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Milei presenta un amparo para evitar que Alberto Fernández pase a planta permanente a miles de empleados antes de abandonar el gobierno

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También busca frenar licitaciones poco transparentes que comprometerán al Estado argentino a contratos por varios años con empresas estatales tanto locales como extranjeras.

A dos semanas de las elecciones nacionales, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó este miércoles una medida cautelar ante la justicia federal para que se ordene al gobierno de Alberto Fernández “la inmediata suspensión de todos aquellos actos que comprometan los recursos del Estado Nacional”.

La denuncia fue impulsada a través de su abogado, Diego Spagnuolo, quien la semana pasada había realizado una presentación similar en la mesa de entradas de Casa Rosada dirigida hacia el presidente Alberto Fernández.

El diputado libertario tuvo la idea de presentar dicho amparo cuando se enteró que el kirchnerismo, en retirada, está buscando frenar miles de contrataciones y pases a planta permanente de ñoquis que Alberto Fernández quiere cerrar antes del 10 de diciembre.

Una vez que estas personas pasen a planta permanente, será extremadamente difícil desvincularlos como parte del Plan Motosierra de Milei, en el que busca recortar todos los empleados públicos que hayan sido designados por razones políticas durante los últimos 10 años.

La medida cautelar se funda en la “inusitada gravedad institucional que revisten los actos y conductas materiales impetradas por el (aún) Gobierno Nacional” vinculadas a designaciones de empleados públicos y llamados a licitaciones, entre otras medidas.

Según el libertario, tiene derecho a presentar la demanda por tratarse del “candidato individualmente más votado y ganador de las elecciones PASO”, cuando obtuvo el 13 de agosto el 29,86% de los votos válidos.

Los resultados de esas elecciones, sin lugar a duda, dan cuenta de las altas probabilidades de resultar electo Presidente de la Nación y, por ende, ostentar la titularidad del Poder Ejecutivo nacional a partir del 10 de diciembre próximo”, señaló el economista.

La medida cautelar tiene por objeto evitar graves perjuicios al erario y a la administración que probablemente deba asumir luego de las próximas eleccionesmi legitimación para solicitarla es evidente”.

Según consta en el escrito, Milei busca frenar la implementación de la siguientes medidas que está llevando a cabo la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa.

– El pase de empleados públicos a planta permanente en las dependencias gubernamentales, entre ellos, 180 cargos del Conicet, 200 cargos vacantes de planta permanente del Ministerio de Seguridad; entre otras posiciones en organismos públicos. En total son alrededor de 728 cargos que se quieren pasar a planta.

– Frenar las contrataciones públicas que tienden a “incrementar el gasto público”, entre ellas, la decisión de prorrogar por sesenta (60) días el plazo inicial de las concesiones hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila “hasta el 11 de octubre de 2023, a escasos días de las elecciones nacionales, lo que no hace más que generar incertidumbre y preocupación en el sector eléctrico”.

– Un cese del Decreto 443/23 relacionado con el Programa de Incremento Exportador que impacta en la política nacional de comercio exterior.

– La designación de los cargos jerárquicos más altos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

– La revisión de los cuadros tarifarios de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica.

– La licitación de Enacom del espectro 5G por tratarse de una convocatoria “mal diseñada que afecta el futuro del desarrollo de las comunicaciones en Argentina” y en la que, subrepticiamente, se “pretende beneficiar a las empresas estatales en perjuicio del sector privado”.

– La adjudicación de contratos para la emisión y entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y pasaportes.

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La Justicia investiga otra megacausa contra los piqueteros: Hay más de 1.000 denuncias sobre extorsiones para ir a las marchas

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La causa recayó en el juez Ariel Lijo, quien ordenó diversos informes y declaraciones testimoniales. Por el momento, Patricia Bullrich confirmó que se judicializaron más de 10 mil casos.

La causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que puso contra las cuerdas a los principales grupos piqueteros por extorsionar a los beneficiarios de planes sociales para que vayan a las marchas para seguir cobrando el programa.

Esta semana comenzó con una serie de allanamientos en la causa que engloba al Polo Obrero, pero no es la única que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Su colega Ariel Lijo tiene a cargo otra mega causa por los mismos delitos.

En ese expediente, según se pudo saber de fuentes judiciales, hay más de 1.000 denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134. La causa que tramita en el juzgado de Lijo, incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei.

Una fue de las protestas del 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía.

Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.

El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA).

La marcha de ese día fue masiva, aunque el acatamiento al paro fue dispar en varios rubros. Junto a los gremios, se movilizaron los grupos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad, y el Plenario Sindical Combativo.

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"Se les acabó la luna de miel": Por fin separaron a las asesinas de Lucio Dupuy, que estaban viviendo juntas en la cárcel

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Magdalena Espósito Valenti abandonó la cárcel de San Luis custodiada por el Servicio Penitenciario Federal. La separación de las asesinas era algo reclamado por la familia de Lucio.

Las mujeres condenadas a perpetua por el homicidio y abuso sexual de Lucio Dupuy fueron separadas por decisión de la Justicia de La Pampa, y tras la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que sean movidas a una cárcel federal.

Se trata de Magdalena Espósito Valenti, madre del nene de 5 años asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021, y su novia Abigaíl Páez, quienes estaban conviviendo juntas en una cárcel de San Luis.

Ambas estaban alojadas en la misma celda del Complejo Penitenciario de San Luis, hasta esta madrugada, cuando la primera fue trasladada por el Servicio Penitenciario Federal al Complejo Penitenciario Federal N° 6 ubicado en Lujan de Cuyo, Mendoza.

Desde que fueron detenidas, la familia de Lucio reclamaba que cumplan la pena en prisiones diferentes. “Están de luna de miel”, solían denunciar los abuelos del niño asesinado al respecto.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de X un mensaje al respecto. "Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy", tituló, y explicó: "Lo mataron su madre y su novia. Se lo sacaron a su abuelo y a su tía. Lo torturaron hasta matarlo. En su declaración, la pareja asesina confesó que Lucio era "el obstáculo": así le decían para estar juntas y por eso lo mataron".

"Estaban juntas en la cárcel de La Pampa, lo que para el abuelo y la tía era darles un beneficio y no una pena. Por eso, nos pidieron separarlas y así lo hicimos", expresó la ministra.

"Ahora ya están separadas, en dos cárceles en provincias distintas, y pasarán hasta el último día de sus vidas encerradas y sin verse. Las responsables de su sufrimiento y el de toda su familia van a tener su merecido, y Lucio y su familia van a tener justicia", concluyó el mensaje.

El crimen de Dupuy

El trágico suceso que involucra a Lucio Dupuy tuvo lugar en la noche del viernes 26 de noviembre de 2021, cuando fue llevado al Hospital Evita de la capital pampeana por su madre y su pareja, mostrando múltiples y graves lesiones. En un estado crítico y con apenas signos vitales, los esfuerzos médicos por reanimarlo resultaron infructuosos, y su fallecimiento fue confirmado minutos después. Posteriormente, en el juicio que enfrentaron, se demostró que las mujeres mintieron ante los médicos, alegando que habían sido víctimas de un robo y que los asaltantes también habían agredido a Lucio. Esta versión falsa condujo a la intervención de la Policía provincial, resultando en la detención de Magdalena y Abigail.

La autopsia reveló que la causa de la muerte fue una "hemorragia interna" inducida por las brutales agresiones sufridas por Lucio. Además, se descubrió que el niño presentaba tanto lesiones antiguas como recientes, habiendo sido tratado previamente por fracturas de brazos y dedos en varios centros de salud. Su cuerpo exhibía evidencias de golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillos.

Ambas mujeres fueron sometidas a juicio y el 17 de febrero de 2023, el Tribunal de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, las condenó a cadena perpetua.

Magdalena Espósito Valenti, la madre, fue encontrada culpable como autora material del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y el ensañamiento. Por su parte, Abigail Pérez, su pareja, fue condenada como autora material del delito de homicidio doblemente calificado por la alevosía y el ensañamiento, y además, culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la tutora y por tratarse de una víctima menor de 18 años de edad.

El 26 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó las condenas y agregó el delito de abuso sexual a la condena de la madre. El 3 de mayo fue promulgada la Ley Lucio (27.709), que busca prevenir y detectar tempranamente situaciones de vulneración de los derechos de los niños y adolescentes.

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Un joven argentino murió peleando contra terroristas en la Franja de Gaza: tenía 20 años y se había enlistado en las Fuerzas de Israel

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La AMIA confirmó la noticia. Se llamaba Ilán Cohen, pertenecía al batallón 202 y falleció durante un enfrentamiento bélico al norte de la Franja de Gaza contra terroristas de Hamás.

El gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, emitió un comunicado a través de Twitter, donde reveló la triste noticia de la muerte de Ilán Cohen, un joven argentino de 20 años que se había enlistado en las Fuerzas de Defensa de Israel y combatía al norte de la Franja de Gaza.

Cohen, nacido en Argentina, había prestado su servicio como paracaidista en el Batallón 202, y falleció el miércoles por la mañana en un combate contra guerrilleros de Hamás. La familia viajará de urgencia para estar presente en el último adiós.

“Recibimos la estremecedora noticia de la muerte de Ilán Cohen, un joven argentino que formaba parte de las Fuerzas de Defensa de Israel falleció combatiendo en Gaza. Abrazamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor, y rezamos por la elevación de su alma”, expresó el rabino a través de un tuit, junto a una imagen del soldado, donde se lo puede ver con el uniforme militar.

Ilán es hijo de David Oscar y Adriana Edith Zac, solía asistir a la comunidad judía del Templo Ajdut Israel, en el barrio porteño de Belgrano, donde celebró su bar mitzvá en 2017, según indicó Eliahu Hamra.

La AMIA confirmó que el padre de Ilán, y uno de sus hermanos, abordarán un vuelo de urgencia desde Ezeiza en las próximas horas. “Les informó la desgarradora noticia del cónsul israelí, y mañana viajará también su madre”, comentó, mientras les brindan contención en este desolador momento.

El grupo terrorista Hamás secuestró a 21 argentinos en su ataque al sur de Israel el pasado 7 de octubre, donde asesinaron a más de 1.500 judíos en cuestión de horas, en la peor masacre en contra de la comunidad desde el Holocausto.

Ilán, como tantos judíos a lo largo del mundo, se postularon para ser parte de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel, y poder pelear en contra de los guerrilleros palestinos.

Su muerte se da en la recta final del combate en la Franja, donde Hamás ya ha entrado a la ciudad de Rafah, el último bastión del terrorismo islámico en el territorio palestino. El ejército de Israel dijo que las tropas habían matado a "un gran número de terroristas" en su último combate en Jabalia.

La ONU dice que casi 600.000 personas que se refugiaron han sido desplazadas desde el inicio de una operación terrestre israelí en las afueras del este de la ciudad hace nueve días, incluidas 150.000 personas en las últimas 48 horas.

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