Suiza le da una cachetada al cashless: Uruguay casi se condena con la misma locura

La gente resistió. El sentido común chocó contra la coerción estatal. En 2020, la Ley de Urgente Consideración (19.889) derogó lo más aberrante: eliminó la obligación de medios no efectivos y recuperó la libertad de ofrecer descuentos por cash. Otras normas ajustaron el dinero electrónico, pero la lección quedó grabada a fuego: la imposición top-down no solo falla, sino que genera más daño que el problema que pretendía resolver.

Las encuestas lo venían anticipando: la mayoría ve al cash como el último bastión contra la esclavitud digital. Protege a jubilados que no dominan la tecnología, a habitantes del interior sin acceso fácil a sucursales, a cualquiera que valore su independencia.

Suiza, con su democracia directa, se adelantó al delirio global cashless. Mientras otros países avanzan hacia monedas digitales de banco central (CBDC) que podrían rastrear y controlar cada movimiento, los helvéticos dijeron: hasta aquí llegamos. El franco suizo virtual podrá estudiarse algún día, pero nunca a costa de eliminar el efectivo físico.

Mientras tanto, en Uruguay ya probamos en carne propia lo que pasa cuando el Estado impone la bancarización a la fuerza. La Ley de Inclusión Financiera (19.210 de 2014) fue un experimento intervencionista puro: operaciones grandes solo por transferencia o cheque, alquileres obligatoriamente por cuenta bancaria, prohibición de descuentos por pagar en efectivo. La excusa era “modernizar”, “combatir la informalidad”, “incluir a los excluidos”. En la realidad: una invasión brutal a la privacidad, un calvario para el trabajador común y un negocio millonario para los bancos, que cobraban hasta por existir.

Suiza, con su 73% aplastante, demuestra que el efectivo no es nostalgia ni capricho: es un escudo contra el control totalitario digital. Uruguay ya pagó caro ese error autoritario y tuvo que recular. Que sirva de advertencia.

Pero esto no termina acá. Pedro Bordaberry, figura histórica del Partido Colorado, ha defendido controles financieros estrictos. En febrero de 2026, diputados de su sector apoyaron la baja del tope para transacciones en efectivo (de los US$ 160.000 de la LUC a unos US$ 33.000-34.000), cediendo a presiones reguladoras algo nefasto y anti libertad.

Es una señal preocupante: cuando se permite que se limite aún más el uso libre del efectivo, se abre la puerta a lo que Suiza acaba de rechazar. La libertad económica no admite medias tintas.

La inclusión de verdad no se decreta con mano dura; surge cuando cada uno elige libremente. Si querés pagar con tarjeta o app, hacelo. Si preferís efectivo para defender tu privacidad y autonomía, debe ser un derecho intocable. Suiza lo entendió y lo consagró en su Constitución. Uruguay corrigió el rumbo, pero que nunca más se repita esa aberración estatista.

Porque sin efectivo libre, no hay libertad económica. Y sin libertad económica, no hay libertad de ninguna clase.