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Estados Unidos

Se cae el caso que busca encarcelar a Donald Trump: Nueva evidencia prueba que no estuvo involucrado en los pagos ilegales

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Un documento recientemente descubierto, datado del año 2018, demuestra que el abogado Michael Cohen mintió en sus declaraciones y Trump no fue quien le pagó a la actriz porno Stormy Daniels para que no publicara su libro.

En las últimas horas, mientras todos los medios esperan atentamente la decisión del Tribunal Penal de Manhattan, dirigido por el ultra-demócrata Alvin Bragg, surgió una carta del año 2018 que exculparía a Donald Trump completamente de la causa que está impulsando el gobierno de Biden para encarcelar a su propio rival político.

Bragg, un fiscal demócrata que está hace años intentando arrestar a Trump, ya tuvo que suspender tres días consecutivos la acusación que iba a presentar ante la justicia de Nueva York, luego de que se filtrara que iba a pedir prisión preventiva para el ex presidente.

La causa investiga el pago de una suma de US$ 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, quien en 2016 había amenazado públicamente con que iba a lanzar un libro contando que tuvo una relación amorosa con Trump poco después de su casamiento con Melania Trump.

Daniels firmó un acuerdo de confidencialidad con el abogado de Trump, Michael Cohen, y finalmente no publicó el libro. Dos años después, en 2018, el abogado Michael Avenatti convenció a Daniels que presentara cargos contra Trump dado que el pago se había hecho en plena campaña presidencial, y podría considerarse una extorsión política.

La causa solo pudo encontrar culpable a Michael Cohen, ex abogado de Trump, ya que no hubo evidencia de que Trump le había ordenado o reembolsado el dinero, y la justicia dictaminó que Cohen actuó de su propia voluntad sin el conocimiento del entonces candidato a presidente.

La situación quedó sellada cuando Avenatti cayó preso en 2019, luego de que se probara que había estafado a Daniels y que le había robado dinero. Pero la causa fue tomada dos años después por el fiscal Bragg, quien decidió continuar con la investigación.

Cuatro años pasaron y finalmente Bragg anunció que había conseguido toda la evidencia necesaria para presentar cargos contra Trump. Documentos judiciales fueron filtrados por Fox News el domingo pasado, donde se veía a Bragg diciendo que recomendaría el arresto inmediato de Trump.

El ex presidente publicó la noticia en Truth Social, y acusó a Bragg de estar trabajando con el FBI de manera ilegal para coordinar su arresto de alto perfil. Gracias a la viralización de esta noticia, rápidamente salió a la luz una carta del año 2018, donde Michael Cohen le asegura a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) que la suma de dinero pagada a Stormy Daniels (nombre real Stephanie Clifford) provino completamente de fondos personales suyos.

En la misma carta, además se especifica que ni la Organización Trump ni el equipo de campaña de Donald Trump tuvo participación alguna en la transacción a Stormy Daniels, así como tampoco se realizó el reembolso directa o indirectamente a Cohen por el monto erogado.

Finalizando con el contenido del documento, en representación de Michael Cohen, su abogado, Stephen Ryan, expresó que Cohen no efectuó de ninguna manera contribuciones a la campaña presidencial de Donald Trump, o ninguna campaña política, resaltando que el papel de la Comisión de Elecciones (FEC) no tiene lugar en la investigación, ya que nada tiene que ver con asuntos electorales.

Esta carta estaba presentada ante la justicia y es parte de la evidencia en el caso, por lo cual resulta extraño que el fiscal Bragg continúe intentando procesar a Trump por un delito que claramente no cometió.

Cabe aclarar que seis meses después de presentar dicha carta ante la FEC y a la justicia, Cohen cambió su discurso y negoció un acuerdo con el FBI en el cual se declararía culpable y su sentencia sería reducida, a cambio de que involucre en su discurso también a Trump.

Como parte de su estrategia judicial, Cohen dijo que se usó una offshore para pagarle a Clifford y que luego buscó un reembolso por parte de la Organización Trump, cobrando además una suma respectiva a los costos de la transferencia realizada de $35 dólares, sumados a otros $50.000 dólares relacionados a trabajos tecnológicos competentes a la campaña del presidente Trump.

El total que buscaba Cohen en concepto de reembolsos fue doblado, con fines impositivos, a lo cual se suma un bonus recibido por de US$ 60.000 dólares, totalizando US$ 420.000 dólares en cuotas mensuales para las cuales erogó facturas comerciales. Nada de esto fue demostrado con documentación y quedó todo en palabras, por lo que la sentencia solo incluó a Cohen y no a Trump ni nadie más de la Organización Trump o su equipo de campaña.

Todo indicaba que el martes el fiscal Bragg pediría el arresto de Trump, que actualmente se encuentra residiendo en Mar-A-Lago, Miami. Para esto se levantaron vallas alrededor de la fiscalía en Manhattan y se envió a un equipo del FBI para que negocie la entrega del ex presidente con su equipo de abogados y el Servicio Secreto.

Sin embargo, llegó el martes y ninguna acusación fue presentada. Pasó el miércoles y nuevamente, nada. Este jueves, al menos al momento de la publicación, parece completar el tercer día sin novedades en la causa, que después de este descubrimiento debería ser cerrada inmediatamente ya que no tiene más sustento legal.

El martes, Bragg pidió más tiempo para analizar las pruebas. El miércoles, un miembro del jurado anónimo pidió suspender las actividades debido a "asuntos familiares". Este jueves, nuevamente Bragg pidió una postergación.

Queda solamente el viernes para que Bragg presente pruebas, ya que si no el equipo de abogados de Trump anticipó que pedirá que se anule su imputación en la causa debido a la falta de evidencia que lo justifique.

El senador republicano del estado de Kentucky, Rand Paul, salió públicamente a defender al ex presidente y, junto a los diputados James Comer (Kentucky) y Jim Jordan (Ohio), pidieron desde el Congreso que el fiscal Alvin Bragg informe al Poder Legislativo por qué está investigando a un ex presidente.

Rand Paul fue contundente el martes: "Un encarcelamiento de Trump sin pruebas sería un asqueroso abuso de poder. El fiscal distrital de Manhattan debería ir preso por su abuso de poder y cacería de brujas".

Argentina

Elon Musk recomendó invertir en Argentina después de reunirse por casi una hora con el presidente Javier Milei

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El presidente y el empresario coincidieron en la convención global de inversores que se realiza en Los Ángeles y hablaron sobre las perspectivas económicas de Argentina.

El presidente Javier Milei y el empresario Elon Musk mantuvieron la segunda reunión en menos de un mes este lunes en Los Ángeles. Después de visitar la Gigafactory de Tesla en Texas, esta vez coincidieron en la cumbre global de inversores del Instituto Milken.

Junto al presidente se alinearon la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein. El cónclave duró casi una hora y las dos figuras dialogaron acerca de la libertad económica y de la importancia de la batalla cultural.

Milei había definido una hoja de ruta sobre posibles inversiones en tecnología y minería que le gustaría que Musk lidere. Además, el presidente tenía intenciones de dialogar sobre el impacto cotidiano de la inteligencia artificial y su aplicación en el desarrollo económico.

“La inteligencia artificial nos hará potencia mundial”, comento Milei en Los Ángeles. Y sobre su cónclave con Musk había adelantado a su comitiva: “Quiero que invierta. Adonde quiera”.

Gran encuentro con el Presidente Milei”, posteó Musk en su propia red social X (ex Twitter), tras su encuentro con el jefe de Estado en California. En la foto que subió se lo vio muy contento, haciendo el gesto con los pulgares arriba característico del presidente argentino.

Horas después, Musk redobló la apuesta y publicó un segundo tuit en el que expresó: “Recomiendo invertir en la Argentina”, una publicación que estalló en viralidad en pocos minutos, por la potencia que tiene una recomendación así del empresario más rico del mundo.

Así como alguna vez generó un frenesí de inversión en el Bitcoin con un tweet, se espera que la recomendación de Musk sobre las perspectivas futuras sobre Argentina incentiven a empresarios de todo el mundo a poner su dinero en en país, generando empleo de calidad, nuevos productos y servicios e ingresos de dólares.

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Estados Unidos

Un informe revela que los manifestantes pro-Palestina en Estados Unidos son financiados por los donantes del Partido Demócrata

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Algunos de los grupos que más protestan contra Biden y contra Israel obtienen financiación de los nombres más importantes de los círculos de donantes demócratas.

Un informe del medio POLITICO reveló que la ola de manifestantes pro-Palestina que está azotando a los Estados Unidos en las últimas semanas, que llevó incluso a estudiantes de extrema izquierda a tomar el campus de algunas universidades y expulsar a alumnos judíos, está siendo financiada por los mismos grupos que donan recurrentemente al Partido Demócrata.

En la lista que el medio confeccionó a partir de una rigurosa investigación, aparecen algunos de los más importantes donantes de los círculos demócratas: Bill Gates, George Soros, la familia Rockefeller y la familia Pritzker, entre otros.

Insólitamente, algunos de estos donantes son de ascendencia judía, que parecen no tener problema en destinar una parte de su fortuna en financiar a las organizaciones detrás de las protestas anti-semitas que defienden el accionar del grupo terrorista Hamás, que asesinó a más de 1.500 judíos el pasado 7 de octubre en un atroz atentado genocida.

Los nombres detrás de las protestas

Dos de los organizadores de las protestas en la Universidad de Columbia son Jewish Voice for Peace y la agrupación IfNotNow. Ambos cuentan con el apoyo público de la Fundación Tides, fundada por el megadonante demócrata George Soros, así como por la Fundación Bill y Melinda Gates.

Otro donante demócrata notable cuya filantropía ha ayudado a financiar el movimiento de protesta es David Rockefeller Jr., miembro de la junta directiva del Fondo de los Hermanos Rockefeller. En 2022, el fondo donó 300.000 dólares a la Fundación Tides.

Según los formularios de impuestos de organizaciones sin fines de lucro, Tides ha donado casi 500.000 dólares en los últimos cinco años a Jewish Voice for Peace, que se describe explícitamente como una organización anti-sionista y pro-Palestina.

Este grupo, que ha tomado varias universidades en todo el país, ha declarado que los ataques del 7 de octubre fueron culpa de Estados Unidos y de Israel: “La fuente de toda esta violencia es el apartheid y las ocupaciones israelíes, además de la complicidad de Estados Unidos en esa opresión”.

Estos grupos también están respaldados por una fundación de Susan y Nick Pritzker, herederos del imperio del hotel Hyatt, y asesores de Biden. Los Pritzker han donado millones a numerosas campañas demócratas, incluidos miles de dólares para el Fondo de Victoria de Biden hace unos meses y más de US$ 300.000 dólares por mes durante la campaña 2020.

Otra de las organizaciones que reciben dinero de los Pritzker es Solidaire Action, un grupo de acción política de extrema izquierda que defiende el terrorismo palestino. Su portavoz, Barni Qaasim, también ha celebrado el ataque del 7 de octubre.

Solidaire ha recibido apoyo financiero de los Pritzker, a través de la Fundación Libra, que financia todos los meses a Solidaire Action, supuestamente por sus acciones respectivas al medio ambiente y la justicia de género.

Entre otros ejemplos, la Fundación Libra financia mensualmente a la Alianza por la Justicia Climática, que participó en marchas pro palestinas con carteles que leen la frase “Joe Genocida”. Mientras tanto, Bla Organización por el Liderazgo y la Dignidad Negra, otro grupo respaldado por la Fundación Libra, muestra en su sitio web la participación en múltiples de estas marchas.

A su vez, el Proyecto de Defensa de Inmigrantes, financiado por los Pritzker, fue parte de una protesta en Washington en la que 13 activistas fueron arrestados por la policía del Capitolio después de exigir un alto el fuego permanente en Gaza destruyendo comercios y atacando agentes de seguridad.

La Fundación Tides, financiada por los Prizkers, también ha apoyado el Proyecto de Justicia Adalah, que también ha formado parte de las protestas en la Universidad de Columbia. El grupo escribió en X, que “las universidades son fondos de cobertura, profundamente arraigados en los fabricantes de armas”.

Tides también apoya a Palestina Legal, un fondo de defensa legal que ofrece asistencia legal a “estudiantes que se movilizan contra el genocidio”.

En la propia Casa Blanca se preguntan por qué los mismos donantes demócratas están financiando a estos manifestantes, que incluso han protestado contra Biden. Jewish Voice for Peace ha liderado protestas perturbadoras contra Biden, incluido la bochornosa interrupción de su ostentoso acto de recaudación de fondos en el Radio City Music Hall de Nueva York en marzo.

"Estamos escuchando a personas que quieren asegurarse de que sus dólares no apoyen a personas que apoyan a Hamas y gritan cosas antisemitas", dijo Daniel Goldwin, director ejecutivo de asuntos públicos del Fondo Judío Unido en Chicago, que otorga subvenciones a pequeñas organizaciones sociales que cada vez se están vinculando más con los manifestantes pro-Palestina.

Entrevistado en el informe de POLITICO, Goldwin aseguró que insta a los donantes que quieran seguir donando a las causas demócratas sin que el dinero le llegue a estos grupos que defienden el terrorismo que llamen a las organizaciones y les "expresen sus inquietudes". "Algunos donantes pueden aprovechar este momento para reevaluar adónde va su dinero", completó.

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Estados Unidos

Ley de Atención Médica: Biden extiende por decreto la salud pública del Obamacare a 1 millón de inmigrantes ilegales

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El presidente demócrata amplió el Obamacare a los extranjeros ilegales inscritos en el programa DACA, un costo adicional de casi 3 mil millones de dólares para el Gobierno Nacional.

Este viernes, Biden emitió un decreto para extender los servicios de salud pública del Obamacare y de Medicaid a los inmigrantes ilegales que estén inscriptos en el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que otorga derechos especiales de ciudadanía a casi un millón de extranjeros.

Obama creó por primera vez el programa DACA mediante una orden ejecutiva en 2012, protegiendo a más de 800.000 extranjeros ilegales para que no sean deportados a lo largo de los años, apodados por los demócratas como "soñadores", quienes por estudiar o tener un trabajo podían quedarse en el país a pesar de no tener documentos, aunque con el pasar de los años, se descubrió que no todos cumplían con esos requerimientos.

En este contexto, los investigadores del Centro de Estudios de Inmigración estimaron que el costo de abrir las listas de Obamacare y Medicaid a los extranjeros ilegales costaría a los contribuyentes estadounidenses alrededor de US$ 4.600 por inmigrante.

A ese ritmo, el decreto de Biden tiene el potencial de costarle a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente US$ 2.800 millones de dólares cada año. Esto mientras más de 25 millones de estadounidenses al día de hoy no tienen acceso a los beneficios del Obamacare o Medicaid.

En la justificación de la medida, Biden expresó: "Hace casi doce años, el presidente Obama y yo anunciamos el programa DACA para permitir que nuestros jóvenes vivan y trabajen en el único país al que han llamado hogar. Desde entonces, DACA ha brindado a más de 800,000 Dreamers la capacidad de trabajar legalmente, obtener una educación y contribuir con sus inmensos talentos para hacer que nuestras comunidades sean mejores y más fuertes".

"Estoy orgulloso de las contribuciones de los Soñadores a nuestro país y comprometido a brindarles el apoyo que necesitan para tener éxito. Es por eso que anteriormente ordené al Departamento de Seguridad Nacional que tomara todas las medidas apropiadas para preservar y fortalecer DACA", continuó.

"Y es por eso que hoy estamos dando este paso histórico para garantizar que los beneficiarios de DACA tengan el mismo acceso a la atención médica a través de la Ley de Atención Médica Asequible que sus vecinos.

Biden había anunciado por primera vez la iniciativa para obtener exenciones fiscales para extranjeros ilegales de DACA a través de Obamacare en abril del año pasado. En ese momento, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkaselogió la medida, dando una señal para que más inmigrantes intenten ingresar a Estados Unidos y obtener estos beneficios.

Los senadores republicanos JD Vance y Josh Hawley, así como varios diputados conservadores de la Cámara Baja, habían presionado a Biden para que abandonara el plan el año pasado, pero la administración siguió adelante de todos modos.

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2012, Obama prometió a los estadounidenses que los extranjeros ilegales no serían elegibles para Obamacare, pero más de una década después, su sucesor, Biden, tiene la determinación de completar la destrucción del país.

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