El martes 11 de agosto el PIT-CNT bajará a la calle con un paro parcial de 9 a 13 horas. Movilización desde la Universidad hasta el Legislativo. La plataforma es la de siempre: más plata para educación, más plata contra la pobreza infantil, un puntito extra de impuesto al 1 % más rico y, en el centro del reclamo, el enojo porque el gobierno no les dio el gusto con las AFAP. Quieren limitar el rol comercial de las administradoras, centralizar la afiliación en un organismo público y reducir lo que llaman “lucro”. El gobierno dijo que no. Y bien que hizo.
Los números no admiten maquillaje. Al 31 de marzo de 2026 los fondos de las AFAP sumaban 1.085.066 millones de pesos: 27.030 millones de dólares. Fondo promedio por afiliado: 622.762 pesos. República AFAP se lleva el 54,9 % del total y cerca de 650.000 cuentas. Ese dinero no es un pozo colectivo ni un “ahorro del pueblo”. Son cuentas individuales. Cada peso es de un trabajador concreto que aportó mes a mes con la promesa legal de que ese capital le pertenecía. Las comisiones se descuentan de su cuenta. La rentabilidad se acredita a su cuenta. El Estado ya regula, supervisa y limita (solo 15 % puede ir al exterior). Pero a la central eso no le alcanza.
Lo que el PIT-CNT exige, con el lenguaje de siempre, es meter la mano más profundo. Menos vínculo comercial, más “orientación pública”, más control político sobre la distribución de afiliados. El argumento de vidriera es generoso: menos comisiones, más justicia, mejor jubilación. El argumento real es otro: transformar el ahorro privado en variable de ajuste del gasto público. Porque cuando se debilita la titularidad individual, el horizonte se acorta y la presión inmediata por más beneficios o más destinos “sociales” gana la partida. El capital deja de ser previsión de largo plazo y se convierte en caja disponible.
Esta es la misma lógica que ya tiene al país con un déficit fiscal del 4,7 % del PIB, una presión tributaria oficial del 27,4 % que se infla aún más con tarifas de monopolios públicos, tasas y costos regulatorios, y una inversión privada que se contrae 4,6 % en 2026. En ese escenario, discutir “centralizar” o “reorientar” 27.000 millones de dólares de ahorro previsional no es una mejora técnica. Es una señal de que la propiedad privada sobre el capital es negociable. Y el capital, a diferencia de la central, no hace paros: se retrae, se va o directamente no aparece.
El sindicalismo uruguayo lleva décadas perfeccionando el arte de exigir más Estado mientras el Estado ya se come una porción creciente del producto. Ahora quieren tocar el único pilar que todavía preserva alguna lógica de capitalización individual. El BPS sigue en rojo crónico. La inversión está en mínimos relativos (14 % del PIB). El crecimiento se arrastra al 1,3 %. Y la respuesta es presionar para que los ahorros de los trabajadores se administren con más criterio político y menos criterio de rentabilidad. Brillante.
La sobretasa del 1 % al patrimonio del 1 % más rico para “combatir la pobreza infantil” completa el cuadro. Lo visible es la causa noble. Lo invisible es el desincentivo adicional en una economía que ya no atrae capital suficiente. El capital no se genera en asambleas. Se genera cuando alguien decide arriesgar, postergar consumo y conservar el fruto. Cada vez que se amenaza con redistribuir o redirigir ese fruto por presión de calle, se destruye el incentivo. El resultado no es más seguridad social. Es menos ahorro, menos inversión y, a la larga, jubilaciones más flacas en términos reales.
Pretender que el ahorro individual es un recurso disponible para la agenda de la central no resiste ni 5 minutos de análisis serio. Esos 27.030 millones de dólares no son “dinero del pueblo” en abstracto. Son el trabajo acumulado de cientos de miles de personas. Convertirlos en variable política no fortalece la previsión. La liquida. Y lo hace con el mismo cinismo de siempre: prometiendo más para todos mientras se erosiona la única base real de la acumulación. Los números ya están. El resto es consecuencia.
