Uruguay destruye empleo y el gobierno lo tapa: 2.500 puestos menos

No es casualidad ni mala suerte. Es el resultado previsible de un modelo que confunde repartir con producir.

El trabajo tiene precio, aunque al Estado no le guste

Hay una verdad económica elemental que en Uruguay se considera casi una herejía: el trabajo es un bien que se intercambia, y como todo bien, tiene un precio. Cuando ese precio no lo fija el acuerdo entre quien emplea y quien trabaja, sino una mesa tripartita donde se sientan el gobierno, el sindicato y un empresario que representa a los grandes, el resultado es siempre el mismo. Quien no produce lo suficiente para pagar lo que el Estado decretó que vale su hora, no es contratado. Punto.

¿Quiénes son esos? Los de siempre. Los jóvenes, que no tienen experiencia para ofrecer. Entre los que tienen de 14 a 24 años, el desempleo supera el 23%. Casi uno de cada cuatro. Las mujeres, con 8,8%. Los menos calificados del interior. Es decir, exactamente las personas que la izquierda dice defender, y que son las primeras en quedar afuera cada vez que se "protege" el salario por decreto.

La intervención no elimina la ley de la oferta y la demanda. Solo decide quién paga el costo. Y siempre lo paga el más débil.

Uno de cada cinco, afuera del sistema

El dato más revelador del informe pasó casi inadvertido: el 20,8% de los que trabajan no está registrado en la seguridad social. Uno de cada cinco trabajadores uruguayos vive en la informalidad.

La lectura progresista es predecible: "hay que fiscalizar más". Es decir, más inspectores, más multas, más Estado persiguiendo al almacenero y al changarín. Pero la pregunta correcta es otra. ¿Por qué un uruguayo prefiere trabajar sin aportes, sin cobertura, sin jubilación futura? Porque la formalidad es un lujo. Porque entre aportes patronales, aportes personales, impuestos, tasas y la maraña burocrática, contratar a alguien en blanco en Uruguay es un acto de fe. La informalidad no es un vicio moral de los uruguayos. Es la respuesta racional de gente normal a un Estado que cobra como Suecia y devuelve como cualquier país del barrio.

El Estado no somos todos

Nos repiten desde la escuela que "el Estado somos todos". Es la frase más cara de la historia del país. El Estado no genera un solo peso que antes no le haya sacado a alguien que trabaja. Cada funcionario innecesario, cada empresa pública deficitaria, cada programa que existe para justificar su propio presupuesto, se financia con el sudor del sector privado. Del mismo sector privado que ahora, agotado, dejó de contratar.

Uruguay tiene una clase política que vive de administrar lo ajeno y un aparato estatal que funciona como un socio que nunca pone capital pero siempre cobra dividendos. Y cuando el socio se come la ganancia, el empresario no invierte, el comercio no se expande y el joven de Rivera o de Cerro Norte no consigue su primer trabajo. Después nos sorprendemos de que se vayan a Madrid.

Lo que viene

El gobierno tiene dos caminos. El primero es el de siempre: anunciar un plan de empleo, crear una comisión, sumar funcionarios para "combatir la informalidad" y culpar al contexto internacional. El segundo es el que ningún gobierno del Frente Amplio ha estado dispuesto a recorrer: bajar el costo de contratar, liberar la negociación salarial, achicar el gasto y dejar que los uruguayos trabajen sin pedir permiso.

Los números de agosto no son una catástrofe. Son algo peor: son una advertencia. El empleo dejó de crecer y la única razón por la que el desempleo no explota es que la gente se está rindiendo.

Un país donde trabajar se vuelve más difícil que no trabajar no tiene un problema de coyuntura. Tiene un problema de modelo.