a la jueza Servini, quien centralizará todo el expediente en Comodoro Py 2002.

Según la justicia porteña al remitir el expediente, "Esta es la respuesta más razonable tanto desde la perspectiva de la correcta administración de justicia, como de la preservación de los derechos y garantías de las personas que podrían resultar acusadas, ya que proceder de forma contraria, implicaría duplicar los procesos, y posibilitar el dictado de pronunciamientos contradictorios respecto de un mismo contexto fáctico, además de poder dilatar cuestiones que resultan de urgente tratamiento y resolución”.

En base a esto, el fiscal Stornelli ha determinado que el caso investiga acciones y conductas que en algunos casos podrían haber sido organizadas, dirigidas a incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer ideas por la fuerza o el temor, y generar un temor público que conduzca a tumultos o desórdenes. Además, se sospecha de un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vía democrática, con el objetivo de perturbar o impedir temporalmente el ejercicio libre de las facultades constitucionales de los representantes del Senado que estaban en sesión.

Estas acciones, según el fiscal, involucraron el ejercicio de violencia que se manifestó en diversos atentados contra la autoridad, agresiones al personal de seguridad, daños simples y agravados, incendios, estragos dolosos y en algunos casos, posesión y uso de material explosivo o incendiario.

Los delitos imputados incluyen una amplia gama de acusaciones graves según se informó, como lesiones, daños simples y agravados, incendio o estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, pertenencia a agrupaciones con objetivos coercitivos, atentado contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones legislativas, y acciones terroristas.

El Ministerio de Seguridad de la Nación reportó en un comunicado que como resultado de estos eventos, ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos. Además, se registraron daños significativos que incluyen un automóvil incendiado intencionalmente, la totalidad de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad destinadas al uso público y varios contenedores, entre otros objetos. Actualmente hay 33 personas detenidas, con la expectativa de más arrestos a medida que se identifiquen más involucrados.

El Ministerio Público también adelantó que buscará recuperar los costos del operativo, los cuales aún están siendo determinados y abarcarán tanto los gastos de la operación como los costos de tratamiento médico para los efectivos heridos y la reposición del material dañado. Según el Gobierno porteño, solo la reposición del mobiliario urbano afectado podría ascender a casi 100 millones de pesos.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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El Gobierno de Milei hará el desfile militar más grande de los últimos 40 años para celebrar el Día de la Independencia

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Luego de que los gobiernos kirchneristas hayan demonizado a las Fuerzas Armadas, más de 7.000 militares volverán a desfilar por las calles en el Día de la Independencia. El presidente Javier Milei estará presente y encabezará el acto.

Este martes 9 de julio, las Fuerzas Armadas argentinas regresarán a las calles en un mega desfile para conmemorar el 208 aniversario de la Independencia del país. El gran acto militar se llevará a cabo después del Tedeum en la Catedral Metropolitana.

El último desfile se realizó hace cinco años, en 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri. Durante el último gobierno de los kirchneristas, caracterizados por la demonización hacia los militares, no hubo ningún desfile. Por esta razón, el presidente Javier Milei volverá a traer este glorioso evento que tanto demandan la mayoría de los argentinos.

El Presidente de la Nación encabezará el evento junto al ministro de Defensa, Luis Petri, mientras que se espera la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según la información disponible, los militares recorrerán 4.800 metros por la Avenida del Libertador hasta la intersección con Olleros.

Para darnos una idea de la magnitud de este nuevo desfile, participarán aproximadamente 7400 uniformados, lo que representa más del doble de los que participaron durante el último desfile realizado por Macri en 2019. Además, en esta ocasión habrá más de 70 blindados y tanques de guerra, y 62 aeronaves sobrevolando.

Las principales unidades que participarán incluyen el Regimiento de Granaderos a Caballo, fundado por José de San Martín en 1812, el Regimiento de Infantería 1 Patricios, el Regimiento de Artillería 1, el Colegio Militar de la Nación y la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral.

Además, se unirán efectivos de fuerzas de seguridad, bandas de música, caballos, unidades de transporte pesado, tanques, aviones y cinco buques de la Armada, ubicados en dársenas del Puerto Nuevo como muestra de adhesión a la fecha patria.

Por razones presupuestarias, este año se canceló el desfile del 2 de julio que iban a protagonizar los veteranos de Malvinas. Sin embargo, el desfile del Día de la Independencia contará con la participación de excombatientes de asociaciones de todo el país.

La organización del desfile está a cargo del brigadier general Xavier Julián Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se estima que el desfile tendrá una duración aproximada de dos horas y media, comenzando a las 10:30 de la mañana.

En sus redes sociales, el ministro de Defensa, Luis Petri, publicó un mensaje convocando a la ciudadanía a participar de este increíble acto.

"¡Celebremos juntos la independencia!", tituló el ministro. "Este 9 de julio, el Presidente Javier Milei te invita a recuperar nuestras tradiciones y valores patrios junto a las Fuerzas Armadas. No te pierdas el regreso del desfile militar en Avenida Libertador y Agüero a las 10:30 hs. Vení con tu familia y tu bandera.", expresó en el mensaje.

A fines de febrero, los pedidos de informe fueron emitidos por la Secretaría del Ejército para avanzar en la planificación del desfile del 9 de julio. En una reunión esta semana, el brigadier general Xavier Julián Isaac solicitó detalles precisos sobre los efectivos totales, vehículos disponibles y otras necesidades logísticas a decenas de regimientos, guarniciones y comandos militares.

Isaac, junto a su secretario el coronel Héctor Ochoa, tiene grandes expectativas: planean que desfilen en su totalidad los Regimientos de Infantería Número 1, de Artillería, y de Granaderos a Caballo, incluyendo a sus soldados a pie, caballos y bandas militares de cada administración militar. También desean la participación del Regimiento de Asalto Aéreo.

Según estimaciones de la fuerza, cada regimiento completo implica entre 900 y 1.000 personas. Además, han solicitado elementos representativos como jefaturas, banderas de guerra y comitivas de guarniciones cercanas a Buenos Aires, como City Bell y Arana, así como de otras partes del país.

Además de los detalles mencionados, se requirió información sobre unidades de vehículos disponibles para integrar la columna vehicular, así como aeronaves de ala fija y rotativa disponibles bajo el mando de cada unidad.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Plan Bandera: Desde la intervención de las Fuerzas Federales en Rosario, el número de heridos de bala cayó un 82%

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Gracias al exitoso plan de seguridad lanzado por el Gobierno de Milei, mejoran los índices de seguridad y bajaron de 40 a solo 7 heridos de bala que recibe cada mes el principal hospital de la ciudad.

A meses de la llegada de las Fuerzas Federales a Rosario, las mejoras en los índices de seguridad se reflejan en la cantidad de heridos de bala que recibe cada mes el principal hospital de la ciudad, mostrando el masivo éxito que está teniendo el Plan Bandera de Javier Milei y Patricia Bullrich.

Se trata del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), que pasó de registrar 40 pacientes por mes a reportar solo 7 en la última estadística que se compiló para el mes de junio.

La ciudad santafesina, considerada la capital del narcotráfico en el país, alcanzó su máximo histórico de homicidios en 2022, en pleno gobierno kirchnerista. Aunque el año pasado se registró un leve descenso, la llegada de Maximiliano Pullaro a la gobernación trajo consigo estrictas medidas en las cárceles, pero que no fueron acompañadas con mayor seguridad por parte de su policía provincial.

Esto provocó una respuesta sangrienta de las bandas criminales, que asesinaron a taxistas, playeros y colectiveros inocentes a inicios de marzo. Por esta razón, el Gobierno de Milei decidió el desembarco de las fuerzas federales en la ciudad bajo el "Plan Bandera", reforzando a los uniformados que ya se encontraban en el terreno.

El éxito del Gobierno nacional fue rotundo. Hasta mayo, se registraron 52 asesinatos, lo que representa una disminución del 65% en relación con los primeros cinco meses del año anterior, en línea con los últimos números difundidos. Esta cifra está acompañada de un descenso en la cantidad de tiroteos, lo que, en consecuencia, redujo el número de pacientes heridos de bala que ingresan por mes al HECA.

Al respecto, la directora del hospital, Andrea Becherucci, precisó que “de tener en promedio, en el 2023, 40 pacientes por mes que entraban con herida de arma de fuego, de enero a esta parte viene con un descenso gradual que se sigue sosteniendo”. En esa línea, agregó que registraron “13 pacientes en el mes de mayo y 7 en el mes de junio”, según indicó en un diálogo con El Tres TV.

De igual forma, aclaró que “este número solamente representa el 0.8% de los pacientes que ingresan al hospital”, cuando en los años en los que más heridos de bala atendieron, la cifra representaba el 1.8%.

Además, planteó que es un número “considerable”. “Por supuesto que, con el descenso, se ven alivianados el trabajo en las líneas quirúrgicas, las camas en estadía y las camas en UTI. Los pacientes con heridas de fuego múltiples son pacientes que requieren múltiples intervenciones quirúrgicas, muchos días de internación en terapia intensiva y, bueno, con este descenso obviamente se van a ver disminuidas este tipo de pacientes”, explicó.

Días atrás, el presidente Javier Milei destacó los avances que se produjeron en materia de seguridad desde la llegada de las fuerzas federales. “El que las hace, las paga”, aseguró durante una entrevista con TN e indicó: “Si les haces menos rentable el delito, delinquen menos. Y en esto estamos nosotros, trabajando muy activamente y está funcionando, sino mirá el impacto que fue llegar a Rosario y dar asistencia. Cayó el delito en cerca de un 70%, mirá cómo funciona”.

En este punto, enfatizó que, para llevar adelante estas medidas, se necesitan “capacidad y voluntad política” y ratificó: “Nosotros estamos comprometidos en terminar con la inseguridad”.

En el departamento Rosario hubo 17 homicidios en enero, 7 en febrero, 11 en marzo, 9 en abril y 8 en mayo. Aún resta conocerse la cifra correspondiente a junio. Los números de los dos últimos meses de los que se tiene registro son tan bajos que son prácticamente comparables con los registros criminales que tuvieron lugar durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Según el Observatorio de Seguridad Pública, la mitad de las muertes registradas en toda la provincia se dieron en un contexto de economías ilegales u organizaciones criminales. Del número total, dos de cada tres hechos ocurrieron en la vía pública.

Otro dato ponderado en el análisis del comportamiento criminal es que también disminuyó el porcentaje de asesinatos por encargo, ya que actualmente representan un tercio del total. “Es un porcentaje más chico que los de 2021, 2022 y 2023”, destaca el informe.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Kicillof destruyó la Salud bonaerense: No entrega prótesis a niños y le debe $183 mil millones a los hospitales compartidos con Nación

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Más de 800 chicos bonaerenses se encuentran en espera de una prótesis para poder operarse y Kicillof no las entrega. Además, desde hace 4 años que no le paga a los hospitales de gestión compartida con el Gobierno Nacional, acumulando una deuda de 183 mil millones de pesos.

La situación en torno al Hospital Garrahan y su relación con Axel Kicillof, el gobernador kirchnerista de la Provincia de Buenos Aires, refleja una grave crisis en el sistema de salud pública bonaerense, especialmente en lo que respecta a la atención pediátrica y la provisión de recursos médicos esenciales.

Actualmente, más de 800 niños bonaerenses están en lista de espera para recibir prótesis que son necesarias para procedimientos quirúrgicos en el Hospital Garrahan. Estos pacientes, con diversos diagnósticos, enfrentan largas esperas que superan el año, lo cual es alarmante considerando la urgencia de sus condiciones médicas.

La falta de entrega de estas prótesis por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha generado una intervención necesaria por parte del Gobierno Nacional para asegurar que estos niños reciban el tratamiento adecuado. Esta intervención subraya una clara deficiencia en la gestión de recursos y la planificación de la atención médica por parte de la administración provincial.

El Hospital Garrahan, como centro de referencia nacional en pediatría, juega un papel crucial en el tratamiento de enfermedades complejas y la provisión de servicios especializados para niños de todo el país, incluidos aquellos que residen en la Provincia de Buenos Aires.

El anteriormente mencionado hospital opera bajo un esquema de gestión compartida entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de esto, aproximadamente el 45% de los pacientes que se atienden en este hospital provienen de la Provincia de Buenos Aires, lo que subraya la gran dependencia de los servicios especializados que ofrece este centro para los bonaerenses.

Sin embargo, a pesar de esta alta demanda y dependencia, el gobernador kirchnerista enfrenta dificultades para cumplir con su parte del financiamiento y la provisión de recursos, lo cual ha resultado en una deuda acumulada de 183 mil millones de pesos con los hospitales de gestión compartida en su territorio. Esta deuda se arrastra desde hace cuatro años, afectando gravemente la operación y la calidad de la atención en estos hospitales.

Es importante destacar que mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cumple con su compromiso financiero con el Garrahan, garantizando así la continuidad de los servicios médicos esenciales, la Provincia de Buenos Aires no ha logrado hacer lo mismo con los suyos. Esta disparidad en el cumplimiento de obligaciones financieras pone en riesgo la operatividad de los hospitales y, lo que es más grave, compromete la atención médica de los pacientes que dependen de estos servicios.

La falta de entrega de prótesis y otros recursos por parte del gobernador kirchnerista es solo un síntoma de los problemas más amplios presentes en el sistema de salud pública de la Provincia de Buenos Aires. La salud de los niños y adolescentes no puede esperar, y las autoridades provinciales tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que todos los recursos necesarios estén disponibles para asegurar el bienestar de los bonaerenses.

Kicillof no tiene plata para financiar la salud pública bonaerense, pero todos los meses destina millones de pesos en "pauta provincial" para financiar a medios de comunicación ideológicamente aliados con el único objetivo de ensuciar a la administración de Milei y, lógicamente, ocultar estos graves problemas que ocurren en su provincia.

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