La Fiscalía de Oaxaca investiga la participación de policías municipales en la desaparición de ocho jóvenes de Tlaxcala.
El gobernador de Oaxaca minimizó la situación, asegurando que "no hay pruebas contundentes", mientras la Fiscalía del estado continuó con la investigación.
Los familiares de los desaparecidos denunciaron negligencia de las autoridades, quienes se limitaron a abrir una investigación sin ejecutar operativos para encontrar a los jóvenes.
En Oaxaca, las desapariciones han aumentado en los últimos años, con múltiples casos en los que la policía ha sido señalada como cómplice.
Los pobladores temen que los desaparecidos nunca sean encontrados, como ha ocurrido en numerosos casos, donde las redes criminales operan con total impunidad.
A pesar de la indignación, las desapariciones en el estado siguen en aumento, sin que el gobierno tome medidas efectivas para frenar la violencia.
El papel de los policías municipales ha quedado en duda, alimentando el temor de que las fuerzas de seguridad trabajen para el crimen organizado en lugar de proteger a la población.
Los familiares de las víctimas exigieron respuestas inmediatas, pero en un país donde la impunidad es la norma, la esperanza de justicia se desvanece.
Mientras el gobierno sigue sin resolver estos crímenes, los ciudadanos viven con miedo, sabiendo que las autoridades encargadas de su protección pueden ser las mismas que los entregan a los criminales.
Ocho jóvenes originarios de Tlaxcala desaparecieron entre el 27 y el 28 de febrero en distintas playas de Oaxaca.
La única sobreviviente, Brenda Mariel Salas, fue localizada con vida en Puebla y denunció que policías municipales de Huatulco la secuestraron y la entregaron a un grupo criminal.
Los otros desaparecidos, Angie Lizeth Pérez, Raúl Emmanuel González, Noemí Yamileth López y Jacqueline Ailet Meza, siguen sin ser localizados.
La investigación se intensificó luego de que se encontró un vehículo con nueve cuerpos en la carretera Oaxaca-Puebla, aunque aún no se ha confirmado si corresponden a los jóvenes desaparecidos.
La desaparición de estos jóvenes se suma a los múltiples casos de secuestros en el estado, donde las víctimas suelen ser entregadas por autoridades corruptas a grupos delictivos.
La denuncia de Brenda Mariel desató sospechas sobre la complicidad de las fuerzas de seguridad locales con grupos criminales.
