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Economía

Rotundo fracaso del Banco Central: Argentina le quitó 13 ceros a la moneda en 5 reconversiones monetarias en 50 años

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La escalada inflacionaria en el cuarto año de Gobierno kirchnerista reabrió el debate por las reformas monetarias, en lo que podría desembocar en un nuevo proceso de reconversión de la moneda. Un repaso histórico de estas experiencias en Argentina.

El cambio de modelo económico en 2002 y la llegada de los sucesivos Gobiernos kirchneristas reintrodujeron el problema de la inflación crónica nuevamente en la agenda corriente de Argentina. El peso argentino se aproxima cada vez más a una nueva desintegración, la misma suerte que ya corrió cinco veces en las últimas cino décadas.

Desde 1969 hasta 1992, la Argentina introdujo cuatro signos monetarios distintos, quitándole en el proceso 13 ceros a la moneda. El Peso Ley (1970), el Argentino (1983), el Austral (1985), y el Peso Convertible (1992), todos intentaron contener la inflación con nuevas medidas pero todos terminaron en fracaso.

Incluso el peso convertible, introducido por Domingo Cavallo en los principios de la década del ’90, que resultó uno de los más estables de los últimos 100 años, también cayó en la desgracia en los últimos años. Cada caso particular tuvo sus razones para ser reconvertido, pero todas tuvieron detrás el mismo problema: el Banco Central de la República Argentina.

La entidad que se creó para terminar con las corridas bancarias en el siglo XIX y otorgar estabilidad a la moneda, ha logrado solamente el proceso inverso. Desde la nacionalización del Banco Central por Perón en 1946, cuando se le otorgó el monopolio sobre la moneda como la tiene hoy, la inflación mensual de Argentina promedió el 4,26%, algo así como perder $5 pesos de cada $100 ahorrados todos los meses a lo largo de los últimos 80 años.

Asimismo, el dato se vuelve más cruento cuando se mide el nivel promedio de la inflación interanual, que se ubica actualmente, según cifras oficiales, en 187,8% cada año entre 1944 y 2023, una cifra extremadamente alta que solo han tenido Estados fallidos como Venezuela o Zimbabwe.

Es importante aclarar que solamente hubo estabilidad genuina en el período de la Convertibilidad, que duró una década (1992-2002), y tuvo que ser desarmada dado que la medida que puso al peso con paridad del dólar no vino acompañada de reformas estructurales que permitieran mantener esta conversión.

La inflación está tan arraigada en la vida cotidiana de los argentinos que muchos economistas, entre ellos Javier Milei y Emilio Ocampo, abogan por la eliminación de la moneda doméstica y la adopción de una herramienta no controlada por los políticos

La dolarización no sufriría de problemas de conversión ni habría un Banco Central que deba acaudalarse de reservas para mantener un tipo de cambio fijo. Por el contrario, y como ocurrió en Ecuador y en El Salvador, la dolarización terminaría para siempre con el problema de la inflación en Argentina y obligaría a los políticos a mantener las cuentas en orden, perdiendo «la maquinita» que soluciona todos sus problemas.

En rigor, cualquier moneda podría ser usada bajo el programa de dolarización que propone el candidato a presidente de La Libertad Avanza y su equipo de economistas. Sin embargo, los argentinos ya han elegido el dólar como moneda de referencia, y si bien todos van a querer ahorrar en dólares y gastar en otras monedas, el hecho de que todos los agentes de la economía van a demandar dólares, hará que la economía en Argentina quede dolarizada de facto.

Inflación histórica desde 1943.

La libre competencia de monedas entre 1810 y 1881

Para entender el gran fracaso argentino con una moneda nacional, es importante empezar en los inicios del país, y entender que no siempre hubo un peso argentino que el Estado empujara como la moneda de curso legal y forzoso.

En los albores previos a la consolidación del Estado nacional moderno como lo conocemos hoy, Argentina no disponía de una sola moneda de curso legal forzoso sino que se permitía la circulación de una gran cantidad de alternativas sujetas a la libre elección de los ahorristas.

Tampoco se disponía de un ente monopolizador de la emisión monetaria como lo es el Banco Central, que fue creado en 1935 y no obtuvo los poderes que tiene hoy hasta 1946. Por el contrario, había diversas entidades tanto públicas como privadas se encargaron de emitir moneda.

Durante la primera década de la historia argentina, circulaban y convivían diversas monedas de diferentes orígenes. Distintos bancos privados emitían notas de crédito que la gente intercambiaba como moneda, mientras también usaban monedas de otros países muy estables como el Sol peruano y la moneda boliviana (originalmente atada al Sol con un tipo de cambio fijo).

El Banco de Buenos Ayres dispuso la circulación del “Peso Moneda Corriente” a partir de 1826 (también conocido como “peso papel” a secas), mientras que al mismo tiempo circulaba el “Peso fuerte” lanzado desde 1822 y originalmente convertible en metales. Ninguno era de uso obligatorio y los argentinos podían elegir la moneda que preferían.

Unificación monetaria, Convertibilidad y primera experiencia inflacionaria

Los sucesivos Gobiernos se alternaron entre períodos de convertibilidad a una paridad fija entre ambas monedas, y períodos de inestabilidad y devaluación por razones fiscales o conflictos bélicos, pero nunca nadie impuso una sobre las demás como moneda de cambio.

Con la presidencia de Julio Argentino Roca se centraliza la moneda de curso legal bajo un nuevo signo denominado “Peso Moneda Nacional” a partir de 1881. El nuevo sistema monetario establecía al oro y la plata como monedas metálicas, y se determinó un sistema de convertibilidad con una paridad fija para el peso vigente desde 1883.

Esta moneda era la única que aceptaría el Estado a la hora de cobrar impuestos, pero no sería de curso forzoso, ya que cualquiera podría canjearla por reservas (oro y otras monedas). Pero la convertibilidad sólo pudo sostenerse por 17 meses porque en la práctica los bancos provinciales no cumplieron con su promesa de respaldar toda nueva oferta monetaria.

Esto llevó a la «Ley de Bancos Garantidos» de 1887 que eliminaba la convertibilidad, durante la presidencia de Miguel Juarez Selman, que desencadenó el primer estallido inflacionario en Argentina, llegando al 56% anual en 1890 y una brutal devaluación. La descentralización de la emisión monetaria no se acompañó con ninguna regla de convertibilidad (como sí ocurría exitosamente en Estados Unidos).

Tras volver al poder en 1898, Roca restauró la convertibilidad de la moneda a razón de 2,27 pesos moneda nacional por 1 peso oro, entre 1899 y 1914. El sistema colapsó por el shock de la Primera Guerra Mundial, aunque se reestableció en la presidencia de Marcelo T. de Alvear para ser nuevamente boicoteado por la administración de Yrigoyen en 1930, que ya empezaba a planificar la introducción de nuevas teorías monetarias que tomaban fuerza en Estados Unidos y Europa para centralizar la moneda.

Creación del Banco Central y comienzo de la inflación crónica

No fue hasta el gobierno de facto de Agustín Pedro Justo en 1935 que se crea el Banco Central de la República Argentina (BCRA), sentando un primer precedente para la llegada de la inflación.

En esta primera versión, el BCRA funcionaba como la Reserva Federal de los Estados Unidos, con una gran influencia de bancos privados, y sin la función específica de emitir una moneda que fuera de curso legal y forzoso. De hecho, de acuerdo con la ley de creación del Banco Central, esta institución iba a operar únicamente por 40 años y se había planificado su liquidación para el año 1975.

Esto quedó en el olvido tras la nacionalización de la banca central en 1946, durante el primer mandato de Juan Domingo Perón, quien le otorogó a la entidad el monopolio sobre la moneda y la dominancia fiscal sobre la política monetaria. A partir de esa fecha, Argentina tuvo de manera consistene inflación crónica.

El gobierno de Perón estuvo plagado de problemas inflacionarios, llegando a una inflación anual del 60% en el año 1952, una pérdida del poder adquisitivo que nunca se había visto en la Argentina. Perón lanzó un programa de estabilización durante su segundo mandato, echando a su principal asesor en Economía, Miguel Miranda, quien había ideado la nacionalización de la banca y presidido la entidad posteriormente, sin mucho éxito a largo plazo.

Los sucesivos programas de estabilización de otros gobiernos, como los de 1959 y 1967, fracasaron también en erradicar el fenómeno inflacionario. 

Peso Ley 18.188 en el Gobierno de Onganía

Luego de un período de relativa estabilidad cambiaria por el programa de Aladbert Krieger Vasena (que fija el peso en 350 unidades por dólar desde 1967), el Gobierno de Onganía le quitó dos ceros a la moneda por primera vez en la historia y lanzó el nuevo Peso Ley 18.188 para simplificar las transacciones. 

El colapso del programa económico a mediados de 1970 y principios de 1971 condujo nuevamente a una inflación interanual superior a los dos dígitos, y escaló al 79% en mayo de 1973. El fracaso del programa peronista y el estallido post-rodrizago llevaron a la inflación a superar el 777% en mayo de 1976, aminorada al 80% interanual al término del programa de Martínez de Hoz. 

Tras la Guerra de Malvinas y el fracaso de los sucesivos programas económicos de la dictadura, la inflación volvió a abrirse paso y llegó al 340% interanual para junio de 1983.

El asesinato de dos signos monetarios bajo el Gobierno de Alfonsín

La dictadura militar lanzó oficialmente el “Peso argentino” quitando cinco ceros más a la moneda a partir del 1° de junio de 1983. El régimen abandonó el poder con 400% de inflación interanual, y los primeros 19 meses de la gestión de Raúl Alfonsín la llevaron al 1128%, destruyendo por completo el signo monetario.

El Gobierno lanzó el Austral en junio de 1985 como parte de una plan económico “integral” que hoy es reivindicado por Horacio Rodríguez Larreta. El nuevo Austral quitó otros tres ceros, y comenzó cotizando incluso por debajo de la partida de 1 dólar. Pero el radicalismo nuevamente condujo a la destrucción de la moneda, y para 1989 la inflación interanual superó el 5.000% en diciembre.

La Convertibilidad y el nuevo Peso desde 1992

La ley de Convertibilidad fijó una paridad de 10.000 australes por dólar a partir de marzo de 1991, y con ella el país volvió a tener estabilidad monetaria. La inflación se erradicó en menos de 20 meses, y desde el año 1992 el Gobierno de Carlos Menem lanzó oficialmente el Peso como moneda convertible de curso legal quitando cuatro ceros al signo anterior. 

La estabilidad permaneció inalterada hasta enero de 2002 con la derogación de la Convertibilidad. Desde entonces, Argentina incrementó década tras década el nivel estructural de la inflación, hasta llegar actualmente al 104,5% interanual en marzo de 2023. 

El tipo de cambio superó los $410 cuando antes representaba solo $1 por dólar, y el violento y creciente ritmo de la nominalidad del país hace pensar a muchos que prontamente tendrá lugar una nueva reconversión monetaria. Queda librado a la especulación saber si será la reconversión definitiva, o sólo un episodio más en una larga historia de devaluación e inflación.

Economía

El Banco Central rebajó la tasa de política monetaria de los Pases del 60% al 50% y se espera un colapso de la inflación

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La carga de intereses a cuenta de los pasivos remunerados es cada vez menor, después de la quinta reducción de tasas en lo que va de la presidencia de Javier Milei. La autoridad monetaria también tomó la decisión de incrementar nuevamente el encaje legal aplicado sobre las billeteras virtuales.

El Banco Central al frente del Presidente Santiago Bausili determinó una nueva reducción de la tasa de política monetaria de referencia, aquella a cuenta de los Pases, pasando del 60% al 50% nominal anual a partir del 2 de mayo. De esta forma, la tasa efectiva anual fue establecida en el 64,82% según informó el propio BCRA.

En otras palabras, los pasivos remunerados que emite el Banco Central pasan a abonar una tasa nominal equivalente al 4,2% por mes, a cuenta de los Pases que se renuevan cada día. 

La decisión oficial responde a la drástica caída de las expectativas de inflación para los próximos meses, un hecho que se refleja claramente en el informe de expectativas REM que elabora la autoridad monetaria. Las principales consultoras privadas del país también dan cuenta de esta situación, y proyectan un claro escenario de desinflación para 2024.

Las mediciones inflacionarias de alta frecuencia están reflejando el colapso de la variación de los precios minoristas en alimentos y bebidas. Para la consultora LCG, la variación semanal en este rubro fue negativa por más de 1 punto porcentual al término de la quinta semana de abril. 

Los sondeos de Alphacast también prevén una ligera caída de precios hacia la segunda mitad del mes pasado, considerando al rubro de los alimentos. En la misma dirección, el economista Alberto Cavallo (el hijo del exministro de Economía) anticipó mediante un índice diario de precios que la inflación ya está viajando al 5% mensual, descontando el efecto de las tarifas de los servicios públicos.

Entran en juego dos lógicas principales detrás de la rebaja de tasas. En primer lugar, la caída de la inflación efectiva y de la inflación esperada permiten una tasa de interés más baja, ya que de este modo se evita generar rendimientos excesivos medidos en dólares. Pero por otro lado, y más importante aún, la caída de la tasa de interés (en un contexto de cepo cambiario) permite sanear el balance del Banco Central y reducir la expansión monetaria a cuenta de los pasivos remunerados.

La carga de la deuda remunerada en pesos del BCRA es cada vez menor en relación al PBI, y lo mismo ocurre con el pago de sus respectivos intereses. Y desde el Gobierno nacional, el superávit fiscal concretado durante los primeros 3 meses del año permite anular cualquier tipo de financiación monetaria para el fisco.

El Banco Central de Bausili también tomó la decisión de elevar la tasa de encaje aplicado para billeteras virtuales del 10% al 15%, y de esta manera es altamente probable que disminuyan los rendimientos de alternativas como por ejemplo Mercado Pago, además del efecto que tuvo la reducción de tasas.

Se busca generar un marco de reglas de juego que genere incentivos para la compra de títulos públicos al Tesoro por parte del mercado. Esto responde a dos fines bien concretos: por un lado el rollover de la deuda interna en pesos a plazos más extensos, y en segundo lugar la retención de pesos para cancelar Adelantos Transitorios con el propio BCRA (una manera adicional para retirar pesos de la circulación).

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La reforma tributaria que propone Biden amenaza con destruir hasta 788.000 puestos de trabajo a tiempo completo para el año 2025

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Así lo sugiere un reciente informe de la Tax Foundation, estimando el efecto total de los aumentos impositivos que propone la campaña de Biden de cara a las elecciones. Se estima una reducción del 2,2% en la tasa de crecimiento potencial del PBI en caso de aprobarse los cambios.

El Presidente Joe Biden lanzó una agenda económica completamente radicalizada hacia la izquierda, buscando contentar al ala más extremista de su partido (anteriormente representada por el excandidato Bernie Sanders en la contienda electoral del 2020).

En este sentido, el Presidente recuperó una profunda impronta favorable a subir generalizadamente los impuestos en Estados Unidos, tanto para empresas como para personas físicas y para productos importados. Se buscan gravar ingresos, patrimonios y bienes con tasas sustancialmente más elevadas que las actuales.

La Tax Foundation desarrolló un reciente informe estimando el impacto económico que podría desatar el plan fiscal de Biden para el año 2025. Se estima una reducción total del 2,2% en la tasa de crecimiento potencial del PBI, una caída del 3,8% en el capital social potencial acumulado en las empresas, una reducción del 1,6% sobre la masa salarial promedio, y finalmente la destrucción de hasta 788.000 puestos de trabajo a tiempo completo en el sector privado, en relación a la cantidad que cabría esperar de no aprobarse las subas impositivas.

La agenda de los demócratas es, y por diferencia, la más ambiciosa y extremista desde la era de Franklin D. Roosevelt. El esquema tributario resultante de una eventual victoria de Biden en las próximas elecciones de noviembre queda resumido de la siguiente manera:

  • Aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial del 21 por ciento al 28 por ciento (a partir del año fiscal 2025)
  • Aumento del impuesto mínimo alternativo corporativo introducido en la Ley de Reducción de la Inflación del 15 por ciento al 21 por ciento (a partir de 2024)
  • Cuadruplicar el impuesto a la recompra de acciones implementado en la Ley de Reducción de la Inflación del 1 por ciento al 4 por ciento (a partir de 2024)
  • Hacer permanente la limitación de pérdidas comerciales excesivas para las empresas de paso
  • Limitar aún más la deducibilidad de la compensación de los empleados según la Sección 162
  • Aumento de la tasa impositiva global sobre ingresos intangibles de baja tributación (GILTI) del 10,5 por ciento al 21 por ciento, calcular el impuesto jurisdicción por jurisdicción y revisar las reglas relacionadas
  • Derogar la tasa impositiva reducida sobre los ingresos intangibles derivados del extranjero (FDII)
  • Ampliar la base del impuesto sobre la renta neta de inversiones (NIIT) para incluir ingresos comerciales no pasivos y aumentar las tasas del NIIT y el impuesto adicional de Medicare para alcanzar el 5 por ciento sobre ingresos superiores a $400,000
  • Aumento del impuesto sobre la Renta individual al 39,6 por ciento sobre ingresos superiores a $400 000 para declarantes solteros y $450 000 para declarantes conjuntos (a partir de 2024)
  • Gravar las ganancias de capital a largo plazo y los dividendos calificados a las tasas ordinarias del impuesto sobre la renta para Ingreso imponible por encima de US$ 1 millón de dólares, y gravar las ganancias de capital no realizadas en caso de fallecimiento por encima de una exención de US$ 5 millones, revirtiendo parcialmente la reforma de George Bush (2001-2003)
  • Triplicar los aranceles de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, desatando una nueva guerra comercial con el gigante asiático

Pese a las subas impositivas, la administración Biden no propone un sendero sostenido de reducción del déficit fiscal, ya que la mayor parte del paquete tributario se vería acompañado por nuevas expansiones presupuestarias. 

Y a diferencia de la estrategia seguida por el expresidente Donald Trump, la guerra comercial con China que propone desatar Biden se produciría en un contexto de profunda caída en la competitividad fiscal de Estados Unidos, todo lo contrario a lo que ocurrió entre 2017 y 2020 (cuando las empresas estadounidenses disfrutaron de fuertes recortes impositivos).

Esto deja a Estados Unidos en una posición comparativamente difícil para forzar una nueva “tregua” con China en la cual se flexibilicen controles cambiarios o medidas arancelarias proteccionistas, como sí ocurrió tras el último acuerdo firmado en 2020.

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Con Milei, los bancos vuelven a cumplir su función fundamental: Prestarle dinero a familias y empresas y no al Estado

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Se redujo drásticamente la absorción de crédito a través del Estado nacional y el Banco Central, y se amplía la cantidad de recursos disponibles para ser prestados al sector privado productivo. La política económica del Gobierno produjo un punto de inflexión para el sistema financiero.

Desde la caída de la convertibilidad y el rebrote inflacionario en la Argentina, la proporción de crédito retenido deliberadamente por el sector público fue creciendo incesantemente en los últimos años.

El Estado se adueñó de una parte creciente en la cantidad de pesos disponibles generados por el ahorro del país, y en consecuencia se redujo la proporción canalizada por el sector privado (las familias y las empresas). Mientras que el crédito al sector privado superaba holgadamente el 20% del PBI durante el menemismo, al término del último experimento kirchnerista consiguió superar a duras penas el 7% del PBI en 2023

A partir de diciembre de 2023, la política económica ejecutada por el Presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo se propuso un giro drástico en la direccionalidad del crédito argentino. El superávit financiero del Sector Público Nacional (SPN) permitió liberar una gran masa de recursos para el sector privado, algo que hasta el momento parecía completamente imposible.

Por primera vez desde 2018 se produjo un rebrote de créditos hipotecarios, nuevamente atados a la unidad UVA más un cierto margen de rendimiento en términos reales. Estos créditos no solo permiten la reapertura del mercado de crédito inmobiliario, sino que además implican una fuerte presión para aliviar los aumentos sobre los precios de los alquileres.

A partir de la nueva política económica, los bancos privados debieron replantearse la canalización del crédito. El Gobierno nacional dejó de incurrir en amplias licitaciones por encima de sus posibilidades para financiar el déficit (las licitaciones actuales solo refinancian la deuda interna), y el Banco Central profundizó su agresiva política de rebajas en la tasa de interés que pagan los Pases (ahora hasta el 60% nominal anual).

Todo esto abrió la posibilidad de volver a financiar a las familias vía hipotecas, y a las empresas a través de diversos proyectos de inversión productiva. El Gobierno espera que este efecto, habitualmente llamado “crowding-in” o desplazamiento positivo, contribuya activamente a la reactivación de la actividad económica a partir del segundo semestre del año.

Dada la fuerte credibilidad en la política económica, el mayor ahorro del sector público (efecto recesivo) podría ser compensado por un repunte de la inversión del sector privado por la vía del crédito (efecto expansivo).

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