El fiscal general, Gertz Manero, dio a conocer nueva información sobre el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán
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La Fiscalía General de la República (FGR) reveló este lunes nueva información sobre el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Según la fiscalía, el rancho operaba a manos del crimen organizado desde el año 2021, y no desde 2024 como inicialmente se pensaba.
La gravedad del hallazgo crece ante la evidencia de que las autoridades conocían desde hace tres años lo que sucedía en el lugar, pero optaron por el silencio y la omisión.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, detalló que existen testimonios y documentación proporcionada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). El fiscal señala que desde 2021 alertaron a las autoridades sobre las actividades criminales en la zona. Sin embargo, ninguna acción fue emprendida por parte de los funcionarios locales ni de las autoridades federales.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero
La omisión de autoridades locales y estatales expone una red de encubrimiento
“Tenemos pruebas desde 2021 en que la CEDHJ informó a las autoridades locales lo que estaba ocurriendo ahí y no hicieron nada”
afirmó Gertz Manero.
Esta declaración expone con crudeza la complicidad por omisión del aparato institucional bajo el gobierno estatal. Pero también de las autoridades federales que durante años permitieron la operación de un campo de entrenamiento criminal en plena comunidad jalisciense.
Fotografía del Rancho Izaguirre
También la FGR detalló que se encontraron fogatas, zanjas y una vasija con fragmentos óseos, pruebas contundentes de prácticas de incineración. Sin embargo, Gertz Manero ha seguido la narrativa del gobierno morenista de negar las cremaciones, a pesar de la evidencia.
“Para que pueda haber una cremación, se necesita llegar a 8 mil grados”
explicó el fiscal, minimizando lo evidente: en ese rancho hubo fuego, huesos y horror, aunque intenten suavizarlo.
Actualmente hay 14 personas procesadas, incluyendo tres ex policías municipales de Tala y José Gregorio "Lastra", señalado como reclutador del grupo delictivo. Gertz Manero aseguró que cualquier servidor público involucrado, sin importar el nivel, deberá ser llevado ante la justicia.
En el lugar se encontraron indicios de hornos crematorios clandestinos
El caso del Rancho Izaguirre no solo es una prueba del fracaso institucional. También demuestra el abandono de miles de familias por un régimen más preocupado por el discurso que por los resultados.
El fiscal prometió “acompañamiento” a los familiares, pero lo que urge es verdad, justicia y responsabilidad política, algo que el gobierno morenista ha evadido sistemáticamente.
