El vocero argentino opinó sobre los dichos de Lacalle Pou en contra del liberalismo que defiende el presidente Javier Milei.

Unas semanas atrás, el presidente Javier Milei se cruzó con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en la cena anual de la Fundación Libertad. Los mandatarios se fundieron en un cálido abrazo, y el argentino le aceptó una invitación a Montevideo, aunque sin una fecha concreta.

Sin embargo, un rato antes, el saliente presidente de la República Oriental propinó una chicana contra el modelo libertario que promueve Milei, asegurando que el "liberalismo a la uruguaya" cree en "políticas liberales pero con Estado fuerte".

"La libertad no se puede gozar si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a la salud o no se estudia. Tenemos que tener un Estado fuerte para poder gozar de la libertad", dijo insólitamente en su discurso. Esta frase no fue escuchada por Milei en ese momento, ya que todavía no había arribado al evento y llegó luego de la exposición de Lacalle.

Aunque en su momento no la escuchó el mandatario argentino, resonó fuerte entre los liberales seguidores de Milei, y abrió un debate. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó la postura del Gobierno argentino en una entrevista para el diario El País.

"Bueno, es la posición de Lacalle Pou. Nosotros no pensamos así. Nosotros creemos en un Estado al revés de lo que plantea Lacalle Pou. Que sea un Estado que no le complique la vida a la gente. Y creemos en la igualdad de oportunidades reales. En la igualdad ante la ley. Y en el esfuerzo y el sacrificio. Y ahí el Estado no tiene mucho que hacer", explicó el portavoz argentino al periodista Sebastián Fest.

Sobre la postura respecto al Mercosur, Adorni explicó: "Nosotros tenemos una idea clara de lo que queremos en términos de comercio internacional, que es la libertad comercial absoluta. Dentro del Mercosur, nosotros lo que vamos a hacer es siempre promover eso. Todo lo que pueda sugerir trabas o complicaciones o burocracias, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Por lo tanto, si el Mercosur puede ir en línea con nuestras ideas, bienvenido sea".

Y expandió: "Nosotros somos afines con los que efectivamente son afines con nosotros. Entendemos que Uruguay, o Chile, o incluso Paraguay, han hecho muchas veces las cosas mejor que nosotros. Tenemos mucho camino por andar".

"Los demás países seguramente también, pero Argentina viene un paso atrás y son pasos que queremos dar de manera acelerada, para salir de esta bancarrota, miseria y decadencia en la que estamos. Después, si el Mercosur es parte de esa agenda, mejor. No hay mucho para cuestionar ni para enaltecer con respecto al Mercosur", completó.

Por último, se refirió a la batalla cultural que está dando Milei en Argentina, algo que nunca pareció importarle a Lacalle Pou en Uruguay. "La batalla cultural es, para nosotros, el debate de la libertad, de lo que pueda significar la desregulación del Estado, de la economía y la baja de impuestos. Normalizar este país. Y creo que lo vamos a hacer, vamos a tener un gran resultado", cerró.

Casi 300 empleados ya han entrado en el programa de retiro voluntario que impulsa el Gobierno Nacional, indicando un gran optimismo para el cierre en tiempo y forma de la agencia estatal que Milei prometió eliminar.

Durante el discurso de la 142° Apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei anunció la intención de cerrar la agencia estatal de noticias, Télam.

El primer día hábil tras el anuncio, el lunes 4 de marzo, después de las 00 horas, se le ordenó a la Policía de la Ciudad que vallara la sede de la agencia estatal, situada en Bolívar 531, impidiendo cualquier intento por parte de los trabajadores de resistir el cierre de esta institución.

De esta manera, comenzó un proceso que ningún otro gobierno se había animado a hacer: ponerle fin al medio de comunicación estatal creado en dictadura. Cabe recordar que Télam fue fundado por Perón durante el régimen militar del GOU como una agencia dentro de la SIDE, y luego refundada como Sociedad del Estado por Onganía en su presidencia de facto.

Al frente de este proceso está el interventor Diego Chaher, quien en poco más de un mes desde que lanzó este proceso ya logró que casi el 40% de la planta permanente de la agencia se adhiera al plan de retiro voluntario.

"Dado el alto interés demostrado por los trabajadores el plan de retiros se extenderá por 7 días más", aseguró Chaher, quien pretende desvincular de la manera más prolija a los 700 empleados que actualmente tiene la agencia.

Entre quienes pidieron acceder a este beneficio aparece uno de los históricos abogados de Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), Mariano Suárez, por lo que hay un alto optimismo entre la nueva dirigencia que el proceso de cierre resultará un éxito, ya que los mismos miembros del sindicato están adhiriendo.

Al mismo tiempo ya se materializó el cierre de las oficinas de corresponsalías en Corrientes y en Rosario, y en los próximos días ocurrirá lo mismo con la sede que tenía la agencia en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Además de los 700 empleados, Télam tenía 27 corresponsalías en todo el país. En el año 2023, las cifras revelaron ingresos operativos de $12.288 millones de pesos, frente a gastos de $18.023 millones de pesos, generando un déficit anual de $5.735 millones de pesos (equivalentes a $16 millones de pesos por día).

La agencia, cooptada por la militancia kirchnerista, funcionó en los últimos 4 años como una herramienta de "propaganda kirchnerista", en especial durante la campaña del año pasado, cuando hicieron campaña abiertamente por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

La Ley Bases de Javier Milei impulsa la mayor reforma del Estado de la historia desde Carlos Menem con privatizaciones, cierre de organismos y modifica el estatus del empleo permanente.

Argentina atravesó varias olas de reforma del Estado a lo largo de la historia que redujeron el tamaño de la administración pública nacional, sin embargo ninguna fue tan ambiciosa y tan profunda como la que propuso el presidente Javier Milei en su Ley Bases.

Este proyecto, que cuenta con media sanción y le falta la aprobación en el Senado, habilita al presidente a privatizar empresas del Estado, cerrar organismos estatales con una simple firma y elimina el concepto del empleo de planta permanente.

Las transformaciones más profundas están en el artículo 3 de la Ley Bases, ya que establecen atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir, dividir, subdividir, fusionar, concesionar o pasar a las provincias a los organismos públicos, algo que hasta ahora solo podía hacer el Congreso.

El otro gran cambio viene en las modificaciones de la Ley Marco vigente, que tuvo su última reforma en 1999. Según la legislación actual, existe el concepto de empleo de planta permanente. Estas personas no pueden ser despedidas sin causa, y si se cierra el organismo donde trabaja la persona o desaparece la estructura, hay que encontrarle otro lugar con hasta tres ofertas posibles para conservar

Aproximadamente, la mitad de la dotación del Sector Público Nacional está integrada por la planta permanente y la otra se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, que es la que aplica en el mercado del sector privado, donde las personas pueden ser echadas con una indemnización.

En la Ley Bases, en su artículo 52, se modifica la Ley 25.164 para que el Gobierno pueda desvincular empleados simplemente con la realización de un informe de "dotación excedida", incluso sin el desarme del organismo superior.

Por ejemplo, de aprobarse, se podrá elaborar un informe que diga que una cierta cantidad de empleados del CONICET tiene una dotación excedida para desvincular a cualquiera de los 12.000 empleados actuales, desde ya pagando las indemnizaciones correspondiente, como ocurre en el sector privado.

La ley que permitió la planta permanente fue pensada para profesionalizar el empleo público, pero los gobiernos kirchneristas utilizaron este tipo de designaciones para crear un aguantadero de su militancia, que sea inmune a los cambios de gestiones.

El gobierno de Mauricio Macri padeció esto en carne propia, ya que prácticamente no pudo despedir efectivamente a ningún militante kirchnerista contratado bajo Ley Marco. Con esta experiencia bajo el brazo, el gobierno de Milei tomó medidas rápidas: por un lado, puso en revisión de 90 días a todos los contratados en planta transitoria, que están en proceso de ser permanentes. Por otro, incluyo estas modificaciones en la Ley Bases.