La Fiscalía lo acusa de instigación pública a delinquir y terrorismo por su participación en las protestas y sus declaraciones contra las autoridades. El exdictador Evo Morales también figura en la investigación.
El Gobierno de Rodrigo Paz respondió al ultimátum del exdictador, que exige derogar las medidas que eliminaron el subsidio al diésel y modificaron el régimen de las empresas públicas. Morales anunció movilizaciones nacionales a partir del 13 de octubre si sus demandas no son atendidas.
Las seis federaciones del Trópico de Cochabamba instalaron vigilias para proteger al expresidente y advirtieron que no garantizarán la seguridad de policías y militares que ingresen a la región para detenerlo.
La Justicia boliviana emitió una segunda orden de captura contra el exdictador. A la investigación por presunta trata agravada de personas se suma ahora una causa vinculada a terrorismo, alzamiento armado y otros delitos relacionados con los bloqueos que paralizaron Bolivia durante mayo y junio.
Lo acusa por los bloqueos que dejaron 16 muertos y pérdidas superiores a USD 3.000 millones.
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Un juez anticorrupción desestimó la solicitud presentada por la defensa del exdictador en la causa por presunta corrupción vinculada al Fondo Indígena. La decisión mantiene vigente la prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.
El Gobierno lo vincula con las protestas que interrumpieron el tránsito durante más de siete semanas y provocaron graves pérdidas económicas, desabastecimiento y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El presidente afirmó que los bloqueos de carreteras respondieron a intereses políticos y destacó que el estado de excepción permitió restablecer el orden tras más de siete semanas de conflicto.
El encargado de negocios de la Embajada estadounidense sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse mediante el diálogo y el respeto a la Constitución, tras semanas de protestas y bloqueos en el país.
La Fiscalía informó que las causas penales continúan abiertas tras casi 50 días de protestas y cortes de rutas que provocaron graves pérdidas económicas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El presidente boliviano afirmó que el exdictador deberá responder ante la Justicia por las causas que enfrenta y sostuvo que su captura será inevitable.
Wilma Alanoca fue interceptada por la Policía en La Paz y trasladada para ser investigada por su presunta participación en las protestas y bloqueos que mantuvieron paralizado al país durante semanas.
El presidente de Bolivia aseguró que recuperará el control del Chapare, la región cocalera donde Evo Morales permanece refugiado para evitar una orden de captura.
Washington respaldó al gobierno de Rodrigo Paz tras el levantamiento de los cortes de ruta y sostuvo que las protestas afectaron derechos fundamentales de millones de ciudadanos.
Tras más de 50 días de crisis, cortes de rutas y protestas que buscaban forzar su salida, el presidente boliviano aseguró que el país comienza a recuperar la normalidad.
El ex presidente advirtió que sus seguidores podrían asumir el control de una instalación energética en el Chapare si se repiten los apagones en su bastión.
La Asamblea Legislativa aprobó por amplia mayoría el decreto de emergencia impulsado por el presidente boliviano.
Las autoridades aseguraron que actuarán en el momento que consideren oportuno y reiteraron que el exdictador no está por encima de la ley.
La medida apunta a recuperar el libre tránsito tras más de 50 días de bloqueos y desabastecimiento.
El Tribunal Supremo Electoral defendió la legitimidad de las autoridades elegidas en las urnas y sostuvo que cualquier cambio de gobierno debe realizarse mediante los mecanismos establecidos por la Constitución.
El presidente boliviano afirmó que las fuerzas de seguridad lograron restablecer la circulación en distintos puntos del país, mientras algunos sectores afines a Evo Morales mantienen medidas de presión.
Diversos sectores sociales propusieron una agenda de negociación con el gobierno de Rodrigo Paz para poner fin a los bloqueos y recuperar la normalidad. La iniciativa surge en medio de crecientes señales de agotamiento frente al conflicto que afecta al país desde hace semanas.
La embajada norteamericana advirtió que los involucrados en actos de violencia durante las movilizaciones podrían perder el derecho a ingresar a Estados Unidos.
