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Economía

El milagro económico en Perú: Del colapso del socialismo a las reformas de Alberto Fujimori

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Las reformas del presidente Fujimori sentaron las bases para el crecimiento, la estabilidad y ahorro en la economía peruana por primera vez en décadas. El país recuperó la moneda y desarrolló el llamado “capitalismo popular”.

Mientras la región se tiñe de rojo con una nueva ola de gobiernos socialistas, Perú parece sostenerse como uno de los últimos países latinoamericanos que, a pesar de un incursión por la extrema izquierda con Pedro Castillo, ha vuelto a la senda de la economía libre y los valores republicanos.

Es importante recordar que esto no siempre fue así. Para la década de 1980, la economía del Perú era, y por una diferencia enorme, una de las más diezmadas y pobres de toda la región. No solo por sufrir episodios crónicos de inflación y recesión, sino además por mantener un nivel de ingreso por habitante muy inferior al promedio de América Latina.

El presidente Alan García llevó a cabo un experimento de corte socialista que terminó por desequilibrar completamente la economía hacia el final de su mandato. Su gestión finalizó con un nivel de aprobación oscilando entre el 18% y el 21%, cuando había llegado al poder con una imagen positiva superior de hasta el 80% de la opinión pública.

Años después, en 2006, volvería al poder, pero después de las reformas del fujimorismo, gobernaría de una manera diametralmente opuesta a lo que hizo en la década del ’80, respetando los preceptos del "Consenso de Washington" a rajatabla mientras el resto de la región se hundía en el Foro de Sao Paulo.

Los caóticos resultados del socialismo entre 1985 y 1990

El llamado aprismo, implementó un programa heterodoxo que expandió fuertemente el déficit fiscal del 3,7% del PBI en 1985 al 6,7% en 1986, y casi un 9% del PBI para 1987. Estos desequilibrios fueron financiados con emisión monetaria sin respaldo, ya que el Gobierno se resistía a modificar la estructura impositiva para financiar el despilfarro.

La tasa de inflación interanual creció del 65% al 114,5% entre enero y diciembre de 1987, mientras que el Gobierno respondió con la masiva extensión de los controles de precios e incluso intentó estatizar el sistema bancario del Perú como una supuesta receta para combatir el alza de precios.

Los remedios fueron peores que la enfermedad. Los controles de precios no tardaron en masificar el desabastecimiento de productos básicos a lo largo y ancho del país, el cepo cambiario sobre el dólar había provocado que el Banco Central de Perú agotara completamente sus tenencias de divisas.

El mes de julio de 1990 fue particularmente caótico para Perú: el proceso hiperinflacionario se tornó violento e inmanejable y los precios aumentaron un 396% solamente en ese mes, algo nunca antes visto en la historia económica peruana. La inflación interanual había superado el 3.000%.

Al mismo tiempo en que se producía la hiperinflación también se produjo la recesión más violenta en la historia del país: el nivel de actividad se desplomó un 24% entre el tercer trimestre de 1987 y el segundo trimestre de 1990, el último de Alan García en el poder.

Evolución de la actividad económica de Perú entre 1979 y 2000.

Las reformas de Fujimori y el milagro económico

En medio de un clima hiperinflacionario y una recesión profunda, Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 1990, dando lugar a una serie de reformas económicas que fueron el pilar del modelo económico fujimorista que incluso hoy en día se mantiene casi inalterado.

La nueva administración respondió con la aplicación de un programa de shock denominado popularmente como “Fujishock” para terminar con la hiperinflación, de la mano del ministro de Economía Juan Carlos Miller

Se procedió a la liberalización del mercado cambiario, la rebaja generalizada de aranceles a las importaciones, la eliminación de restricciones cuantitativas al comercio, la liberalización de las tasas de interés bancarias, la reducción de los controles de precios y la aplicación de una política monetaria fuertemente contractiva, todo en un plazo de pocas semanas.

La política monetaria logró un resultado contundente en materia inflacionaria. A partir de 1990, el Banco Central de Perú (BCRP) lanzó un programa de fijación de metas de emisión futura que resultó sumamente creíble y confiable, con reducciones progresivas en el ritmo de expansión monetaria.

Esto fue posible gracias a la “mano de hierro” con la que Fujimori supo gobernar Perú, donde quedó claro que la oposición de extrema izquierda, en aquél entonces defensora del terrorismo del grupo Sendero Luminoso, no tomaría de vuelta el poder en el corto o mediano plazo.

Desde 1992, se implementó un programa de esterilización para la emisión, y en 1993 Fujimori aprueba una reforma en la carta orgánica del BCRP atada a la nueva Constitución que aprobó ese mismo año, garantizando autonomía para la autoridad monetaria y prohibiendo por ley la financiación espuria al Estado. 

Al mismo tiempo, el Gobierno fujimorista decidió emprender un importante programa de austeridad fiscal, racionalizando la administración pública y actualizando el valor de las tarifas de los servicios públicos regulados por el Estado. La terapia de shock logró un nivel inédito de credibilidad que consiguió derribar la inflación mensual hasta un promedio del 6,4% durante todo 1991

El fin de la inflación durante el Gobierno de Alberto Fujimori.

A partir de 1993, la economía peruana experimentó un crecimiento vigoroso del PBI y de todos sus indicadores económicos, financieros y humanos, y todos esto con una envidiable estabilidad de precios, una situación que no se veía desde principios del siglo XX en ese país y tampoco se había logrado en otras partes del continente.

Entre 1993 y 2000, la economía del Perú creció un 39,4% mientras que la inflación interanual cayó a un sólo dígito a partir de 1996, y la inflación mensual quebró la inercia persistente que parecía tener en la década de 1980. 

Durante este proceso, Alberto Fujimori eliminó rápidamente todos los controles sobre la tenencia de moneda extranjera (principalmente dólares), blanqueando lo que más tarde consolidó una auténtica y funcional economía bimonetaria. 

A partir de 1992, Alberto Fujimori consolidó su poder en el gobierno disolviendo el Congreso, una maniobra que la Constitución peruana avalaba, y terminó de completar las “reformas de primer orden” en la transición hacia una economía de mercado. 

A partir de ahí, se concretó un extenso programa de privatizaciones que logró una mejora en la calidad de las prestaciones, y se anuló un costo fiscal importante que representaban las empresas estatales ineficientes y deficitarias.

Este modelo trascendió al fujimorismo y perduró por casi tres décadas. Entre 1992 y 2019 el ingreso por habitante en el Perú creció un 166%, consiguiendo una suerte de milagro económico en la región y un “capitalismo popular” que redujo los niveles de pobreza y marginalidad significativamente. 

Según las estimaciones oficiales del Estado peruano la tasa de pobreza pasó del 58,5% de la población en 1994 al 21,7% en 2015. Según la medición del Banco Mundial, y utilizando una vara de medición en torno a los US$ 10 PPP constantes de 2011 (similar a lo que utiliza Argentina), la pobreza en el Perú habría pasado del 84% a principios de los 90s, a un 48% en el año 2019.

Economía

El Banco Central encontró pérdidas adicionales por US$ 45.000 millones de dólares que el kirchnerismo había dejado escondidas

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Se trata de la valuación de las Letras Intransferibles deliberadamente encajadas al Tesoro computando valores ficticios y artificiales, una maniobra iniciada durante la gestión del expresidente Kirchner pero que profundizó Massa en su paso como Ministro de Economía. 

Tras años de maquillaje en las estadísticas del Banco Central, el presidente Santiago Bausili al frente de la institución decidió llevar a cabo un sinceramiento monetario para mostrar el verdadero resultado del balance según las normas contables vigentes.

De acuerdo a las correcciones exhaustivas llevadas a cabo, el BCRA sumó un quebranto a su balance de por lo menos US$ 45.000 millones como resultado de las pésimas administraciones kirchneristas en los últimos 20 años.

Este resultado se debe a la valuación de las Letras Intransferibles que el Tesoro utilizó para hacerse de las divisas en el BCRA en la gestión del expresidente Néstor Kirchner, práctica que se continuó desde el año 2007.

Estos instrumentos se utilizaron para canjear deliberadamente las reservas del Central a cambio de un papel sin mayor importancia y meramente ceremonial en los asientos contables, una práctica que impulsó el entonces ministro de Economía Sergio Massa a todo vapor.

“El principal impacto de esta adecuación se observa en los criterios de valuación de las Letras Intransferibles y Otras Letras del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses, así como de los Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional”, resalta el comunicado de la autoridad monetaria.

Se calcula que la verdadera valuación de las Letras Intransferibles es hasta un 60% inferior al resultado que hasta ahora se contemplaba en la hoja de balance del BCRA, y como resultado se obtiene el “costo de sinceramiento” por la suma equivalente a los US$ 45.000 millones de dólares respectivamente.

Asimismo, la administración de Bausili dispuso de un nuevo cambio en el funcionamiento de la institución y su comportamiento con respecto al Tesoro: se detendrá abruptamente el envío de transferencias de utilidades al Tesoro Nacional, ya que estas simplemente constituían un artilugio contable que escondía la monetización del déficit fiscal.

Lo que ocurría anteriormente es que el Banco Central reportaba supuestas “ganancias” por la mera tenencia de divisas en su poder, ya que estas se veían revaluadas en pesos con cada devaluación ejecutada sobre el cambio oficial. Pero estas ganancias fueron meramente contables, jamás existieron y no se explicaron por la propia operativa del banco.

Desde el 10 de diciembre del año pasado el BCRA también abortó cualquier tipo de transferencia por concepto de Adelantos Transitorios, la principal fuente de monetización fiscal por vía directa. Son pasos necesarios para 

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Brasil

Desastre del socialismo en Brasil: Lula destruyó las finanzas del Estado, puso al país bajo déficit y se espera una explosión de deuda

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El Gobierno brasileño abandonó rápidamente el superávit primario heredado de la gestión de Bolsonaro, y el déficit financiero ya es el más alto desde el estallido de la pandemia. Las metas fiscales trazadas por el Ministro Haddad se desdibujan cada vez más.

El socialismo brasileño promulgó una agenda fiscal extremista y completamente irresponsable, que condujo al desequilibrio de las finanzas públicas de Brasil en tiempo récord.

Solamente en los primeros 6 meses de gestión del Presidente Lula da Silva se agotó todo el superávit primario que había dejado Jair Bolsonaro. Al cabo de 15 meses, el último dato publicado por el IBGE y convalidado por el Banco Central de Brasil registró un déficit primario equivalente al 2,47% del PBI para el término de marzo de 2024. Cuando Lula asumió la presidencia, había un superávit en torno al 0,56% del producto respectivamente.

Asimismo, en conjunto con el pago de intereses de la deuda pública, el Gobierno federal de Brasil registró un déficit financiero del 7,5% del PBI en marzo, 3,2 puntos porcentuales por encima del que recibió en enero de 2023. 

La recaudación tributaria se vio favorecida por la introducción de nuevos impuestos, pero la agenda socialista desde el punto de vista de las erogaciones simplemente agotó cualquier posibilidad de saneamiento presupuestario.

El Ministro de Finanzas Fernando Haddad anunció un “bloqueo” de gastos por al menos R$ 2.900 millones de reales, entre inversión pública y gastos prescindibles en el corto plazo. Sin embargo, el déficit fiscal se encuentra en los niveles más altos desde la pandemia, el núcleo radicalizado y de extrema izquierda dentro del oficialismo avanza sobre el posicionamiento de Haddad para profundizar la agenda extremista.

Pese a que el Ministro se comprometió con el déficit primario cero para fin de año, esta meta parece completamente imposible de cumplir. El Gobierno federal incurrió en un desequilibrio de hasta R$ 114.000 millones de reales en febrero, y R$ 63.000 millones adicionales en marzo, pese al tenue superávit por R$ 22.000 millones correspondiente a enero.

El superávit primario puntual en el mes de enero se debe a un efecto propio de la estacionalidad del mes, ya que ciertos impuestos impactan de manera directa en dicho período. Pero el saldo observado en enero de 2024 fue inferior al que se registró en el mismo mes de 2023, 2022 e incluso en comparación con enero de 2021 (en plena pandemia).

La mayor parte de las consultoras privadas de Brasil sugieren que la meta fiscal de Haddad carece de fundamentos, y fundamentalmente de apoyo político interno dentro de la coalición oficialista.

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Economía

El Gobierno va camino a reportar superávit fiscal en abril: Se consolida la disciplina fiscal para erradicar la inflación

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Los depósitos del Sector Público Nacional se incrementaron en $2,2 billones de pesos al cierre del mes pasado, una cifra superior a la registrada en marzo. Esta tendencia sugiere la consolidación de un nuevo superávit incluso más grande que el de marzo.

Incluso a pesar de la sanción o el rechazo de la Ley Bases, el Gobierno del Presidente Javier Milei está logrando ejecutar un ajuste fiscal pocas veces visto en la historia argentina. La disciplina fiscal es el principal baluarte del programa económico para combatir la inflación, ya que es la única manera para garantizar la verdadera independencia del Banco Central del poder político.

Pese a que aún no existen datos fiscales oficiales correspondientes al pasado mes de abril, se sabe que los depósitos del sector público se incrementaron en $2,2 billones con respecto a marzo, la tercera cifra más importante en lo que va de la presidencia de Milei.

Con cada aumento de la cantidad de depósitos del sector público es plausible esperar una mejora del resultado fiscal, con lo cual estas cifras preliminares sugieren que el Gobierno podría haber alcanzado el superávit financiero en abril y sería incluso más grande que el del mes de marzo.

Se debe tener en cuenta que en marzo el incremento de los depósitos del sector público fue de $1,62 billones de pesos, y se registró un superávit financiero en torno a los $276.638 millones respectivamente. En otras palabras, el superávit primario fue tan importante que incluso logró más que compensar el pago neto de intereses por la deuda pública.

Si el Gobierno lograra nuevamente el superávit, el resultado del déficit primario acumulado de 12 meses podría acercarse nuevamente al equilibrio en relación al PBI, algo que no se veía desde noviembre de 2019 hacia el final de la administración Macri.

Lo que la gestión de Cambiemos logró ejecutar al cabo de 2 años de lento gradualismo, el Gobierno del Presidente Milei lo logró en tan solo 4 meses. El decidido ordenamiento de las finanzas públicas permitió que el Banco Central pudiera cortar de cuajo la emisión de Adelantos Transitorios para financiar el rojo del Tesoro.

Otra manera de anticipar el posible resultado fiscal de abril consiste en observar las licitaciones llevadas a cabo por el Tesoro. En este mes, el Gobierno aprobó colocaciones por 5,7 billones de pesos y tuvo vencimientos por 3,3 billones de pesos, arrojando un financiamiento neto positivo de $2,4 billones

Y pese a observarse un incremento con respecto al saldo neto del mes anterior, la mayor parte de estas colocaciones se utilizaron para postergar vencimientos de la deuda interna a plazos más razonables, y para absorber pesos de circulación cancelando deuda contra el Banco Central.

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