En la red social X (antes Twitter), la respuesta fue inmediata. Decenas de cuentas de diputados morenistas fueron inundadas de insultos, burlas y reclamos por parte de ciudadanos que consideran la ley un atentado contra la democracia. El intento de censurar solo logró amplificar las críticas.
La entrada en vigor de la ley generó una ola de indignación nacional que evidenció el hartazgo creciente de los mexicanos frente al gobierno.
Una ley disfrazada de protección
La reforma contempla castigos a quienes emitan "comentarios violentos" o expresiones que afecten la "integridad emocional" de los funcionarios públicos en plataformas digitales. Aunque se dice que busca prevenir el acoso digital, su ambigüedad legal abre la puerta a perseguir cualquier crítica política.












