La lección que no vemos: industria nacional y pobreza estructural

De los U$S 1000 millones indicados inicialmente por el gobierno —que firmó por nosotros el contrato—, una de las últimas estimaciones (que siempre es mayor) eleva la cifra a US$ 4868 millones.

CPA Ferrere y otros estiman que UPM generará US$ 4173 millones en 30 años, entre cánones, impuestos y otros ingresos. Pero en general, esa cifra suele ser menor al final. Una vez más, negocios ruinosos para la población.

Y eso sin considerar las pérdidas de bienestar y los altos costos difíciles de cuantificar ocasionados durante los casi cinco años que duró la construcción del nuevo sistema ferroviario.

Industria forzada

El vocero presidencial argentino anunció la semana pasada la reducción progresiva a cero de los impuestos a la importación de celulares, junto con otros gravámenes internos a su producción.

Esa "industria nacional", en este caso, es un ejemplo de cómo, bajo protección estatal, se cierra la competencia y se otorgan privilegios exclusivos que desvían recursos de la población hacia sectores con intereses económicos particulares.

Cuando la economía responde a estas malas asignaciones aumentando el desempleo y la pobreza, lo correcto es liberar los recursos. Pero aquí se insiste en seguir asignándolos con privilegios. Así, quienes se proclaman nuestros “humildes servidores” solo perpetúan la pobreza.

La salvación de la Industria X

Hazlitt, en el capítulo XIII de su libro La economía en una lección, explica la falacia de salvar o mantener empresas no rentables mediante privilegios otorgados por el Estado, bajo el pretexto de conservar fuentes de empleo que de otro modo no podrían existir.

Falacia, según el diccionario, es un argumento que parece lógico o verdadero, pero que en realidad oculta un engaño. Como este: que el Estado puede crear empleo sin consecuencias negativas.

El libro se inspira en un legado del siglo XVIII, del economista y escritor francés Frédéric Bastiat: la “falacia de lo que no se ve”. Esa es precisamente la diferencia entre un buen economista, como demuestra ser el presidente argentino, y un mal economista, como lo son quienes lo critican sin acierto alguno.

Aquello que hoy se ve: los 7.000 puestos de trabajo que algunos estiman se perderán en la industria del ensamblado nacional de celulares, o los empleos que se crean con la nueva planta de UPM aquí.

Lo que muchos no ven es el aumento del bienestar de todos aquellos que ya no serán obligados a pagar sobreprecios, disponiendo así de más recursos para adquirir otros bienes y satisfacer un mayor número de necesidades.

Todos los nuevos empleos que se crearán a partir de la liberación de ese dinero —ya sea gastado o ahorrado— dinamizarán otros sectores de la economía.

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En el caso de UPM, no se ven los puestos de trabajo que, debido a privilegios exclusivos para unos pocos, nunca llegarán a existir.

La teoría económica indica que, si bien se necesitará tiempo para que los trabajadores consigan un nuevo empleo, lo que sorprende es la rapidez con la que, en el pasado, muchas personas se han reinsertado en el mercado laboral.

La lección expuesta con mayor claridad

Cuando la economía se sincera, los puestos de trabajo, al igual que otros recursos escasos —naturales, capital o esfuerzo emprendedor—, deben quedar disponibles para ser utilizados en su mejor uso: allí donde la sociedad realmente los necesite.

Esto no ocurre cuando están artificialmente asignados por regulaciones que impiden el desarrollo armonioso de la población.

Esa orientación solo es posible si las señales del mercado —el mecanismo de los precios— no son distorsionadas por el sistema gubernamental.

El temor al desempleo suele surgir porque se enjuicia solo una parte del proceso. Sin embargo, los puestos son rápidamente reasignados hacia áreas donde la sociedad los demanda (no donde los políticos lo dictan).

Hazlitt, al final del capítulo, va al fondo del problema: cada puesto creado por el Estado es un puesto quitado de otro lugar donde la población lo necesitaba, una reasignación errónea de recursos.

Reflexión final

Quiero ser cuidadoso, porque quizás entre los lectores haya personas o conocidos que han sufrido la pérdida de un empleo en una empresa que dejó de producir para comenzar a importar. Si bien es doloroso, hay que considerar lo que no se ve.

Los gobiernos suelen proteger empresas de sectores con alto interés político, mientras que otras deben batallar con sobre costos debido a una maraña de impuestos, regulaciones y servicios públicos caros.

Nuevamente, se enjuicia solo una parte del proceso, pero las empresas que cumplen el rol fundamental de mejorar nuestra calidad de vida —cuando pueden perseguir libremente su objetivo de maximizar ganancias— deben ser vistas en su verdadera dimensión.

Es también algo que no siempre se ve: la dimensión humana de la economía bien entendida, donde las empresas, si se las deja competir libremente, cumplen su rol en el desarrollo armonioso de la sociedad.

En días de menor libertad económica en Uruguay, la Argentina, de la mano del primer presidente libertario, continúa su camino hacia la liberación total de su población, esta vez respecto del lastre que representa la llamada industria nacional.

Estructuras con origen en el antiguo modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), típico de economías cerradas y promovido como respuesta a la crisis global de los años treinta, han resultado en sistemas ineficientes y antinaturales que, lejos de generar riqueza, consolidan la pobreza estructural.

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Tal como expuse en el artículo “Mercantilismo uruguayo y proteccionismo global”, este enfoque sigue vigente en las ideas socialistas de nuestros políticos, quienes promueven intervenciones y privilegios corporativos.

Ideas como las que antaño lograron plasmar en el artículo 50 de la Constitución de la República: “El Estado orientará... protegiendo las actividades productivas cuyo destino... reemplacen bienes de importación...”

Nuestras “velas” prendidas al socialismo

En Uruguay, los anteriores gobiernos del Frente Amplio nos encendieron las velas más caras de la historia, prendidas al socialismo y ponderadas, en otro momento, por quien recién partió: Funsa, Olmos, Envidrio, Pluna, Alas U, la regasificadora, Antel Arena, entre otros.

A estos ejemplos se suman las deudas impagas de Venezuela a Conaprole y los negocios con ANCAP durante esas mismas administraciones. El caso más grotesco es, sin duda, el de UPM II, que empobrecerá a la población hasta “la tercera y cuarta generación...”

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