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Economía

El Plan Motosierra de Javier Milei: Las 4 propuestas para achicar el Estado y llegar al déficit cero

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El programa fiscal de Milei propone eliminar el déficit financiero del Sector Público Nacional en un año, como parte de un ajuste mucho más ambicioso del que propone el FMI. Se reducirán las transferencias discrecionales, el déficit de las empresas del Estado y el gasto en obra pública.

El candidato liberal Javier Milei propuso una serie de reformas estructurales para transformar la economía argentina, entre ellas la reforma del Estado en lo que denominó como “plan motosierra”. Se propone que el ajuste fiscal recaiga sobre el sector público, y minimice todos los costos para la sociedad y los sectores más vulnerables.

El programa apunta a una rápida consolidación fiscal del Sector Público Nacional (SPN), no solamente eliminando el déficit primario entre gastos operativos e ingresos tributarios, sino también logrando cubrir los costos por el pago de intereses de deuda.

Se pretende arribar a un genuino déficit cero en el primer año de Gobierno, lo cual representa un ajuste equivalente a los 5 puntos del PBI, como la primera etapa de un sendero de reducción que se mantendría en el tiempo. El ajuste propuesto alcanza a duplicar al que se llevó a cabo durante la reforma del Estado anunciada por el presidente Carlos Menem, que redujo el tamaño del SPN en un 2,5% del PBI entre 1989 y 1990.

La reforma del Estado de Milei

Ajuste sobre los gastos de obra pública

El Gobierno nacional destina un promedio equivalente al 2,5% del PBI para la financiación de múltiples proyectos de obra pública en todo el país, una partida especialmente controversial por ser objetivo de numerosos casos de corrupción (los más famosos vinculados a la actual vicepresidente Cristina Kirchner).

El programa de Milei propone instaurar un sistema de iniciativa privada similar al que funciona en Chile hace más de 20 años, con el objetivo de que cualquier obra pública de interés nacional pueda ser financiada con recursos 100% privados, a cambio de que el Gobierno otorgue garantías y concesiones sobre la explotación de esas infraestructuras (esto aplica por ejemplo a puentes, rutas, autopistas, represas, gasoductos, oleoductos, etc).

El Estado nacional solo desembolsaría recursos propios para aquellas obras en las que el sector privado no muestre interés de invertir por falta de rédito económico, como por ejemplo las obras para prevenir inundaciones. Esta maniobra podría reducir el gasto público de manera significativa, sin ningún tipo de costo perceptible para la sociedad.

Ajuste sobre las transferencias discrecionales

En un contexto de violenta inflación, resulta muy usual que los presupuestos apliquen un determinado parámetro de inflación esperada para llevar adelante la planificación de los gastos anuales, y que finalmente el parámetro no se cumpla. El Presupuesto 2023 es un ejemplo notable, ya que se fijaba una inflación del 60% cuando en realidad podría oscilar entre el 150% y el 190% para diciembre.

Esta diferencia entre inflación esperada e inflación efectiva no es trivial para el Presupuesto, genera una partida de recursos con asignación discrecional que el Gobierno de turno tiene a su disposición. Este “exceso” de recursos se crea a partir de la mayor recaudación nominal por todos los impuestos vinculados a la evolución real de la economía, exceso que no fue previsto por el Presupuesto original.

La mayor parte de estos gastos aplican para las Provincias sin ningún criterio objetivo, y representa una factura de por lo menos el 5% del PBI (dependiendo de qué tan grosera sea la diferencia entre la expectativa de inflación y la realidad). El plan económico de La Libertad Avanza propone utilizar esta partida como una fuente más para el ajuste fiscal, transfiriendo únicamente los gastos que se consideren prioritarios.

Simplificación de la estructura del sector público y plan de privatizaciones

La simplificación del “esqueleto” del Estado nacional no solamente permitiría mejorar la eficiencia en la toma de decisiones sino también bajar el gasto público. Se propone reducir la cantidad de ministerios de 21 a 8, retornando así a la misma cantidad que había en el año 1998.

También se propone la eliminación de algunos organismos dependientes de la dirección de los ministerios, como por ejemplo el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La reducción de la cantidad de ministerios o la eliminación de organismos dependientes no implica la desaparición de sus funciones, sino su absorción por una estructura más simple y más eficiente. 

Por ejemplo, las funciones del Conicet serían absorbidas por el nuevo ministerio de Capital Humano, que nucleaba funciones de educación, salud y trabajo. Ocurriría exactamente lo mismo para las funciones que hoy son llevadas a cabo por los ministerios de Educación, de Salud, de Mujeres, etc.

La primera etapa del programa no contempla la reducción del personal del sector público, aunque sí se propone la introducción de un sistema de retiros voluntarios a medida que avancen las reformas estructurales restantes.

Por otra parte, la privatización de empresas estatales se propone eliminar el déficit equivalente al 1% del PBI que cada año le significan a la sociedad, además de las acreencias que el Estado podría reservarse por estas ventas. Este proceso requiere de una primera fase de reestructuración de las empresas con déficit, para posteriormente su llamado a licitación.

Reducción de los subsidios económicos

La factura por subsidios a las tarifas de los servicios públicos representan un monto que oscila entre el 2% y el 3% del PBI cada año, principalmente sobre las facturas de electricidad, gas y transporte público. 

El programa económico de Milei propone modificar lo que se conoce como ecuación económico-financiera de los contratos, presente en los pliegues de licitación que regulan a cada uno de estos servicios, y de esta manera reducir la cuantía de los subsidios en términos reales.

A fin de evitar que la totalidad del ajuste se aplique sobre el precio de las tarifas, se buscarán emplear otras variables como por ejemplo ofrecer una mayor duración de los contratos de concesión, modificar el nivel de apalancamiento de las empresas, reprogramar inversiones, y ofrecer beneficios impositivos para atenuar el impacto sobre el bolsillo de la sociedad.

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El Presidente Biden anunció una nueva guerra comercial contra China: Se establecieron aranceles de entre el 25% y el 100%

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Biden desató una agresiva impronta arancelaria contra China como no se veía desde el año 2019. Se espera una pronta respuesta arancelaria por parte del régimen de Xi Jinping, desatando así una nueva guerra comercial que repercutirá a nivel global.

En medio de la campaña electoral, y viéndose superado por las principales encuestas frente a su contrincante republicano Donald Trump, el Presidente Joe Biden anunció una oleada de represalias arancelarias en contra de las importaciones provenientes de China, muchas de las cuales afectan a sectores especialmente dinámicos y competitivos.

Biden tomó la decisión de establecer recargos drásticamente más elevados en comparación a los que había establecido su predecesor entre 2018 y 2019, pero con una lógica sustancialmente diferente: esta vez se pretende articular una protección de carácter permanente, y los aranceles ya no se ven inmiscuidos como una mera regla de negociación para que China profundice la desregulación sobre su mercado de divisas.

El Presidente Biden anunció una impronta abiertamente proteccionista, y los principales damnificados de esta política serán los propios consumidores estadounidenses que deberán enfrentarse a precios y costos más elevados. Se anunciaron las siguientes disposiciones contra las importaciones chinas:

  • Arancel del 25% sobre el acero y el aluminio
  • Arancel del 50% sobre semiconductores y paneles solares
  • Arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos

Los aranceles anunciados protegerán a la industria estadounidense frente a la competencia china, en detrimento de la calidad de sus productos y del poder adquisitivo de los consumidores locales. Muchas enfrentas enfrentarán un gran aumento de costos que sin lugar a dudas será trasladado al bolsillo del consumidor.

También constituye un fuerte desaliento para la inversión extranjera directa de largo plazo, ya que la constante alteración de las reglas de juego generan un clima de inestabilidad que hace imposible la previsión.

Pero incluso a pesar de los evidentes daños generados para los consumidores, los beneficios para la industria estadounidense podrían verse diluídos rápidamente, tan pronto como aparecieron en primer lugar.

Dado el gran tamaño de la economía estadounidense, resulta factible que la aplicación de aranceles puntales revitalicen frente a su par asiático. Sin embargo, es casi un hecho el régimen chino adoptará medidas arancelarias de represalia en la dirección opuesta, desatando una nueva y agresiva guerra comercial.

En caso de que esto ocurra, y con toda seguridad resulta el escenario más probable, entonces quedarían erradicadas todas las ganancias de competitividad que pudiera tener Estados Unidos frente a China. 

El resultado de equilibrio podría traer aparejado un nivel más alto de precios internos tanto en China como en Estados Unidos, pero ninguna ganancia de competitividad para ninguno de los dos países debido a que la relación entre aranceles permanecería relativamente constante.

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Colapsa la inflación a un dígito: La suba de precios fue de 8,8% mientras que la núcleo fue de 6,3%, lo valores más bajos en casi un año

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La mayor parte de los aumentos se observaron en los bienes y servicios regulados, como resultado de una necesaria corrección de precios relativos que había postergado el Gobierno anterior.

El INDEC informó que la tasa de inflación minorista correspondiente al mes de abril finalizó en torno al 8,8% con respecto a marzo, marcando así el cuarto descenso consecutivo de la variación de precios. La cifra anunciada se encontró en línea con lo esperado por la mayoría de las consultoras privadas del país.

La tasa de inflación interanual alcanzó el 289,4% frente al mismo mes del año pasado, y se espera que pueda comenzar a bajar a partir del dato del mes de mayo debido al efecto de arrastre estadístico que se acumula desde el salto de diciembre.

La variación mensual más importante se registró sobre las tarifas de servicios públicos, como parte de una necesaria corrección de precios relativos. Los precios de la vivienda y los servicios de agua, electricidad, gas y combustibles aumentaron en un promedio de 35,6% en abril, más de cuatro veces la tasa de inflación general del mes.

Asimismo, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas subió en un promedio del 6%, por debajo de la inflación general. Esto anticipa una cierta recomposición de ingresos, que ya habría comenzado en febrero según los datos de remuneraciones aglutinados en el SIPA.

La tasa de inflación para aquellos bienes y servicios estrictamente regulados fue del 18,4%, como resultado del proceso de sinceramiento que se atraviesa desde el 10 de diciembre. El verdadero resultado de la política fiscal y monetaria se corresponde con el fuerte descenso de la inflación núcleo, que fue del 6,3% en abril y se anotó la variación más baja en 15 meses

La tasa de inflación núcleo, que elimina el impacto de los precios de las tarifas públicas y los bienes con comportamiento estacional, había alcanzado el 28,3% al cierre de diciembre, y desde enero comenzó un fuerte proceso de reducción a la par del ajuste fiscal y monetario.

Asimismo, los precios mayoristas relevados en el IPIM del INDEC llegaron a aumentar hasta un 54,3% en diciembre (prácticamente una hiperinflación de manual), y esta variación se redujo drásticamente 5,4% al término de marzo

La política económica que lleva adelante el oficialismo impactó primero en el tipo de cambio, más tarde en los precios mayoristas y luego en los minoristas. Se espera que el último eslabón en reaccionar a la desinflación sean precisamente los salarios, con lo cual podría registrarse un proceso de recomposición en el poder de compra conforme baje la inflación en los próximos meses.

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El Banco Central encontró pérdidas adicionales por US$ 45.000 millones de dólares que el kirchnerismo había dejado escondidas

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Se trata de la valuación de las Letras Intransferibles deliberadamente encajadas al Tesoro computando valores ficticios y artificiales, una maniobra iniciada durante la gestión del expresidente Kirchner pero que profundizó Massa en su paso como Ministro de Economía. 

Tras años de maquillaje en las estadísticas del Banco Central, el presidente Santiago Bausili al frente de la institución decidió llevar a cabo un sinceramiento monetario para mostrar el verdadero resultado del balance según las normas contables vigentes.

De acuerdo a las correcciones exhaustivas llevadas a cabo, el BCRA sumó un quebranto a su balance de por lo menos US$ 45.000 millones como resultado de las pésimas administraciones kirchneristas en los últimos 20 años.

Este resultado se debe a la valuación de las Letras Intransferibles que el Tesoro utilizó para hacerse de las divisas en el BCRA en la gestión del expresidente Néstor Kirchner, práctica que se continuó desde el año 2007.

Estos instrumentos se utilizaron para canjear deliberadamente las reservas del Central a cambio de un papel sin mayor importancia y meramente ceremonial en los asientos contables, una práctica que impulsó el entonces ministro de Economía Sergio Massa a todo vapor.

“El principal impacto de esta adecuación se observa en los criterios de valuación de las Letras Intransferibles y Otras Letras del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses, así como de los Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional”, resalta el comunicado de la autoridad monetaria.

Se calcula que la verdadera valuación de las Letras Intransferibles es hasta un 60% inferior al resultado que hasta ahora se contemplaba en la hoja de balance del BCRA, y como resultado se obtiene el “costo de sinceramiento” por la suma equivalente a los US$ 45.000 millones de dólares respectivamente.

Asimismo, la administración de Bausili dispuso de un nuevo cambio en el funcionamiento de la institución y su comportamiento con respecto al Tesoro: se detendrá abruptamente el envío de transferencias de utilidades al Tesoro Nacional, ya que estas simplemente constituían un artilugio contable que escondía la monetización del déficit fiscal.

Lo que ocurría anteriormente es que el Banco Central reportaba supuestas “ganancias” por la mera tenencia de divisas en su poder, ya que estas se veían revaluadas en pesos con cada devaluación ejecutada sobre el cambio oficial. Pero estas ganancias fueron meramente contables, jamás existieron y no se explicaron por la propia operativa del banco.

Desde el 10 de diciembre del año pasado el BCRA también abortó cualquier tipo de transferencia por concepto de Adelantos Transitorios, la principal fuente de monetización fiscal por vía directa. Son pasos necesarios para 

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