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Trump termina con la censura en las redes sociales

Luego de años de discusiones, el presidente Trump finalmente firmó un decreto que soluciona un vacío legal que permitía a las redes sociales beneficiarse de inmunidad legal por su contenido mientras censuraba a sus usuarios.

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Después de muchos años de tratar de combatir la censura en las redes sociales a través de negociaciones con los "gigántes tecnológicos" como Google, Facebook y Twitter, el presidente Trump finalmente firmó el decreto llamado "Orden Ejecutiva para Prevenir Censura Online" este jueves 28 de mayo.


El decreto de ninguna manera busca agregar nuevas regulaciones al sector privado o interviene en su normal funcionamiento. Lo que esta Orden Ejecutiva busca es terminar con un vacío legal que se había generado desde 1996 por la Sección 230 de la Ley de la Decencia en la Comunicación.

Este artículo legislado hace más de 20 años le otorga inmunidad legal a cualquier empresa que preste un servicio de interacción social, como lo hace Facebook Inc. con su red social Facebook e Instagram, Google con YouTube, y Twitter Inc. con Twitter, ante cualquier publicación, video, o imagen publicada en sus sitios.

Sección 230: "Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el orador de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información".

Esta categoría legal diferencia a estas empresas de cualquier diario o blog, cuyo contenido si tiene responsabilidad legal y se le pueden iniciar causas legales contra el redactor y editor del mismo.
En otras palabras, la ley avala que ninguna red social sea responsable por su contenido porque entiende que el servicio que proveen es lo que se conoce como "Foro Público Neutral", donde la empresa solo ofrece el espacio y la gente interactúa con plena libertad de expresión en el mismo. Esto es equivalente a ser el dueño de una parque que abre sus puertas al público, pero no es responsable legalmente de lo que las personas digan o hagan en ese espacio.
Pero a diferencia del parque, cuando uno se registra en Twitter, Facebook o YouTube, la empresa obliga a sus usuarios a firmar "Términos y Condiciones", donde estipula todas las acciones que generarían la expulsión de este espacio. Las empresas pueden hacer esto amparados en los derechos de propiedad que garantiza la Constitución de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, al hacer esto están entrando en un contrato con cada usuario que se registra en sus sitios web. Estos contratos deben ser respetados.
El problema surge a partir de que estas empresas han censurado contenido en sus redes por fuera de los "Términos y Condiciones" por mucho tiempo, lo cual debería ser ilegal si están disfrutando de los beneficios legales de la Sección 230, pero a su vez aquella ley es ambigua y en el pasado ha quedado a interpretación de la Justicia en cada caso.
La gota que rebalsó el vaso fue cuando, el 26 de mayo, Twitter decidió agregar una nueva funcionalidad a la plataforma, que en ningún momento se menciona en sus "Términos y Condiciones", y censurar un tweet del presidente Trump donde habla de la potencialidad de fraude electoral que existe si se realiza la votación de noviembre por correo. Twitter agregó una barra abajo del tweet de Trump, advirtiendo que lo mencionado en el mensaje es falso (aunque no lo es), y linkea a una página de chequeado de CNN.

Con esto le dieron a Trump lo que estuvo esperando desde el momento que ingresó a la Casa Blanca; agarró a los "gigantes tecnológicos" cometiendo un enorme acto de censura que debería ser ilegal bajo la Sección 230 y le dio la excusa perfecta para publicar un decreto que lo clarifique.

Trump denunció en la conferencia de prensa a Yoel Roth, el Director de Ética e Integridad de la empresa Twitter, quien se hizo responsable de haber censurado el tweet del presidente.

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A partir de ahora, con la nueva Orden Ejecutiva, las empresas que estén bajo inmunidad por la Sección 230 y censuren contenido de su plataforma perderán automáticamente esta inmunidad. Lo que implica que se convertirán en entes legalmente responsables por una y cada una de las publicaciones de cada usuario en todas las redes sociales. 

Obviamente esto haría imposible el normal desempeño de cualquier red social, lo que quiere decir es que este decreto obliga a estas empresas a no censurar más el contenido de sus redes.

En Estados Unidos, los decretos presidenciales son ratificados o revocados por la Corte Suprema cuando denuncias de su aplicación llegan a aquella instancia. Por lo que es esperable que el primer paso que den Facebook, Twitter y Google sea denunciar este decreto como inconstitucional, lo cual escalará en las distintas jerarquías judiciales hasta llegar a la Corte Suprema, que actualmente controlan los republicanos con 5 jueces contra 4.
Este proceso será largo y en el medio la Orden Ejecutiva tendrá vigencia pero su aplicación estará sujeta la decisión final de la Justicia, lo que quiere decir que su efecto verdadero lo veremos quizás recién en 2021. Si Trump no gana las elecciones, el nuevo presidente podrá revocar con tan solo una firma este decreto.

Los dueños de redes sociales no aceptarán este decreto tan fácilmente. La razón principal por la que censuran contenido en sus plataformas es porque quieren captar las inversiones en publicidad de muchas empresas cooptadas por el progresismo que dicen que se niegan a publicitar su marca en "redes que estén llenas de odio". Sin embargo esto no se sostiene por ningún lado, ninguna empresa se va a perder de publicitarse en las redes sociales por diferencias ideológicas con algunos usuarios de esa plataforma.

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ya salió a decir que su empresa no fue responsable de ninguna censura contra las publicaciones del presidente, "esto fue algo que hizo Twitter, no nosotros" y que el decreto no debería afectarlos a ellos.

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Además, la Orden Ejecutiva estipula claramente que cualquier empresa que siendo un "Foro Público Neutral" infrinja la Sección 230 no podrá nunca más recibir financiación del Estado, sea en forma de subisidios, contratos gubernamentales, etc.

El presidente Trump también anunció que todas las publicidades del Estado que se promuevan a través de redes sociales que infrinjan este decreto entrarán "bajo revisión", cortando una de las principales fuentes de financiación que tienen hoy en día tanto Facebook como Twitter.

Otro anuncio del presidente en la rueda de prensa de hoy es que le indicó al Departamento de Justicia que inicie inmediatamente una investigación en el por qué las redes sociales han censurado a sus usuarios. 

Principalmente, el Fiscal General William Barr se fijará si hubo una censura desproporcionada contra usuarios negros, conservadores, religiosos, o simpatizantes de Trump o de algún otro político.

La Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe a las empresas a denegar un servicio por excusas raciales o religiosas, y se sospecha que Twitter particularmente ha estado suspendiendo cuentas de conservadores afroamericanos católicos por mostrarse utilizando parafernalia como por ejemplo la gorra roja MAGA de Trump, lo cual podría desembocar en un enorme juicio contra la empresa por discriminación racial y religiosa.

Por último, Trump convocó a todos los diputados y senadores republicanos a llevar esta Orden Ejecutiva al Congreso, para poder plasmar todo esto en una ley que perdure en el tiempo.

Orden Ejecutiva para Prevenir Censura Online – documento completo

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Estados Unidos

El Pentágono de Biden anunció el envío a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones

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El jefe del Pentágono afirmó que esta es la asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”, superando toda la ayuda que dio Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció este viernes que se enviará otro paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones para Ucrania, aumentando el acceso del gobierno de Kiev a misiles Patriot y drones que permitan responder a los avances rusos en el frente oriental.

Austin hizo este anuncio en una rueda de prensa al cierre de una reunión del grupo de Ramstein, en el que Estados Unidos confirmó que los primeros US$ 1.000 millones de nueva ayuda militar a Ucrania están en camino.

El jefe del Pentágono confirmó que Estados Unidos enviará con carácter de urgencia a Ucrania munición para baterías HIMARS, que permite atacar posiciones rusas lejos del frente, munición de artillería avanzada de 155 milímetros y sistemas de defensa aérea en vehículos blindados.

Estoy encantado de poder anunciar un compromiso adicional de USD 6.000 millones para la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania. Eso nos va a permitir procurar nuevas capacidades para Ucrania por parte de la industria estadounidense”, dijo Austin, y aseguró que este es el paquete de asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”.

Esa nueva ayuda militar incluirá baterías de misiles Patriot y defensas tierra-aire, más sistema de defensa contra drones y “un monto significante de munición de artillería, municiones aire-tierra y apoyo de mantenimiento”, indicó Austin.

Según el jefe del Pentágono, la ayuda de los miembros del grupo de Ramstein “ha salvado incontables vidas ucranianas” con compromisos que rondan ya los US$ 95.000 millones y la coalición de estos 50 países se mantiene “fuerte” en su apoyo a Kiev.

Austin también dijo que el grupo trabaja en crear un Ejército ucraniano “autosuficiente” y capaz de contener a Rusia en el largo plazo.

El resultado en Ucrania determinará la trayectoria de nuestros días. Si (Vladimir) Putin permanece y gana en Ucrania las consecuencias serán graves y globales”, aseguró Austin.

Los anuncios hoy de nueva ayuda militar a Ucrania llegan después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, firmara esta semana un ley para dar progresivamente a Ucrania US$ 61.000 millones en asistencia militar y préstamos durante el año.

Estados Unidos ya proporcionó decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Kiev desde que Rusia anunció el inicio de su invasión a territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022.

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Estados Unidos

La Justicia de Arizona, controlada por los demócratas, imputó y busca arrestar a todo el equipo de asesores de Trump

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Los demócratas hacen otro ataque contra la oposición y ahora buscan poner tras las rejas a todo el equipo que trabaja asesorando al expresidente republicano en su campaña presidencial.

La Justicia de Arizona imputó este jueves a varios aliados importantes del expresidente Donald Trump, incluido el exabogado de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, la expresidente del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, por denunciar que las elecciones del año 2020 fueron fraudulentas.

Junto con Ward, Meadows y Giuliani, la ex abogada de Trump Jenna Ellis y el ex asesor de campaña de Trump Boris Epshteyn, junto con varios miembros del Partido Republicano de Arizona, fueron imputados también, según publicó esta mañana el Washington Post .

Meadows, Giuliani, Ellis y Epshteyn fueron imputados por supuestamente intentar ayudar a Trump a recuperar los votos electorales de Arizona en las elecciones presidenciales de 2020, luego de que se comprobara que los demócratas habían robado votos por correo y la Legislatura votara que le darían los votos electorales a Trump si así la Justicia lo decidía.

Por su parte, Ward y los senadores del estado de Arizona, Jake Hoffman y Anthony Kern, también fueron acusados ​​de cargos por haber firmado documentos el 14 de diciembre de 2020, certificando que Trump era el ganador de las elecciones.

La acusación de varios aliados de Trump y miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras una encuesta de Bloomberg News/Morning Consult realizada entre el 8 y el 15 de abril encontró que el presidente Joe Biden está detrás de Trump en varios estados clave como Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte por seis o más puntos.

En Arizona, Trump lideró por siete puntos, recibiendo el 49 por ciento del apoyo de los votantes que indicaron que votarían por él, mientras que Biden recibió el 42 por ciento.

Los once republicanos de Arizona son:

  • Kelli Ward, ex presidenta del Partido Republicano en Arizona, y su esposo, Michael Ward.
  • Senador del estado de Arizona Jake Hoffman
  • Senador del estado de Arizona Anthony Kern
  • Tyler Bowyer, director de operaciones de Turning Point USA
  • Nancy Cottle
  • James Lamon
  • Roberto Montgomery
  • Samuel Moorhead
  • Lorena Pellegrino
  • Gregorio Safsten

Los aliados de Trump que supuestamente fueron acusados ​​incluyen a Mark Meadows, Jenna Ellis, Rudy Giuliani, John Eastman, Christina Bobb, ex abogada de Trump, Boris Epshteyn y Mike Roman, ex asistente de campaña de Trump, según el Washington Post .

La decisión judicial fue en respuesta a un pedido directo del Fiscal General de Arizona, el ultra-demócrata Kris Mayes, y es la última de una serie de esfuerzos por utilizar el sistema legal para perseguir a los conservadores y republicanos aliados de Trump.

En julio de 2023, la fiscal general de Michigan, Dana Nesselacusó a 16 “falsos electores” de ocho delitos graves, entre ellos conspiración y falsificación de leyes electorales, por su presunto papel en el intento de disputar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Meses después, en diciembre de 2023, la Justicia de Nevada imputó a varios miembros importantes del Partido Republicano del estado, acusados ​​de falsificar y presentar documentos falsos en relación con el complot de los “falsos electores”.

La acusación de varios de los principales aliados del expresidente y varios miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras Trump se encuentra actualmente en juicio y enfrenta 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con los pagos realizados a la estrella porno Stormy Daniels durante las elecciones presidenciales de 2016.

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Economía

Crisis fiscal en Estados Unidos: Las “Bidenomics” desataron un déficit por casi 2 billones de dólares al término de marzo

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Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

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