Tres años después del fin de la pandemia, víctimas de los efectos adversos lograron que el laboratorio inglés admita que su inoculación tiene efectos adversos graves y con una tasa de incidencia mayor a la reportada originalmente en 2021.

El laboratorio AstraZeneca admitió en documentos legales que su vacuna contra el COVID-19 podría inducir un síndrome de trombosis, en medio de una demanda colectiva que se inició en el Reino Unido, donde se alega que el fármaco, producto de la colaboración entre esa compañía farmacéutica y la Universidad de Oxford, sería la causa lesiones graves en varios pacientes.

Desde hace años que distintos medios e investigadores advierten sobre los efectos secundarios de las vacunas, con la fórmula de AstraZeneca como una de las más riesgosas. De hecho, la compañía ya había revelado en un paper publicado en 2021 que existía la posibilidad de ese efecto adverso en casos muy raros.

Pero ahora la demanda argumenta que el inoculante provocó una reacción adversa grave en algunas personas, que afectó de manera devastadora a varias familias, con un riesgo mucho mayor al admitido dos años atrás.

Este reconocimiento por parte de AstraZeneca podría sentar las bases para un acuerdo de compensación de hasta 100 millones de libras esterlinas (unos 125 millones de dólares) para los demandantes, informó el medio británico The Telegraph.

El mencionado diario indicó que en un primer momento el laboratorio rechazó las afirmaciones de que existían efectos adversos, pero luego, en febrero, aceptó, en un documento legal que presentó ante el Tribunal Superior, que su formulación “puede, en casos muy raros, causar TTS”, es decir, síndrome de trombosis con trombocitopenia, que provoca que las personas tengan coágulos de sangre y un recuento bajo de plaquetas en sangre.

El Tribunal Superior del Reino Unido recibió la presentación de 51 casos de personas que afirman haber sufrido estos cuadros o sus familiares, y la farmacéutica se hizo responsable de todos ellos.

Según describe The Telegraph, el laboratorio admitió la presencia de estos casos raros en el marco de una defensa legal ante la demanda de Jamie Scott, quien fue el primero en presentarse en 2023 ante la Justicia.

El hombre sufrió una lesión cerebral irreversible tras desarrollar un coágulo de sangre y una hemorragia cerebral luego de ser vacunado en abril de 2021. El caso involucra un daño moral teniendo en cuenta que el hospital avisó a su esposa —ambos son padres de dos niños— que moriría.

Según describió el periódico, en mayo del año pasado en una carta a los abogados de Scott, AstraZeneca dijo: “no aceptamos que el TTS sea causado por la vacuna a nivel genérico”. Pero en el documento legal presentado ante el Tribunal Superior en febrero el laboratorio dijo: “Se admite que la vacuna AZ puede, en casos muy raros, causar TTS. Se desconoce el mecanismo causal”.

Asimismo, destacó: “Además, el TTS también puede ocurrir en ausencia de la vacuna AZ (o cualquier vacuna). La causalidad en cualquier caso individual será materia de prueba pericial”.

Un estudio publicado en la revista científica BMJ en octubre de 2022, sobre la base de una investigación realizada entre diciembre de 2020 y mediados de 2021 en base de datos de salud de Francia, Alemania, los Países Bajos, España, el Reino Unido y los EE. UU. se identificó por primera vez un vínculo entre la vacuna mencionada y la enfermedad que dieron en llamar entonces trombocitopenia y trombosis inmunitarias inducidas por vacunas (VITT).

Los medios de comunicación y las compañías de redes sociales intentaron tapar la existencia de estos hallazgos, hasta que un paper fue publicado, el 27 de julio de 2021, en la revista The Lancet, titulado “Trombosis muy rara con trombocitopenia después de la segunda dosis de AZD1222: un análisis de la base de datos de seguridad global”, de científicos del propio laboratorio.

Allí, señalan que “desde el lanzamiento de la vacuna COVID-19, se han informado casos muy raros de trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS), que se conoce como trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna”.

Si bien en un primer momento se mostraron reticentes, la la Organización Mundial de la Salud terminó admitiendo en su página oficial que la vacuna ChAdOx1-S (recombinante) de Oxford/AstraZeneca presenta efectos adversos.

El Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas aseguró: “Se ha notificado un nuevo tipo de evento adverso muy raro, conocido como síndrome de trombosis con trombocitopenia, tras la administración de esta vacuna«.

Aunque aclaró que dada la mortalidad que en ese momento se creía que tenía el coronavirus, mayor a los efectos adversos, convenía vacunarse: «Este síndrome comporta alteraciones de la coagulación sanguínea graves y poco frecuentes asociadas a recuentos plaquetarios bajos. En los países en que actualmente se registra transmisión del SARS-CoV-2, las ventajas de vacunarse superan con creces los riesgos, dada la protección que confiere la vacuna frente a la COVID-19″.

Un congolés que sobrevivió tres intentos de deportación y que se había hecho famoso protestando en contra de la política migratoria conservadora, se declaró culpable esta semana de violar a una niña de 15 años.

Anicet Mayela, un inmigrante ilegal que llegó en 2004 a Londres de la República del Congo, se viralizó unos años atrás cuando en una marcha en contra de las políticas migratorias del gobierno de Boris Johnson, protestó frente a un centro de deportaciones con un cartel que leía: «los inmigrantes no somos criminales».

El hombre, que estuvo en múltiples ocasiones a punto de ser deportado, logró esquivar todos los intentos de la Policía británica, y esta semana fue arrestado, no por su condición de inmigrante ilegal, sino por algo mucho peor: fue encontrado culpable de violar a una niña inglesa de 15 años.

El Tribunal de la Corona de Oxford se está encargando de su caso, y aseguró en el expediente que hubo un alto nivel de violencia durante el ataque sexual de Mayela contra la niña, según informa The Sun.

Tras su arribo al país en 2004, el Gobierno británico intentó deportarlo inmediatamente, pero la medida tuvo que ser suspendida después de que alegara que fue herido en una celda de aislamiento en el Centro de Deportación de Inmigrantes de Colnbrook, cerca del aeropuerto de Heathrow.

Poco después, las autoridades hicieron un segundo intento, donde incluso lograron subirlo a un avión de la línea Air France que viajaba al Congo. Sin embargo, la tripulación francesa del avión hizo una protesta para evitar su deportación, asegurando que se había convertido en la «cara visible» de la poco humana política migratoria del gobierno.

Los pilotos del avión que salían del aeropuerto de Southampton se negaron a despegar, y finalmente el gobierno de Tony Blair decidió suspender su deportación. Semanas más tarde, Mayela obtuvo permiso para quedarse en el país después de que sus abogados dijeran que los agentes encargados de subirlo al vuelo lo habían agredido y hasta le habían roto una mano.

Mayela quedó en una situación rarísima: no fue otorgado ciudadanía pero la Justicia decidió que no sería deportado, por lo que se le dio vía libre para quedarse en el Reino Unido. El diputado conservador Marco Longhi protestó en el Parlamento por este caso que fue paradigmático en aquel entonces, pero nada cambió su situación.

Casi 20 años después, el africano jamás se adaptó a la civilización inglesa, y unas semanas atrás fue arrestado luego de ser identificado como el principal culpable en la violación de una niña de 15 años en Oxford, ante lo cual confesó su culpabilidad.

Longhi, quien todavía es diputado, ha estado recorriendo los medios acusando al Gobierno de no ser lo suficientemente duro con la inmigración. “Mis electores seguramente estarán furiosos al descubrir que se quedó aquí con lo que parece ser una excusa endeble antes de cometer este horrible crimen”, dijo.

Así lo determinó el organismo lanzado por la exprimer ministra Liz Truss, implementado para encontrar soluciones al anémico crecimiento de la economía británica. También se determinó que la reducción del impuesto a la herencia generaría un mayor impacto positivo que cualquier otro impuesto en el país.

Uno de los mayores problemas para el sostenimiento de las finanzas públicas del Reino Unido es la migración ilegal fuera de control, un fenómeno que encarece el costo de la salud pública en detrimento del grueso de los contribuyentes que deben pagar cada vez más para mantenerla pero que no reciben beneficios adicionales por tal esfuerzo.

La migración descontrolada parece incompatible con el llamado “Estado de bienestar”, y así lo deja ver un reciente estudio de la Comisión de Crecimiento del Reino Unido, un ente lanzado por la administración de Liz Truss para estudiar las razones detrás del estancamiento de la economía.

La Comisión encontró que reducir la migración neta anual de 350.000 personas a 150.000 en los próximos años, posibilitaría un aumento del nivel de ingreso promedio por habitante de hasta 1.100 libras al año. Esto se explica fundamentalmente por dos cuestiones: el menor costo presupuestario a cuenta de las redes de seguridad social del país, y por otra parte una mayor proporción de PBI distribuido entre menos personas.

El organismo señaló que la migración descontrolada también genera fuertes presiones sobre el mercado inmobiliario, ya que este fenómeno no se desarrolla de manera ecuánime en todo el territorio del Reino Unido, sino que se concentra principalmente en los grandes centros urbanos. 

La migración sin restricciones condujo al encarecimiento general del precio de las viviendas y de los alquileres en las grandes ciudades. Las jurisdicciones con menores regulaciones inmobiliarias pudieron adaptarse mejor al shock de demanda, mientras que otras (como por ejemplo Londres bajo el control del laborismo) sufrieron un alza significativa de los precios de la vivienda.

Douglas McWilliams, copresidente de la Comisión de Crecimiento, explicó que las regulaciones y la excesiva burocracia detrás de los permisos de construcción urbana impidieron una rápida adaptación del mercado inmobiliario a los sucesivos shocks migratorios. Remarcó la necesidad de reformar y desregular el sistema de planificación urbana para hacer más fácil la construcción de nuevas viviendas.

La Comisión también estudió las posibles rebajas tributarias que podrían estimular la inversión y el crecimiento de largo plazo de la economía. En este sentido, concluyó que cualquier rebaja (o incluso la eliminación) del Impuesto a la Herencia tendría un efecto positivo mayor a la de casi cualquier otro impuesto del país.

La eliminación del gravámen sobre las herencias generaría un repunte potencial del 1,4% sobre el PBI per cápita para el año 2044, alrededor de 865 libras adicionales cada año para los ciudadanos. Esto contemplaría una rebaja tributaria de 7,6 millones de libras para el período 2024-2025.

Si se aplicara una rebaja tributaria similar pero para el Impuesto de Sociedades, entonces el crecimiento de la renta por habitante se incrementaría en un 1,6% para 2044, mientras que la misma receta para el impuesto a las Ganancias de personas físicas daría como resultado un incremento de sólo el 0,3% respectivamente.

La principal razón explicativa detrás de estas cifras es el envejecimiento poblacional. Conforme se incrementa la participación de personas mayores como porcentaje de la población total, aumenta desmedidamente la recaudación por herencias y por lo tanto también su impacto negativo en el desarrollo de la economía.

“Con una población que envejece y con tantos otros países con tasas bajas o nulas de impuesto a la herencia, mantener este impuesto por razones puramente ideológicas parece ser un lujo que el Reino Unido no puede permitirse”, declaró McWilliams.