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La mujer de Jeffrey Epstein, acusada de tráfico de niñas para su red de pedofilia, condenada a 20 años de prisión

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La sentencia de Ghislaine Maxwell fue un papelón de la justicia de Estados Unidos. Las víctimas habían pedido 60 años y el juez dio solo un tercio del tiempo y no pidió publicar lista de clientes.

Ghislaine Maxwell, la ciudadana británica que durante su noviazgo con el millonario Jeffrey Epstein se convirtió en la principal reclutadora de niñas para la red de pedofilia de su marido, fue condenada este martes a 20 años de prisión y una multa de US$ 750.000.

La sentencia fue duramente criticada por las víctimas, que habían pedido por lo menos 60 años para Maxwell, lo que hubieran hecho que la mujer de 60 años no saldría nunca más de la cárcel hasta su muerte. La cantidad de tiempo fue decisión de la jueza federal de distrito Alison J. Nathan.

También fue ampliamente criticado que el juez no pidió en ningún momento la lista de clientes de la proxeneta, y es la primera vez que en un caso donde se condena a los líderes de una red de pedofilia no se expone la lista de clientes. La poderosa pareja cortejaba a ricos y famosos mientras atraían a niñas vulnerables de hasta 14 años y luego las explotaban.

Los fiscales dijeron que Epstein, quien apareció supuestamente suicidado en su celda en 2019 mientras esperaba el juicio, abusó sexualmente de niños cientos de veces durante más de una década, y no podría haberlo hecho sin la ayuda de Maxwell, su novia de toda la vida.

La condena, dictada en diciembre por un jurado, la declaró culpable de tráfico sexualtransportar a menores para que participen en actos sexuales ilegales y dos cargos de conspiración.

“Es importante enfatizar que aunque Epstein fue central en este esquema criminal, la Sra. Maxwell no está siendo castigada en lugar de Epstein o como representante de Epstein. El comportamiento de Maxwell fue atroz y depredador en sí mismo”, aclara la sentencia.

“El estado de derecho exige, y este tribunal está de acuerdo, que ya seas rico, poderoso o completamente desconocido, nadie está por encima de la ley”, lee el veredicto. “Maxwell participó directa y repetidamente y durante muchos años en un plan horrible para atraer, transportar y traficar niñas menores de edad, algunas de tan solo 14 años”.

Annie Farmer, víctima de Jeffery Epstein, llega con la abogada Sigrid McCawley para la sentencia (REUTERS/Shannon Stapleton)Annie Farmer, víctima de Jeffery Epstein, llega con la abogada Sigrid McCawley para la sentencia.

Sarah Ransome y Elizabeth Stein, víctimas de Jeffery Epstein, llegan para la sentencia del juicio de Ghislaine Maxwell (REUTERS/Brendan McDermid)Sarah Ransome y Elizabeth Stein, víctimas de Jeffery Epstein, llegan para la sentencia del juicio de Ghislaine Maxwell.

Maxwell, que vestía un uniforme azul de prisión y una máscara blanca para cumplir con las reglas del coronavirus, miró hacia un lado cuando se anunció la sentencia, pero por lo demás no reaccionó. También se había sentado en silencio antes, mientras la fiscal federal adjunta, Alison Moe, contaba cómo Maxwell sometió a las niñas a “pesadillas horribles” al llevarlas a la isla de Epstein.

“Eran socios en el crimen juntos y abusaron de estos niños juntos”, dijo en las lecturas previas a la sentencia, llamando a Maxwell “una persona que era indiferente al sufrimiento de otros seres humanos”.

Cuando tuvo la oportunidad de hablar, Maxwell dijo que simpatizaba con los sobrevivientes y que era “el mayor arrepentimiento de mi vida haber conocido a Jeffrey Epstein”, y lo llamó “un hombre manipulador, astuto y controlador que vivió una vida profundamente compartimentada”, haciéndose eco de las afirmaciones de sus abogados defensores de que Epstein era el verdadero autor intelectual.

Maxwell, que niega haber traficado o abusado de nadie, dijo que esperaba que su condena y su “encarcelamiento inusual” trajeran alguna “medida de paz y finalidad” a las víctimas.

La jueza se negó a dejar que Maxwell escapara de la culpabilidad, y tras su declaración, aclaró que Maxwell estaba siendo castigada por sus propias acciones, no por las de Epstein. Llamó a los crímenes “atroces y depredadores” y dijo que Maxwell, como una mujer adulta, proporcionó una apariencia de seguridad mientras “normalizaba” el abuso sexual a través de su participación, aliento e instrucción.

Varios sobrevivientes describieron su abuso sexual, incluida Annie Farmer, cuya voz se quebró varias veces cuando dijo: “Seguiremos viviendo con el daño que nos causó”. Farmer dijo que su hermana y ella misma intentaron hacer públicas sus historias sobre Epstein y Maxwell hace dos décadas, solo para que la poderosa pareja las callara a través de amenazas e influencia con las autoridades.

La llegada de Trump al poder, dicen las fuentes con conocimiento de la causa, destrabó muchas instancias judiciales que permitieron que fiscales federales se animen a tomar el caso. Epstein era muy cercano a los Clinton, a Obama y a Joe Biden, y las víctimas han dicho off the record que por muchos años la Casa Blanca intervino directamente para que sus denuncias no lleguen a la prensa.

Aproximadamente desde fines de la década del ’80, decenas de mujeres han caído en las garras de Epstein. Muchas describieron a Maxwell actuando como una empleada del magnate neoyorquino que las reclutaba para darle masajes a Epstein. Generalmente en países de bajos recursos, donde a veces incluso se las compraba a sus padres o directamente las secuestraba.

Cuatro de estas mujeres, que se estiman en los cientos, se animaron a testificaron que fueron abusadas cuando eran adolescentes en la década de 1990 y principios de la década del 2000 en las mansiones de Epstein en Florida, Nueva York, Nuevo México y las Islas Vírgenes.

Tres fueron identificadas en la corte solo por sus nombres o seudónimos para proteger su privacidad: Jane, una actriz de televisión; Kate, una ex modelo del Reino Unido; y Carolyn, ahora una madre que se recupera de la adicción a las drogas. La cuarta fue Farmer, la única acusadora que se identificó en la corte con su nombre real, después de hablar públicamente, diciendo que no les tiene miedo.

Describieron cómo Maxwell los cautivó con conversaciones, obsequios y promesas de que Epstein podría usar su riqueza y conexiones para ayudarlas a cumplir sus sueños. Luego ella los llevaba a darle “masajes” a Epstein y a otros clientes. Masajes que se volvían sexuales y después cuando se querían ir, no las dejaban, quedando a veces por varios meses secuestradas en las mansiones del millonario.

Carolyn testificó que ella era una de varios adolescentes que vivían cerca de la casa de Epstein en Florida a principios de la década de 2000 y aceptó una oferta para masajearlo a cambio de un billete de US$ 100. Ella tenía 14 años, y desde ese momento estuvo casi 10 meses secuestrada en la mansión, donde fue abusada en repetidas ocasiones.

Las acusaciones contra Epstein surgieron públicamente por primera vez en 2005. Se declaró culpable de cargos sexuales en Florida y cumplió 13 meses en la cárcel, gran parte de ellos en un programa de liberación laboral como parte de un acuerdo criticado como indulgente. Posteriormente, se le pidió que se registrara como delincuente sexual.

En los años siguientes, muchas mujeres demandaron a Epstein por los abusos. Una mujer, de las más famosas denunciantes, de nombre Virginia Giuffre, afirmó que Epstein y Maxwell también la habían prostituido contra su voluntad para que tuviera citas sexuales con hombres poderosos, incluido el príncipe Andrew del Reino Unido, con quien tiene una demanda abierta.

Los fiscales federales en Nueva York revivieron el caso contra Epstein por orden de la Casa Blanca de Trump, después de que las historias del Miami Herald en 2018 atrajeran nueva atención a sus crímenes. Fue arrestado en 2019, pero apareció suicidado un mes después.

Once meses después de su muerte, Maxwell fue arrestada en una finca de New Hampshire. Ciudadana estadounidense, británica y francesa, ha permanecido en una cárcel federal en la ciudad de Nueva York desde entonces.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en un evento en Nueva York, 16 de mayo de 1995Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en un evento en Nueva York, 16 de mayo de 1995.

Estados Unidos

Sigue la persecución de Biden: Ahora va contra Rudy Giuliani por defender a Trump en la causa del fraude electoral

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El abogado de Trump fue imputado por la fiscal del condado de Fulton por haber representado al ex presidente durante las acusaciones de fraude electoral en el Estado de Georgia.

Este lunes, el ex alcalde de Nueva York y dirigente republicano Rudy Giuliani anunció que es objeto de una investigación penal del Estado de Georgia y del Departamento de Justicia de Biden debido a su trabajo como abogado de Donald Trump exponiendo el fraude electoral ocurrido en las últimas elecciones presidenciales del año 2020.

La investigación está siendo liderada por Fani T. Willis, una activista judicial demócrata que se desempeña como Fiscal General del condado de Fulton, y está siendo supervisada por la Comisión del 6 de Enero, un comité creado por legisladores demócratas en el Congreso que se encarga de perseguir a personas cercanas a Trump sin que estas puedan hacer uso de su derecho a defensa, pues las audiencias son cerradas y con una limitada presentación de testigos. Además, Willis está siendo asesorada por el Fiscal General a nivel federal, Merrick Garland.

De acuerdo a sus abogados, es probable que Giuliani sea llamado a declarar este miércoles en Atlanta, donde se le preguntara sobre su relación con su cliente. Los abogados del neoyorquino ya avisaron que Giuliani invocará el principio de confidencialidad de abogado-cliente, que le impide a cualquier profesional que ejerce la abogacía revelar las conversaciones privadas que ha tenido con su cliente.

La tesis de Willis y de la comisión demócrata se centra en demostrar que Donald Trump conspiró con sus aliados, especialmente sus abogados, para “interrumpir el proceso democrático y robarse unas elecciones que fueron justas, libres y democráticas”, lo cual no tiene sentido ya que Trump en ningún momento intentó cambiar el resultado de la elección por vías no legales, y siempre se vinculó con las Legislaturas estatales para analizar sus opciones después de que saliera a la luz el fraude electoral.

Con esta maniobra, los demócratas buscan quebrar la lealtad de Giuliani para con Trump y que ofrezca algún tipo de testimonio que lleve al expresidente a ser imputado penalmente y puesto en el banquillo de los acusados. Al respecto, Robert Costello, integrante del equipo de Giuliani fue tajante: “Si esta gente cree que va a hablar de las conversaciones entre él y el presidente Trump, están delirando”.

El gobierno demócrata no le va a perdonar a Giuliani sus esfuerzos por evitar el fraude electoral de Biden. Por su rol como abogado acusante en este caso, el año pasado un tribunal en Nueva York le suspendió su matrícula de abogado y le impidió ejercer la práctica profesional.

Por su parte, Smarmatic y Dominion, las dos empresas que manejaron el conteo electoral en los estados donde se denunció fraude, presentaron demandas civiles contra el abogado neoyorquino exigiendo compensaciones económicas por haber sido “difamadas”.

No se sabe si estas demandas prosperarán, ya que en Estados Unidos para que una difamación tenga lugar, debe comprobarse que fue mentira. Por lo que las dos empresas deberán abrir su código y todos los registros al público, para demostrar que no hubo fraude, algo que se negaron a hacer durante la denuncia de Giuliani en 2020.

Junto con Giuliani, este mismo lunes también fue llamado a declarar por la causa en Georgia el actual senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, el nexo de Trump con el establishment del Partido Republicano y quien se puso al hombro su campaña presidencial para 2024.

Además, a fines de junio, el celular de John Eastman, un miembro del equipo de legal de Trump, fue confiscado por agentes federales. Algo que también sufrió el legislador trumpista Scott Perry en los últimos días

Las recientes atropellos judiciales por parte del Departamento de Justicia y el FBI a Trump y a su círculo íntimo demuestran que se ha elucubrado un plan usando los tres poderes del Estado para impedir la candidatura presidencial líder republicano a toda costa.

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Estados Unidos

El FBI le confiscó a Trump sus pasaportes durante el allanamiento en Mar-a-Lago ordenado por Biden

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El ex presidente denunció que los agentes que participaron de la redada se llevaron todos sus pasaportes y que no puede salir del país. Una apretada política digna de una dictadura comunista del Caribe.

En medio de una persecución política y judicial sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump utilizó su red social este lunes para denunciar que sus pasaportes fueron robados por oficiales del FBI durante el allanamiento ejecutado en Mar-a-Lago, su residencia y base de operaciones políticas ubicada en Palm Beach, Florida, la pasada semana.

En la redada del FBI en Mar-a-lago, me robaron mis tres pasaportes (uno caducado), junto a todo lo demás. Esto es un asalto a un oponente político a un nivel nunca antes visto en nuestro país. Tercer Mundo“, expresó Trump en la plataforma Truth Social.

Es probable que los tres pasaportes a los que se refiere Trump en su comunicado sean, además del propio que posee como ciudadano estadounidense, un pasaporte diplomático emitido para oficial del gobierno y un pasaporte solo expedido para presidentes. La confiscación de estos documentos es significativa y un serio abuso judicial, pues sin un pasaporte legal, Trump no puede salir del país.

El pasado jueves, en conferencia de prensa, el Fiscal General de Biden, Merrick Garland, se encargó de aclarar lo evidente: que él personalmente había aprobado el allanamiento a la residencia del exmandatario como parte de una supuesta investigación federal en curso liderada por su departamento y el FBI.

La orden de allanamiento fue liberada al público durante las últimas horas del viernes debido a la creciente presión política y social. Sin embargo, lo verdaderamente importante no se encuentra en la orden, sino en la solicitud de allanamiento (affidavit) que el Departamento de Justicia presentó ante el juez exponiendo los motivos para justificar dicha redada, un documento que Garland se niega rotundamente a publicar.

Según el mismo FBI reporta, en el allanamiento, los agentes federlaes se llevaron un total de 11 cajas con documentos y fotografías personales de Trump, y un total de 27 cajas con documentos de diversa índole, principalmente documentos generados durante su mandato.

La orden firmada por el juez Bruce Reinhart, donante de Obama y ex abogado del pedófilo internacional Jeffrey Epstein, autoriza a allanar “todo archivo presidencial o gubernamental” creado durante toda la etapa presidencial del republicano, bajo la excusa de que se deben proteger los documentos clasificados.

Los abogados de Trump señalaron que como presidente, su cliente había publicado un memo durante los primeros días de su mandato indicando que cualquier documento que él sacara de la Casa Blanca automáticamente quedaba desclasificado, por lo que ningún archivo incautado está clasificado. Según explicó Trump, estos documentos se los llevó a Mar-A-Lago para construir la Biblioteca Gubernamental 2017-2021, como es deber de todos los presidentes que dejan el cargo.

Caída esta versión que intentó instalar la Casa Blanca, Trump denunció que la orden fue utilizada como una cortina de humo por el gobierno de Biden para perseguir a su principal adversario político, confiscándole así sus documentos personales y violando patentemente sus derechos constitucionales.

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Estados Unidos

Biden prohíbe el uso de Tornado Cash, la aplicación que permite transferir criptos de manera anónima

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El Tesoro puso a la aplicación en la lista SDN junto a grupos terroristas, el gobierno de Irán y de Corea del Norte y a oligarcas rusos por la “guerra contra la evasión” de Biden.

El lunes pasado, el Tesoro de los Estados Unidos realizó una votación interna luego de que el presidente Joe Biden les pidiera revisar la legalidad de una aplicación conocida como Tornado Cash, que permite realizar transferencias de criptomonedas de manera totalmente anónima entre sus usuarios.

La votación resultó en favor de prohibir su uso en Estados Unidos, y la aplicación fue ingresada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), donde comparte lugar con organizaciones terroristas, instituciones iraníes y norcoreanas, y empresas estatales rusas. Una decisión bastante exagerada.

Tornado Cash recibe las criptomonedas que uno quiere transferir y mezcla la cadenas de bloques de manera completamente anónima para evitar cualquier tipo de rastreabilidad, para luego depositarle a la persona que se le quería enviar dinero.

A partir de ahora, cualquier persona que envíe o reciba dinero a través de Tornado Cash podría enfrentar hasta 30 años de prisión, incluso si los fondos en cuestión no provienen de una fuente ilegal, ya que según esta determinación “es imposible saber si son fondos legales o no”.

La decisión es polémica. Por un lado, Tornado Cash es una de las mejores herramientas para proteger el anonimato en línea, y hace imposible que el Estado rastree las transacciones, permitiéndole a la gente esconderse de cualquier tipo de persecución. Por el otro, es ampliamente utilizada por criminales para poder mover dinero sin ser rastreado por la policía.

Este complejo balance entre el derecho a la privacidad y la capacidad del Estado a investigar el crimen es un tema que sin dudas requiere de una atención especial por parte de los legisladores, en Estados Unidos y en todo el mundo, pero prohibir una herramienta financiera de cuajo no es la manera.

Además, la importancia de Tornado Cash crece cuando se tiene en cuenta que en el mundo de la blockchain todas las transacciones son públicas, y se pierde el secreto bancario que existe hoy por ejemplo en las transferencias que uno hace a través de un banco.

Si el Estado quiere mirar qué transacciones una persona hizo a través de su banco, necesita una orden judicial y un resumen de cuentas emitidos por la identidad financiera. En cambio, con las criptomonedas, cualquiera puede rastrear públicamente los ledgers.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro, llamó a Tornado Cash “una amenaza significativa para la seguridad nacional” de los Estados Unidos, y alegó que ha sido utilizado repetidamente por piratas informáticos norcoreanos para lavar dinero de múltiples robos millonarios.

Esta declaración es bastante absurda. Cualquier persona puede enviar y recibir cualquier suma de dinero con este crypto mixer, no solamente los grandes carteles. Según un análisis de Chainalysis, solo el 10,5% del dinero transferido en Tornado Cash el último año provino de fondos robados, y un 17,7% de fondos o personas sancionadas.

Esto quiere decir que el otro 71,8% de las transacciones fueron completamente legales. También implica que la Casa Blanca criminalizó a una empresa que anonimiza fondos y violó el derecho a la privacidad de 350 millones de ciudadanos solo por una cantidad menor de transacciones ilegales.

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