El INE confirmó que la desocupación llegó a 7,2% en agosto, con menos ocupados que hace un año y una economía que se contrajo en el segundo trimestre. La sequía explica una parte. La otra, la que el gobierno prefiere no mirar, tiene que ver con un Uruguay caro, rígido y con un Estado que, frente a cada problema, vuelve a pedir más.
Hay cifras que se leen rápido y cifras que conviene leer despacio. El 7,2% de desempleo que publicó el Instituto Nacional de Estadística el 24 de setiembre pertenece a la segunda categoría. A primera vista son apenas dos décimas más que en julio. Leído con atención, confirma algo que el uruguayo de a pie viene notando hace meses en su barrio, en su empresa o en la mesa de su casa: el trabajo cuesta más conseguirlo y cuesta más conservarlo.
La reacción oficial ya es conocida. Se habla de la sequía, del contexto internacional, de la volatilidad de un indicador mensual. Todo eso tiene algo de cierto. Pero la pregunta que este número obliga a hacer no es por qué subió dos décimas en agosto. Es por qué Uruguay lleva una década sin poder crear empleo al ritmo que su gente necesita.
La respuesta corta es incómoda: porque el país eligió, una y otra vez, no elegir. No elegir entre un Estado más grande y un sector privado que contrate. No elegir entre la protección del que ya tiene empleo y la oportunidad del que todavía no lo tiene. Y cuando no se elige, la realidad elige por uno.
Lo que dicen los números
En agosto, la tasa de actividad fue de 64,1%, la de empleo de 59,5% y la de desempleo de 7,2%, frente a 64,1%, 59,6% y 7,0% en julio. Montevideo registró 7,3% de desempleo y el interior 7,1%.
Lo importante no está en la variación mensual, sino en la comparación con hace un año. La actividad quedó 0,3 puntos por debajo de agosto de 2025. Según cálculos del economista Aldo Lema sobre datos del INE, hay unas 2.500 personas ocupadas menos que un año atrás, y lo que evitó un salto mayor del desempleo fue que menos gente salió a buscar trabajo.
Esto merece subrayarse. El 7,2% no es más alto porque hay uruguayos que dejaron de buscar. Un desempleo "contenido" por gente que se retira del mercado no es una buena noticia: es una mala noticia que todavía no terminó de aparecer en la estadística. La tendencia se ve en los trimestres móviles: la actividad bajó de 64,3% en marzo-mayo a 64% en junio-agosto, mientras el empleo quedó clavado en torno a 59,5%.
Debajo del promedio, el cuadro es más duro. Entre los jóvenes de 14 a 24 años que buscan trabajo, el desempleo llegó a 23,4%: casi uno de cada cuatro. En la franja de 25 a 29 años fue de 8,2%. Las mujeres registraron 8,8%, frente a 5,7% de los hombres. Y el 9,1% de los ocupados está subempleado: trabaja menos horas de las que quiere y puede.
Por honestidad intelectual, corresponde registrar también el dato bueno: la informalidad bajó a 20,8%, 1,3 puntos menos que un año antes. No todo empeora. Pero uno de cada cinco trabajadores sigue fuera del sistema, y eso también dice algo sobre lo que cuesta ser formal en Uruguay.
La sequía no explica una década
El gobierno tiene un argumento atendible. En el segundo trimestre el PIB cayó 0,8% frente al trimestre anterior y 0,5% en términos interanuales. El agro, la pesca y la minería se desplomaron 22,2%, restándole 1,7 puntos al producto. En agosto, las exportaciones de soja cayeron 70% frente al mismo mes de 2025. Nadie serio niega el golpe climático.
Pero una sequía dura una zafra. Un país caro dura décadas. El propio Fondo Monetario Internacional, que en su última misión fue más bien elogioso con el orden macroeconómico, dejó un dato que debería quitarle el sueño a cualquier gobierno: desde 2016, Uruguay creció en promedio apenas 1,2% por año, un ritmo insuficiente para acercarse a los países desarrollados. Eso no lo explica ninguna sequía.
Las proyecciones van en la misma dirección. Los analistas consultados por el Banco Central esperan un crecimiento de 1% para 2026, por debajo del 1,2% que estimaban un mes antes. El FMI proyecta 1,3%. El Ministerio de Economía sostiene 1,6%. Como suele ocurrir, la cifra oficial es la más optimista.
Y un detalle de las cuentas nacionales retrata el problema mejor que cualquier discurso: mientras la economía se contraía, el consumo del gobierno creció 1,5%. El sector privado se achica; el Estado, no.
Lo que se ve y lo que no se ve
Hace casi dos siglos, un economista francés enseñó que el buen analista no se queda con lo que se ve, sino que busca lo que no se ve. En el mercado laboral uruguayo, lo que se ve son los aumentos de salario real negociados en cada ronda, celebrados como conquistas. El FMI lo reconoce: el consumo se sostuvo gracias a mejores salarios reales, inflación a la baja y un peso apreciado.
Lo que no se ve es el puesto que nunca se creó. El joven que no fue contratado porque su productividad, todavía baja por falta de experiencia, no alcanza a cubrir el costo total de emplearlo. La pyme del interior que no sumó gente porque el laudo se fijó pensando en empresas de otra escala. Ese 23,4% de desempleo juvenil no es una fatalidad estadística. Es la consecuencia previsible de fijar el precio del trabajo por encima de lo que vale para quien recién empieza.
Los empresarios lo dicen sin rodeos. En la encuesta de KPMG a empresas medianas y grandes publicada en enero, el 49% señaló la competitividad como la principal debilidad de la economía, y los factores más mencionados fueron los costos salariales, el atraso cambiario y la presión fiscal. No es ideología: es la experiencia de quien firma la planilla de sueldos a fin de mes.
El salario no es un número que se decreta en una mesa tripartita. Es un precio, y como todo precio, transmite información. Cuando se lo fuerza por encima de la productividad, el mensaje que llega a quien podría contratar es simple: no lo haga. El sistema de negociación centralizada protege bien a quien ya está adentro. A quien está afuera no lo representa nadie, porque los desempleados no tienen sindicato ni silla en los Consejos de Salarios.
Un Estado que no afloja
El otro factor invisible es el peso del Estado sobre la espalda de quien produce. El déficit del Gobierno Central y el BPS fue de 3,7% del PIB en 2025, o 4,1% si se descuentan ingresos extraordinarios. Para 2026, el FMI proyecta otra vez 4,1%.
Las advertencias no vienen solo de la oposición. El Consejo Fiscal Autónomo constató que en 2025 se cumplieron las metas de resultado estructural y endeudamiento, pero no el límite de gasto. Advirtió que no hay espacio para gastar más y que cualquier aumento debe compensarse con un recorte equivalente en otra área. En setiembre, ante el Senado, volvió a recomendar ajustar el gasto y alertó que contener la ejecución tiene un límite y puede generar fatiga fiscal.
¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Recaudar más. El presupuesto quinquenal incorporó el IVA a las compras en el exterior, el Impuesto Mínimo Global a las multinacionales y el IRPF sobre las ganancias de activos financieros en el exterior. En la Rendición de Cuentas, un aumento de gasto de US$ 31 millones, que se suma a US$ 50 millones ya votados, se financiará con IMESI a autos eléctricos de cierto valor y con lo que rindan esos impuestos aprobados en 2025.
Cada peso que el Estado retira de la economía privada es un peso que no se invierte, no se presta y no se convierte en salario. Lo que se ve es el programa financiado; lo que no se ve es la empresa que no se abrió. Hasta el FMI, que no es precisamente un club liberal, sugirió moderar el gasto en salarios públicos, revisar los incentivos fiscales, gastar con más eficiencia y reformar las empresas públicas para bajar los costos de producción.
Bien, pero tarde y corto
Sería injusto no reconocer que el gobierno tomó nota de algo. La ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, de unos 240 artículos, introduce el silencio positivo en trámites, habilita importadores múltiples para una misma marca y apunta a recortar costos de gestión. El Senado la aprobó por unanimidad, 31 en 31, y desde el 9 de setiembre se discute en la Comisión de Hacienda de Diputados. Es un paso en la dirección correcta, y la oposición hizo bien en acompañarlo.
Pero hay una confesión en la propia presentación. El ministro Oddone la definió como la primera reforma de este tipo desde 1995. Treinta años sin revisar cómo el Estado le complica la vida a quien produce no es un detalle: es un diagnóstico. Y aun así, la ley no toca ninguno de los tres factores que las empresas señalan primero: el costo laboral, el encarecimiento del país en dólares y la presión fiscal.
El famoso atraso cambiario merece una lectura más profunda. Un dirigente rural lo graficó con números concretos: lo que en enero de 2025 se cubría cambiando 10.000 dólares, un año después requería cerca de 12.000. El reflejo de muchos es pedirle al Banco Central que suba el dólar. Pero devaluar es apenas una forma elegante de bajar salarios reales sin decirlo. El problema de fondo no es que el dólar esté barato, sino que Uruguay está caro: tarifas de empresas públicas monopólicas, combustibles con un único refinador estatal, cargas sobre el trabajo, trámites, puertos. Eso se corrige achicando costos internos, no imprimiendo pesos.
Qué haría un gobierno que quiera empleo
No hacen falta recetas exóticas. Hace falta la voluntad de elegir.
Lo primero es bajar el gasto antes que subir impuestos. El Consejo Fiscal y el FMI ya señalaron dónde mirar, y cada punto de gasto improductivo que se libera es oxígeno para quien contrata. Lo segundo es animarse a descentralizar la negociación salarial, para que una pyme de Tacuarembó no tenga que pagar lo mismo que una multinacional de Montevideo y pueda acordar condiciones propias cuando el laudo del sector la deja fuera del mercado.
Después está el primer empleo. Si los jóvenes sin experiencia son los primeros en quedar afuera, lo razonable es abaratar las cargas no salariales que pesan sobre su contratación, en lugar de seguir diseñando programas estatales que llegan a pocos y tarde. Y está, sobre todo, el costo de producir: mientras la energía, los combustibles y la logística sigan en manos de monopolios públicos, Uruguay seguirá siendo caro por decisión propia. Abrir esos mercados a la competencia haría más por el empleo que cualquier subsidio.
Por último, un país chico solo crece si vende al mundo. Más comercio y menos dependencia de las restricciones del Mercosur significan más mercados para las empresas uruguayas y, por lo tanto, más puestos de trabajo de calidad.
Ninguna de estas medidas es gratis políticamente. Todas tocan intereses organizados. Precisamente por eso no se hacen.
La libertad de trabajar
Detrás del 7,2% hay personas. El joven de 20 años que manda currículums y no recibe respuesta. La madre que busca un empleo de más horas y no lo encuentra. El trabajador que dejó de buscar porque se cansó. Ellos no marchan, no firman convenios y no tienen voz en ninguna mesa tripartita.
Un país liberal no es el que abandona a esas personas. Es el que entiende que la mejor política social es un empleo, y que el empleo no lo crea el Estado por decreto: lo crea alguien que se anima a invertir, a arriesgar y a contratar, cuando las reglas se lo permiten. La libertad de trabajar es también la libertad de ofrecer trabajo en condiciones que hoy la ley no admite.
Uruguay tiene instituciones sólidas, estabilidad y reputación. Eso no es poco. Pero la estabilidad no alcanza si el país no crece, y no crece si sigue eligiendo, cada vez, proteger al Estado antes que al que busca trabajo. El dato de agosto es una advertencia. Lo que se haga con ella dirá si aprendimos algo.
