El temido PL 2630/2020 que busca censurar para siempre las redes sociales y el internet en Brasil podría aprobarse tan pronto como en 15 días. Este sería el "Cruce del Rubicón" que pondrá al país definitivamente del lado de las dictaduras comunistas como Venezuela o Nicaragua.

Brasil atraviesa un momento de máxima tensión donde la democracia brasileña, especialmente el precepto de libertad de expresión y de prensa, cuelga de un hilo. Lula ha decidido impulsar el Proyecto de Ley (PL) 2630, oficialmente Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet pero coloquialmente llamada como "Ley Anti Fake News" en una sesión de emergencia en el Congreso.

La legislación recibió originalmente media sanción en el Senado en 2020, en un intento de los partidos opositores a Bolsonaro en aquél momento de presionarlo para que no apruebe otras leyes que estaba impulsando en plena pandemia.

Sin embargo, el presidente amenazó con que esa ley nunca vería la luz del día, negoció con la oposición y ante la advertencia de que no pasaría su veto, la ley quedó cajoneada en la Cámara de Diputados. Pero ahora Lula la ha revivido y quiere que se apruebe este mismo año.

El relator de la ley en la Cámara Baja, Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), consiguió aprobar la petición de votación de urgencia que le había pedido Lula, sin embargo este martes, el propio Silva pidió al presidente de la Cámara, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), que se retirara la votación del orden del día al comprobar que no tendría votos suficientes para ser aprobada.

Ahora la votación se ha pospuesto para dentro de quince días, mientras Lula recrudece la persecución política contra Bolsonaro, quien regresó el país hace unas semanas tras su exilio en Estados Unidos, y ya fue allanado por la Policía Federal, y se le incautaron tanto teléfonos celulares como pasaportes.

El PL 2630/2020 tiene como objetivo instalar una fuerte censura de redes sociales y del internet en general. Compañías como Google, Facebook, Twitter, y Telegram, deberán reacomodar sus algoritmos para filtrar información que el gobierno señale como "potencialmente desinformativa".

A pesar de que todas estas compañías ayudaron a Lula durante las elecciones del año pasado, priorizando información en los resultados que afectaba negativamente a Bolsonaro, esto lo hicieron por decisión propia tras un pedido de la Casa Blanca, luego de que el gobierno de Joe Biden decidiera apoyar al Partido de los Trabajadores (PT).

Pero ahora, lo que quiere Lula y la coalición de izquierda que gobierna, es que estas empresas filtren su información directamente siguiendo las exigencias del Estado brasileño, e incluso poner interventores en las direcciones de estas compañías para "terminar con la manipulación de las noticias".

En una acalorada rueda de prensa el martes, el ministro de Justicia y Seguridad de Lula, Flávio Dino, dijo que los gigantes tecnológicos habían intentado “censurar y manipular” el debate sobre la ley. “Querían censurar al Parlamento, censurar el proceso legislativo, con una violencia pocas veces vista en Brasil”.

Esta semana, la página principal de búsqueda de Google levantó un mensaje alertando a los usuarios en Brasil que “el PL de las Fake News puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad y lo que es mentira en Brasil”. Al hacer clic en él, aparecía un mensaje institucional de Google Brasil firmado por su Director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas, Marcelo Lacerda: “Si se aprueba en su forma actual”, decía el texto, “el PL iría en contra de su objetivo original de combatir la propagación de noticias falsas”.

El ministro Dino prohibió por decreto a Google promover posiciones contrarias al texto de la ley sin informar debidamente a los usuarios de que se trataba de publicidad. “Además de instar a la retirada del contenido”, declaró en rueda de prensa, “fijaré una multa por un valor máximo del 20% de la facturación bruta, además del bloqueo cautelar de las cuentas bancarias de Google”.

Dino reiteró ayer: “Google ha infringido el Código de Defensa del Consumidor, en el apartado de publicidad abusiva y publicidad encubierta, que es una forma de publicidad engañosa”. Cabe aclarar que si Google estuviera infringiendo la ley, debe ser llevada a juicio, en lugar de recibir una multa arbitraria por parte de un ministro del Poder Ejecutivo.

Con la amenaza de tener que pagar 1 millón de reales por hora (unos 200 mil dólares), Google retiró el enlace de su home page. Sin embargo, sus representantes respondieron a las acusaciones de propaganda del ministro Dino.

“Las afirmaciones de que estamos cambiando los algoritmos para que los contenidos contrarios al proyecto de ley aparezcan en la parte superior de la página en detrimento de otras publicaciones favorables son falsas. En las últimas semanas, hemos expresado de forma pública y transparente nuestra posición respecto al PL 2630 a través de nuestro blog oficial", afirmó. "Creemos que el debate sobre una legislación que puede afectar a la vida de millones de brasileños y empresas debe implicar a todos los sectores de la sociedad”.

🇧🇷 | Tras alertar a los usuarios sobre el peligro de la aprobación del proyecto de ley de la censura (PL 2630), el ministro de Justicia de Lula, Flávio Dino, dijo que Google será obligado a colocar un texto a favor del mismo proyecto de ley en su página principal. pic.twitter.com/EfJxy6ueoQ

— Maria Laura Assis (@MLauraAssis) May 2, 2023

La crítica más significativa al PL de las Fake News se refiere a quién será responsable dentro del Gobierno de llevar a cabo la política "anti fake news". Originalmente se preveía la creación de un órgano de control “autónomo pero elegido por el ejecutivo” para decidir qué contenidos deben ser eliminados por supuestamente falsos y cuáles no, y para controlar que se multe a los gigantes tecnológicos en caso de no aceptar.

Sin embargo, ante el pedido de algunos partidos de centro de no crear un nuevo organismo, el Partido Comunista de Brasil aceptó enmendar la ley, pero el artículo quedó ambigüo y no queda claro quién llevará a cabo estas tareas de censura.

Por como quedó escrita la ley ahora mismo, hay un gris legal que según analistas legislativos, dejaría la decisión en nada más y nada menos que el propio presidente Lula da Silva. Todo indica que estas tareas pasarían a algún ministerio, posiblemente el Ministério das Comunicações (MiCom).

Este ministerio, en manos de Juscelino Filho, ya había obtenido poderes extraordinarios en enero de este año, a través de los decretos que firmó Lula en su primer día como presidente: el Decreto Nº 11.328 y el Decreto Nº 11.362.

Dentro del MiCom se estableció el nuevo Departamento para la Promoción de la Libertad de Expresión, que hace todo menos promover la libertad de expresión. Este departamento tiene entre sus competencias “proponer y articular políticas públicas para promover la libertad de expresión, el acceso a la información y combatir la desinformación y los discursos de odio en Internet”, y usará esta ley "Anti Fake News" para extender fuertemente su alcance.

Otro punto crítico de esta ley es la responsabilidad civil de los contenidos publicados por terceros en las redes sociales, que hasta ahora no existe y esto fue hecho para que las redes sociales no funcionen como editores de contenido si no como plataformas.

Si la ley se aprueba en estos términos, las plataformas pasarán a responder judicialmente ante los tribunales como parte de cualquier causa que se inicie por lo que ocurre entre dos usuarios de la misma. El texto también las obliga a informar a la policía si sospechan que se ha producido o puede producirse un delito en el futuro.

Las “big tech” afirman que solo podrán hacerlo actuando como “policía de Internet”, creando un sistema de vigilancia permanente. Lo que no entienden es que esto es exactamente lo que quiere Lula, utilizando las herramientas del Gobierno para que lo hagan debajo de su supervisión.

En virtud del PL 2630, las plataformas deberán elaborar informes de transparencia semestrales para informar sobre los procedimientos de moderación de contenidos y asegurarle al gobierno que estén cumpliendo sus requerimientos.

Además, deberán contratar una auditoría externa para evaluar el cumplimiento de la ley. Y todo ello debe estar abierto al público, en portugués. Google se defiende diciendo que el modelo “conlleva graves amenazas para la libertad de expresión” y que “se animaría a las empresas a eliminar discursos legítimos, lo que daría lugar a un bloqueo excesivo y a una nueva forma de censura”.

Según el diario O Globo, quien lideró la redacción del proyecto, es el investigador comunista Ricardo Campos, autor del libro “Fake News y Regulación”. Campos, además de ser profesor en Alemania, es socio del bufete de abogados Walfride Warde, que defendió a los implicados en el Lava Jato y consiguió que queden todos en libertad.

Entre ellos se encuentra Sergio Cabral, ex gobernador del estado de Río de Janeiro y uno de los mayores implicados en la ola de casos de corrupción de la causa Odebrecht. Campos recientemente ofreció una cena en honor de Cabral, cuya reciente liberación enterró definitivamente la operación Lava Jato.

Cabral había acumulado condenas por un total de 425 años y era el último convicto que seguía en prisión de la mayor operación anticorrupción de la historia del país desencadenada en 2014 por el descubrimiento de una trama de sobornos millonarios. Así como Lula, Cabral quedó en libertad por un tecnicismo jurídico y no fue absuelto.

Si el proyecto de ley sobre las fake news se aprueba dentro de quince días o en los próximos meses, su voto representará un cambio de paradigma absoluto en el país, y oficialmente se puede empezar a hablar de Brasil como otro caso de una democracia que cae en manos de una dictadura comunista, como ocurrió en Venezuela y Nicaragua.