El 1,3 % que no alcanza y la inversión que se retira: números que no mienten sobre el costo real de la carga fiscal
Los datos de BBVA Research para Uruguay son inequívocos. El Producto Interno Bruto crecerá apenas 1,3 % en 2026, tras un 1,8 % estimado para 2025, y apenas recuperará el 1,8 % en 2027. La inversión, medida como variación anual, pasará de un avance del 4,3 % en 2025 a una contracción del 4,6 % en 2026, para apenas repuntar 1,4 % al año siguiente. El resultado fiscal global se mantendrá en terreno profundamente negativo: –4,8 % del PIB en 2025, –4,7 % en 2026 y –4,6 % en 2027. Estos no son pronósticos aislados. Son la expresión cuantitativa de un equilibrio que privilegia el gasto presente a costa del capital futuro.
Comencemos por descomponer el crecimiento. Un PIB que avanza 1,3 % significa, en términos prácticos, que la producción de bienes y servicios del país apenas supera el ritmo de expansión de la población y el desgaste del capital existente. El potencial de crecimiento de largo plazo ya fue revisado a la baja hasta 2,1 %. Cuando la economía se expande por debajo de ese umbral durante años consecutivos, el ingreso per cápita real se estanca o retrocede en términos relativos. El consumo privado, que se proyecta en 1,5 % para 2026, sostiene la actividad de corto plazo, pero no genera la capacidad productiva que solo la inversión puede aportar. Las exportaciones ayudan, pero no compensan la ausencia de acumulación de capital físico y tecnológico.
La caída del 4,6 % en la inversión es el dato más revelador. La formación bruta de capital fijo representa hoy alrededor del 14 % del PIB, frente a un promedio latinoamericano cercano al 17 %, y muy lejos de los 19 % de Chile, 20 % de Paraguay o cifras superiores en economías que han logrado elevar su productividad. Una contracción de esa magnitud implica menos maquinaria, menos infraestructura privada, menos software, menos plantas de procesamiento. El capital no es un stock abstracto: es el conjunto de bienes que permiten producir más con el mismo esfuerzo humano. Cuando ese stock se reduce o crece a ritmo insuficiente, la productividad del trabajo se estanca. El desempleo se proyecta en 7,5 % a fines de 2026 y tiende a 7,9 % en 2027. El desempleo juvenil ronda el 24 %. Estos números no son casuales: reflejan la menor demanda de trabajo que genera una economía que no invierte.
¿Por qué la inversión se retrae en un país que presume de estabilidad macroeconómica? La respuesta está en los incentivos. La presión tributaria oficial se ubica en torno al 27,4 % del PIB según las mediciones más recientes de la OCDE para América Latina y el Caribe, claramente por encima del promedio regional de 21,3 %. Esa cifra, sin embargo, subestima de manera significativa la extracción real de recursos del sector privado. No incluye el sobrecosto de las tarifas de los servicios públicos monopolizados —electricidad de UTE, agua de OSE, combustibles—, ni las tasas municipales, los aportes parafiscales, los sellos, las tasas de inspección, los costos de cumplimiento regulatorio ni el resto de cargas que funcionan como impuestos de hecho. Cuando se suman todos estos elementos, la carga efectiva que soportan empresas y familias es sustancialmente más alta. Cada punto adicional reduce el retorno neto esperado de cualquier proyecto de inversión. Un inversor compara el rendimiento después de todos estos costos con el costo de oportunidad del capital. Cuando el Estado y sus empresas absorben una porción creciente del excedente, muchos proyectos que serían rentables en un entorno de menor carga dejan de serlo. El capital huye hacia jurisdicciones más competitivas o, simplemente, no se forma.
El déficit fiscal persistente agrava el problema. Un desequilibrio del 4,7 % del PIB significa que el Estado gasta sistemáticamente más de lo que recauda. La diferencia se financia con deuda. Al cierre de 2025 la deuda bruta del gobierno central se situó en torno al 60,5 % del PIB y la neta en 56,5 %, según cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. Otras mediciones más amplias elevan el stock total del sector público cerca del 66 % o incluso por encima. Cada punto de déficit suma al stock de deuda. Cada peso adicional de deuda genera intereses que deben pagarse con impuestos futuros o con nueva emisión. El servicio de esa deuda compite directamente con el gasto privado en inversión. Es el clásico efecto de desplazamiento: el Estado absorbe ahorro que de otro modo habría financiado maquinaria, investigación o expansión de capacidad productiva.
Aquí aparece la distinción fundamental entre lo visible y lo invisible. Lo visible es el empleo público, las transferencias, las obras financiadas con déficit. Lo invisible es la planta que no se construye, el software que no se desarrolla, el emprendedor que decide no arriesgar capital porque el retorno neto, después de la carga tributaria formal, de las tarifas públicas y de la incertidumbre regulatoria, no compensa el riesgo. El capital no se multiplica por decreto. Se acumula cuando los agentes perciben que podrán conservar una porción suficiente del fruto de su esfuerzo. Cuando esa percepción se erosiona, la inversión cae. Los números de 2026 simplemente cuantifican esa erosión.
La rigidez del gasto público profundiza la trampa. Con un déficit estructural cercano al 4 % del PIB como meta oficial y un resultado efectivo aún más negativo, la consolidación depende casi exclusivamente de contener el gasto. Pero el gasto tiene componentes inflexibles: salarios, jubilaciones, intereses de la deuda. En ausencia de un recorte genuino o de un crecimiento vigoroso que eleve la base tributaria, la única vía residual es la carga impositiva adicional —formal o a través de tarifas— o la postergación del ajuste mediante más endeudamiento. Ambas opciones elevan el “costo país”. Los costos laborales unitarios en dólares, las regulaciones complejas y los procesos administrativos lentos se suman a la presión tributaria y a las tarifas, completando el cuadro de desincentivos.
La comparación internacional confirma el diagnóstico. Mientras Uruguay invierte el 14 % de su producto, economías que han logrado tasas de crecimiento sostenidas dedican proporciones significativamente mayores. El capital no es un lujo: es el multiplicador de la productividad. Sin él, incluso una fuerza laboral educada produce menos valor por hora trabajada. La inflación controlada en torno al 4,5 % y el acceso a financiamiento internacional son logros reales, pero insuficientes cuando la tasa de acumulación de capital permanece deprimida. La estabilidad de precios evita la destrucción monetaria del capital, pero no genera por sí sola la formación de nuevo capital.
El acuerdo Mercosur-Unión Europea y los proyectos de hidrógeno verde aparecen como posibles catalizadores. Sin embargo, su impacto depende de que el entorno general de incentivos no los anule. Un proyecto de gran escala puede elevar temporalmente la inversión, pero si la carga fiscal formal, las tarifas de servicios públicos y el resto de costos regulatorios permanecen elevados, el resto del tejido productivo seguirá operando con tasas de acumulación insuficientes. El crecimiento potencial no se eleva con un puñado de megaproyectos aislados; se eleva cuando miles de decisiones descentralizadas de inversión se vuelven rentables de manera generalizada.
Los números de BBVA Research no son un veredicto moral. Son la medición empírica de un mecanismo sencillo: cuando el Estado absorbe una proporción creciente del producto mediante impuestos, tarifas y deuda, el sector privado dispone de menos recursos para ampliar la capacidad productiva. El resultado es un crecimiento mediocre, una inversión que se contrae y un desempleo que no cede. El 1,3 % de 2026 y el –4,6 % de inversión no son anomalías estadísticas. Son la consecuencia previsible de un régimen que privilegia el consumo presente del Estado sobre la formación de capital que sostiene el consumo futuro de toda la sociedad. Mientras esa estructura de incentivos no se modifique, los pronósticos seguirán describiendo una economía que camina, pero no acelera.
