En las oficinas del ex Ministerio de Trabajo encontraron bolsas con documentación triturada y discos de computadoras borrados por ex funcionarios ultra kirchneristas que fueron pescados in fraganti.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, encontraron bolsas con papeles triturados en las oficinas de la Secretaría de Trabajo. Según pudieron reconstruir, se trata de expedientes de compras, alquileres de viviendas, contratos de servicios, contrataciones de remises, y más.

Desde las oficinas que ahora controla Julio Cordero, todos los ojos apuntan al ex Director General de Administración de la Secretaría de Trabajo, el ultra-kirchnerista Martín Alejandro Bugeiro, quien junto a 12 empleados de su círculo íntimo trituraron y destruyeron buena parte de los documentos que guardaba en su oficina cuando se enteró de que el actual Gobierno lo iba a despedir de su cargo.

Trituró expendientes sobre su gestión y guardó los papeles rotos en bolsas de residuos, pero cuando intentó retirarlas de su despacho, para llevarselo quién sabe a dónde, fue frenado por los agentes de seguridad que se quedaron con la evidencia, por lo que las bolsas ahora están en posesión de las autoridades del gobierno de Javier Milei.

Esto ocurrió el pasado 17 de abril, y desde entonces hay un equipo enfocado en investigar la situación. Se cree que Bugeiro eliminó todos los expedientes que llevaban su firma, pero también borró los discos rígidos de sus computadoras.

Lamentablemente en el Estado, más que una intranet anticuada, no hay almacenamiento en la nube, por lo que la destrucción física de los discos eliminó prácticamente toda la información que allí estaba guardada.

La desvinculación de Bugeiro y de sus 12 "soldados", no solo tuvo que ver con la motosierra de Milei y el esfuerzo por deskirchnerizar la planta del Estado. Toda su dirección estaba siendo auditada porque existen indicios de que podrían haber cometido actos de corrupción.

Bugeiro, apodado "El Gitano", fue encontrado por funcionarios de la Subsecretaría Legal de Capital Humano, "in fraganti" mientras intentaba eliminar la documentación que podría comprometerlo. Estaba haciéndolo junto al también despedido ex Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Nicolás Sojit.

Tras recibir la confirmación oficial de que tanto ellos dos como otros once funcionarios que trabajaban en la misma área, serían cesanteados, se negaron a dejar sus oficinas. Esa actitud llegó a un límite tal que, para sacarlos de las instalaciones, se recurrió a la policía.

Varios agentes fueron hasta sus oficinas, acompañados de funcionarios del área legal del ministerio de Pettovello. Recién entonces se descubrió que Bugeiro y su compañero Sojit sabían que su suerte estaba echada, y que solo buscaban ganar tiempo para culminar la tarea de no dejar pruebas. Las fuerzas de seguridad encontraron a Bujeira en su despacho, acompañado por Sojit, triturando documentación.

Bugeiro estaba siendo investigado por el rol que cumplió impulsando expedientes de múltiples contratos de proveedores de servicios en diversas sedes del ex ministerio de Trabajo en las provincias. También fue el encargado de compras de bienes para el Estado, como muebles de alto costo que se lo acusa de haber adquirido para uso personal.

El trabajo de Legales de Capital Humano sobre la hoy Secretaría de Trabajo impulsó los despidos de los funcionarios K basándose en una auditoría sobre ese sector, a la que también se sumó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectó varias irregulares cometidas en el organismo público, a las que calificó con la categoría de "alto impacto" por sus posibles derivaciones hacia diferentes delitos contra la administración pública.

Tras el despido efectivo de Sojit, por ejemplo, se descubrió que había tramitado un crédito otorgado al Estado Nacional por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 341 millones de dólares, que tenía como destino oficial "la mejora de la inclusión en educación secundaria y superior". Sojit fue denunciado en la Justicia debido a que no rindió cuentas, sobre cómo y por qué se gasto de esa cifra multimillonaria.

Un grupo de especialistas que auditan los muchos organismos que dependen del ministerio de Pettovello lograron recuperar alrededor del 90 por ciento de lo que antes guardaban los discos rígidos de esas máquinas.

Los auditores de Capital Humano están intentando reconstruir lo que decían los expedientes triturados, ya que no utilizaron máquinas que convertían los documentos en papel picado, si no que simplemente quedó cortado en tiras. "Si Bugeiro buscó ser eficaz en el ocultamiento de pruebas, no lo logró del todo", aseguraron los auditores libertarios.

Con todo, su despido, igual que el de los otros doce empleados jerarquicos del ex Ministerio de Trabajo K, se decidió cuando los funcionarios del gobierno libertario detectaron que manejaban millonarios fondos públicos en un área con enorme presupuesto estatal.

El cargo de Bugeiro, aunque desconocido en la opinión pública, era de extrema relevancia dentro de la estructura estatal. "El Gitano" era quien tenía la última firma para avalar o rechazar procesos de compras, contratos de servicios y hasta de locaciones de edificios y otros inmuebles que fueron o son sede del ex Ministerio de Trabajo.

Entre otros expedientes que están bajo revisión, se pueden mencionar el alquiler de varios pisos que supuestamente serían para ampliar los servicios del organismo, y la renovación de esas rentas; compras de alfombras, equipos de energía eléctrica, extintores de incendios, electrodomésticos, materiales de prevención para el Covid-19, flotas de vehículos para uso oficial, neumáticos o baterías para esos autos, aires acondicionados, cartelerías lumínicas, chalecos antireflexivos, alarmas anti-robo, tanques de agua, y muchísimos más elementos necesarios para que el Estado brinde servicios profesionales y seguros.

El ex funcionario también adjudicó licitaciones para provisiones de remises para trasladar funcionarios, para limpieza, fumigación y mantenimiento de todo tipo de variables vinculadas a lo edilicio, desde herramientos de pinturería, reparaciones de ascensores, cerrajería hasta otras erogaciones sin tanta especificación como "Elementos de protección colectiva", entre muchísimos items indefinidos.

El Ministerio de Economía está lanzando una masiva reducción de aranceles para aplacar los precios locales, aunque las rígidas regulaciones del Mercosur impiden una liberación total.

En línea con el plan de liberalización del comercio de Javier Milei, el Ministerio de Economía lanzó la semana pasada una rebaja de aranceles a insumos para las automotrices y la apertura total para importar alimentos.

Ahora, la Secretaría de Comercio profundizó el plan de apertura y anunció este sábado una reducción de los cargos que pagan heladeras, lavarropas, productos plásticos y neumáticos importados, llevando el valor del arancel a lo más bajo que permite la alianza del Mercosur. 

Esta reducción impactará inmediatamente en el nivel de precios, llevando no solo a una caída de los precios de productos importados, si no que generará más competencia y producirá una caída de todos los precios del mercado interno.

El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red X, quien aseguró que estas rebajas también beneficiarán a los fabricantes locales, ya que podrán acceder a insumos más baratos.

"El gobierno ha decidido llevar adelante una reducción en determinados aranceles a la importación", escribió. Las rebajas abarcan:

• Heladeras y lavarropas: el arancel pasará del actual 35% al 20%. "Así volverán a tener el arancel que comparten los países miembros del Mercosur", dijo el portavoz.

• Neumáticos: el arancel bajará del 35% al 16%. Según explicó Adorni, "esto representará un alivio para las empresas de fletes y de transporte de personas".

• Principales insumos plásticos: del 12,6% al 6%. "Menos costo, repercusión favorable para los consumidores que demandan los diversos bienes fabricados con insumos plásticos (que van desde envases de alimentos y productos de higiene personal hasta electrodomésticos y juguetes)", explicó el funcionario.

La rebaja de aranceles implicará "mejores precios y un mayor nivel de competencia en el mercado que nos beneficiará a todos", según explicó el vocero.

El gobierno ha decidido llevar adelante una reducción en determinados aranceles a la importación:

– Heladeras y lavarropas: del 35% al 20%. Así volverán a tener el arancel que comparten los países miembros del Mercosur

– Neumáticos: del 35% al 16%. Esto representará un alivio…

— Manuel Adorni (@madorni) May 4, 2024

Para conocer los detalles de los nuevos valores de importación, las empresas deberán esperar hasta el lunes, cuando salga el decreto publicado en el Boletín Oficial con las especificaciones técnicas de las posiciones arancelarias que alcanza la medida.

De todos modos, al disminuir el costo de importación tanto de bienes terminados como de insumos para la producción, el Gobierno busca que bajen los precios y beneficiar a los consumidores, que llegan a pagar por los electrodomésticos valores más altos que en el resto del mundo, por las tasas de importación insólitas que tenía Argentina.

El objetivo oficial es que los precios internos converjan con los internacionales, al menos, los de los países vecinos. Esto, especialmente para insumos y determinados bienes que tenían valores muy desfasados. Por caso, era común escuchar de argentinos que aprovechaban viajes en auto a Chile o Paraguay para cambiar los neumáticos por la diferencia de precios que había en la delirante economía que había dejado Sergio Massa.

Algo de esa idea se está viendo en algunos alimentos tras el ingreso de productos importados en los últimos días. En atún, manteca o café en cápsulas ya se ven descuentos de hasta 35% en los artículos nacionales y los precios ya están igualando con el extranjero.

Desde el Gobierno prometen que seguirán trabajando en medidas similares sobre otros insumos o productos. Sin embargo, aseguran que las rebajas no serán tan fuertes como les gustaría ya que la rigidez del Mercosur hace que no haya tanto espacio para bajar aranceles.

Frente a un nuevo escenario global y con nuevas demandas de los clientes, crece la apuesta por nuevos hábitos entre los profesionales, basados en el trabajo colaborativo, la tecnología de vanguardia y la transparencia. Los desafíos de la profesionalización.

Poner al cliente en el centro de la escena, enfocarse en el rol de asesores (incluso luego de cerrar las operaciones), construir relaciones significativas con los colegas, implementar nuevas tecnologías y apostar por la formación permanente están entre las buenas prácticas del sector inmobiliario en Estados Unidos, uno de los mayores y más importantes del mundo.

¿Cuáles son las buenas prácticas del sector inmobiliario en la Argentina? ¿Existen? ¿Se utilizan? “En nuestro país hay una creciente y fuerte tendencia a generar buenos hábitos del trabajo cotidiano del profesional inmobiliario a través de calidad de servicio, empatía, procesos, trabajo en equipo y colaborativo. El objetivo es brindar un mejor servicio al cliente, siempre poniendo en primer lugar a las personas. Entendemos que el verdadero modo de encarar la profesión es a partir de las relaciones humanas”, afirma Gustavo Caliciotti, director de la carrera de Martillero, Corredor Público y Corredor Inmobiliario de la Universidad Blas Pascal.

Además, Caliciotti advierte que las buenas prácticas en el sector inmobiliario local vienen pisando fuerte a pesar del “ruido” que hace esa tendencia dentro de las estructuras tradicionales: “Cada día son muchos más los profesionales que receptan esta manera de trabajo ordenada, estandarizada, vincular. Se trata de darle la tranquilidad a los clientes de que si trabajan con un profesional u otro, el resultado es similar. Las buenas prácticas en los procesos, por ejemplo, permiten modificar una forma de trabajo basada en captar una propiedad en exclusiva por otra en la que se comercializa de una manera mucho más fuerte, más diversa, más amplia y se analiza el mercado para fijar un precio que sea realmente justo y competitivo”.

En la misma línea se expresa Julio Valente, Director Académico de CRS Argentina y Uruguay. La certificación CRS (Certified Residential Specialist o Especialista Residencial Certificado) es otorgada por el Residential Real Estate Council (RRC) de Estados Unidos. El certificado –que más de 300 inmobiliarias ya tienen en Argentina– supone una garantía para sus clientes y adhiere a los estándares más exigentes de calidad y honestidad profesional. 

“La idea es ser un vehículo premium de formación agregando valor a la profesionalización de un mercado inmobiliario cambiante. La misión consiste en generar prestigio en el sector inmobiliario educando en la ética y en las mejores prácticas de trabajo”, explica Valente sobre la certificación. Agrega que el cambio de mentalidad está dado por el trabajo orientado a las personas y no a las propiedades, así como a una cultura de colaboración y coopetencia (la colaboración interesada entre diferentes empresas que son competidores dentro de un mismo mercado) entre los corredores inmobiliarios.

Aunque reconoce que hay muchos (y diarios) desafíos por delante, Caliciotti está convencido de que las buenas prácticas prevalecerán. “Entre los principales retos está el de cambiar la mentalidad y la actitud. Esta es una corriente novedosa que está instalándose en la Argentina, se está ramificando día a día y está creciendo a niveles muy grandes. Claro que existe reticencia y miedo a los cambios, a lo desconocido. Pero el mercado va cambiando y esa adaptación genera conflictos y reticencias. Es un proceso pero si incorporamos estos cambios de las buenas prácticas, eso va a hacer que la profesión y el profesional crezcan”, afirma el licenciado en Gestión Inmobiliaria.

Lo cierto es que las buenas prácticas en el sector inmobiliario –junto con aspectos también fundamentales como los conocimientos en materia jurídica, legislación ambiental, responsabilidad social empresaria, etc– impactan directamente en la sociedad y en los clientes. El trabajo colaborativo de los profesionales, la potencia de las nuevas tecnologías y la transparencia se traducen en calidad de servicio, en satisfacción de las necesidades. 

“Las buenas prácticas permiten lograr los objetivos, unir las partes y concretar operaciones. Lo importante es humanizar la profesión, para llegar a más cantidad de personas. Y si esas personas quedan satisfechas, le transmiten a los demás la seguridad de trabajar con profesionales con este nivel de formación, con estandarización de procesos, tecnología de avanzada, jerarquización real y conocimiento”, suma Caliciotti.

Con una duración de 2 años, la licenciatura en gestión inmobiliaria que brinda la Universidad Blas Pascal no sólo les da a los profesionales la posibilidad de brindar un mejor servicio sino también de ostentar un título de grado, teniendo en cuenta que la carrera de martillero y corredor público es una tecnicatura universitaria a nivel nacional.