En lugar de facilitar el acceso a la educación, el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” está asfixiando a las instituciones privadas con trabas burocráticas, corrupción y un entorno hostil. En los últimos dos meses, al menos 30 escuelas privadas en México han cerrado por una carga regulatoria excesiva impuesta por autoridades federales y locales.
Lejos de proteger a los estudiantes o garantizar una educación de calidad, la regulación se ha vuelto un obstáculo deliberado. Trámites interminables, duplicación de requisitos, inspecciones arbitrarias y corrupción componen el viacrucis que enfrentan directivos de centros educativos particulares. Muchos ya han decidido que no vale la pena continuar.
