Sin embargo, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que destaca el nulo reconocimiento al gobierno mexicano, enfatizando que esta acción se debía al liderazgo del presidente Trump y del trabajo de su fiscal general.
La fiscal general, Pam Bondi, encabezaría la petición del republicano.
Sin embargo, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que destaca el nulo reconocimiento al gobierno mexicano, enfatizando que esta acción se debía al liderazgo del presidente Trump y del trabajo de su fiscal general.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó investigar a políticos mexicanos que podrían estar involucrados en actividades relacionadas con el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.
Durante una entrevista, Trump señaló que no descartaría solicitar a la fiscal general, Pam Bondi, que indague a funcionarios que se benefician del trasiego de drogas y la trata de personas.
Con esta acción, se evidencia la poca confianza que la administración encabezada por el republicano aún mantiene con la de su homóloga mexicana, la presidente Sheinbaum.
Aunado a lo anterior, analistas advierten que la estrategia de Sheinbaum podría ser insuficiente para calmar las exigencias de Trump y del ala dura republicana. La posibilidad de sanciones comerciales o mayor presión diplomática sigue latente.
En los últimos meses, legisladores republicanos han insistido en que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo, sustancia que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos.
Las declaraciones de Trump y las medidas adoptadas por ambos países reflejan la creciente tensión y la complejidad en la colaboración bilateral para enfrentar el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.
Esta declaración se suma a las recientes acciones de la administración Trump para combatir el narcotráfico. Recientemente, el Pentágono advirtió sobre posibles acciones militares unilaterales contra los cárteles mexicanos si no se abordan eficazmente estos problemas.
En respuesta a la presión estadounidense, el gobierno mexicano trasladó a 29 líderes de cárteles a Estados Unidos, en un operativo que involucró a 3,500 policías y militares.
