Los cárteles no solo roban agua, también extorsionan a agricultores y distribuidores. En regiones como Sinaloa, "Los Chapitos" imponen cobros ilegales a quienes transportan agua, forzando a los productores a pagar cuotas para mantener el suministro. Esta práctica ha generado un mercado clandestino donde el precio del agua se dispara, afectando la economía local y la seguridad alimentaria.
Falta de acción gubernamental.
A pesar de las denuncias y evidencias, las autoridades han mostrado una respuesta limitada. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha identificado más de 5,000 tomas ilegales en el norte del país, casi el triple que hace cinco años. Sin embargo, las sanciones son escasas y la impunidad prevalece.
La ausencia de un plan efectivo por parte del gobierno de Morena ha permitido que el crimen organizado se fortalezca. La falta de vigilancia y la corrupción en los sistemas de distribución de agua han facilitado el control de los cárteles sobre este recurso esencial.
