Argentina
Milei se reunió con el FMI: Duras críticas por no exigir reformas, les dijo que va a hacer un ajuste más fuerte y les explicó su plan de dolarización
El candidato a presidente de La Libertad Avanza le explicó a los banqueros del FMI que planea hacer un ajuste tres veces más profundo que él que ellos le exigen a Massa, y prometió que les va a pagar toda la deuda.
El candidato a presidente que ganó las elecciones primarias del pasado domingo, Javier Milei, se reunió este viernes por la mañana en una videollamada con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el economista y diputado les explicó su plan para dolarizar el país.
El libertario tiró comentarios críticos con el Fondo por no exigir reformas en las aprobaciones de ya dos préstamos multimillonarios para con la Argentina, primero con Mauricio Macri en 2018 por 40 mil millones de dólares y luego con Alberto Fernández en 2021 por 45 mil millones de dólares.
En todos los países del mundo, el dinero del FMI viene atado a una serie de exigencias para reformar la economía de manera profunda, para que el país que recibe los dólares recupere la capacidad de re-pago. Sin embargo, con Argentina nunca se exigió una reforma, más que recortar levemente el gasto público y subir impuestos para llegar gradualmente al equilibrio fiscal.
La reunión, confirmada por ambas partes, se produce a días de que el prestamista de última instancia se reúna con Sergio Massa, el actual ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, que acordó antes de las elecciones un desembolso anticipado por 7.500 millones de dólares.
Milei le dijo al Fondo que a pesar de la impericia de no haber exigido reformas, se comprometía a pagarles la totalidad del dinero prestado, como parte de su plan de cerrar el Banco Central, imponer la libre competencia de monedas en Argentina y, en consecuencia, la dolarización.
Junto con sus asesores económicos Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein, el líder de La Libertad Avanza le dijo a los representantes del FMI que su equipo está trabajando en "diferentes modelos de dolarización". Fuentes consultadas aseguran que el plan de cabecera que implementará Milei en caso de llegar a la presidencia es el de Emilio Ocampo, pero que no se descarta ninguna alternativa.
Por parte del FMI, estuvieron presentes el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Rodrigo Valdés, y el subdirector, Luis Cubeddu, quienes dijeron que la discusión con Milei y su equipo "fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas actuales de Argentina y aprender más sobre sus prioridades de política económica".
En la reunión que duró unos 80 minutos, Milei también les aseguró que mientras ellos piden llegar al equilibrio fiscal de acá a 5 años, él tiene como objetivo cerrar su primer año de gobierno sin déficit fiscal.
"Haremos un ajuste. Pero esta vez será un ajuste que no lo pagará la sociedad ni la producción, si no la política a través de una profunda reforma del Estado", citan fuentes con conocimiento de la reunión que dijo el candidato de La Libertad Avanza.
Además, el libertario les describió su programa económico, incluidos los planes para recortar ferozmente el gasto público, las privatizaciones, la apertura de la economía, la unificación de todos los tipos de cambio de divisas del país, la rebaja de impuestos, la eliminación de las retenciones al campo y la introducción de una reforma monetaria que eventualmente conducirá a la eliminación del Banco Central.
Argentina
Nicolás Posse brindó su informe de gestión ante el Senado: Dio detalles acerca de los primeros 6 meses de motosierra y eliminación de la inflación
El jefe de Gabinete explicó con números y con rigurosa precisión ante los senadores los efectos de las reformas económicas, el combate contra la inseguridad, el rearme argentino, el reingreso al mundo occidental, entre otros logros.
Luego de ocho horas concluyó la sesión en la que Nicolás Posse, jefe de Gabinete de la Nación, presentó su primer informe de gestión ante el Senado, rompiendo con una costumbre que había impuesto el kirchnerismo de no cumplir con la ley que obliga al primer ministro a responder preguntas de los legisladores periódicamente acerca del informe de gestión que elabora mensualmente la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios.
A lo largo de la jornada, el funcionario expuso sobre las diversas temáticas de los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei. Recorrió todas las competencias del Gabinete. Aportó información sobre economía, seguridad, defensa, asistencia social, relaciones exteriores, el ajuste y las reformas impulsadas en la Ley Bases.
El momento más importante de la joranda estuvo en las proyecciones económicas que expuso Posse, aportando un dato significativo al mencionar que se espera que el gobierno de Milei espera que en todo el 2024, la inflación interanual se ubique en torno al 139%, casi la mitad de la suba de precios que tuvo el año pasado.
Por otro lado, Posse respondió ante las insistentes preguntas y planteos de los legisladores de la oposición en relación al parate de la obra pública en todo el país. El funcionario fue tajante, indicando que todo el sistema está en revisión, debido que se heredaron deudas millonarias que hicieron caer la mayoría de los contratos por carecer de financiamiento. “No vamos a financiar eso con emisión, estamos parando una híperinflación”, respondió con contundencia.
En otra parte, Posse hizo una defensa acérrima de la Ley Bases, que se discute actualmente en la cámara alta. Puntualmente defendió el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al asegurar que, contrariamente a lo que afirman algunos senadores opositores, promoverá la industria nacional y las economías regionales.
Finalmente, se refirió a la motosierra que se pasó por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que era utilizado tanto por el kirchnerismo como por el radicalismo como una masiva caja política. Posse fue tajante y confirmó que ese fondo ha quedado sin efecto.
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Argentina
La Justicia allanó a dirigentes piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales
Las actuaciones judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, de Barrios de Pie y otros grupos, y se iniciaron por denuncias realizadas en la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad.
Dirigentes y militantes piqueteros están siendo investigados por la Justicia Federal, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participen en manifestaciones de la izquierda, a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134, habilitada por el Gobierno de Milei.
En la causa se han llevado a cabo hasta el momento unos 27 allanamientos. Estos procedimientos son el resultado de las investigaciones judiciales que comenzaron a raíz de una presentación ante el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Entre los acusados se encuentran Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, quienes forman parte del Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares. También se está examinando la actuación del Movimiento Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
El listado de investigados también incluye a Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello, según se indicó.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó un pedido de allanamiento y la intervención de líneas telefónicas dirigido a varios acusados por el delito de extorsión. Los acusados "habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos".
De acuerdo con la instrucción del caso, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, "se reunieron los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -en domicilios particulares de los requeridos, sedes de comedores populares como Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas-, con el propósito de aprehender a los imputados para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y recolectar elementos probatorios como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares".
"De las intervenciones efectuadas se desprende que las actividades de los imputados se orientaron a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero", según lo establecido por la decisión firmada la semana pasada por la Sala I de la Cámara.
El tribunal considera de suma importancia asegurar el secuestro de los dispositivos electrónicos pertenecientes a los imputados, ya que la mayoría de las exigencias coactivas y extorsivas se realizaban a través de estos medios. T
ambién se busca obtener planillas o cuadernos de asistencia o registro de pagos, documentación relacionada con los planes sociales, el funcionamiento de cada unidad de certificación o con entidades jurídicas que actúen como cooperativas o asociaciones civiles, comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería, así como tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.
Según informó el Ministerio de Seguridad, se llevó a cabo el secuestro de estos dispositivos electrónicos, así como de millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios relevantes.
Los chats condenatorios
Los operativos permitieron a la Justicia obtener acceso a "los chats de apriete" de las personas que realizaron las denuncias en el 134, quienes ratificaron sus acusaciones ante la sede fiscal y proporcionaron sus propios mensajes recibidos por WhatsApp. En estos mensajes se explicitaban las maniobras de extorsión para obligar a asistir a las marchas.
Según el análisis de las pruebas, se estableció que no existía una concurrencia espontánea a las movilizaciones por parte de los beneficiarios de planes sociales. Además, se pudo acreditar que desviaban los recursos destinados a los comedores, y que la comida proporcionada por el Estado era vendida y administrada en función del nivel de compromiso político de las personas a las que obligaban a participar. También se presentaron pruebas que revelan que aquellos que no podían asistir a una marcha debían justificarlo mediante certificados médicos.
El Gobierno ha implementado desde el inicio de su gestión una política de confrontación con las organizaciones sociales que tradicionalmente han tenido un papel intermediario en la distribución y gestión de la ayuda social. Esta confrontación se materializó en un protocolo elaborado por el Ministerio de Seguridad para prevenir los cortes de tránsito, así como en un cambio en la forma de gestionar los planes sociales, llevado a cabo por el Ministerio de Capital Humano, sin la participación activa de los grupos piqueteros, para poder eliminar la corrupción y la extorsión que llevan a cabo las organizaciones sociales en contra de los pobres.
A pesar de las manifestaciones periódicas llevadas a cabo por estas organizaciones, en defensa de sus intereses más oscuros, hasta el momento no han logrado ni lograrán obtener cambios significativos en la política implementada por la administración nacional.
De Kevin Frank para La Derecha Diario.
Argentina
El Gobierno creó el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario, que estará conformado por miembros de las Fuerzas Federales
La creación del grupo especial fue confirmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, contará con integrantes de todas las fuerzas policiales y de seguridad.
El Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), recién creado por el Gobierno, estará compuesto por representantes de todas las fuerzas policiales y de seguridad. Esta medida fue establecida mediante la resolución 360/2024 firmada por Patricia Bullrich y publicada en el Boletín Oficial de este martes.
El objetivo principal del GEANRO será colaborar en la investigación y prevención de hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos en la ciudad de Rosario, que ha experimentado una escalada de violencia en los últimos tiempos.
Este nuevo grupo especial estará bajo la jurisdicción de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que forma parte de la Secretaría de la Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La resolución publicada detalla que el GEANRO estará compuesto por dos representantes de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, incluyendo la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Todos los integrantes deben poseer una amplia experiencia en áreas investigativas.
En cuanto a sus funciones, el artículo 3° de la normativa establece que el GEANRO buscará colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos.
Esto se llevará a cabo mediante el desarrollo y ejecución de acciones de investigación criminal, manteniendo el marco de confidencialidad y reserva que rige toda la actividad de investigación e inteligencia criminal. Además, según lo establecido en la medida publicada en el Boletín Oficial, este nuevo grupo especial producirá informes de situación de narcocriminalidad en el ámbito de su competencia.
El personal del GEANRO prestará servicio durante los dos años siguientes a su designación efectiva, si bien podrían extender su permanencia más allá de ese plazo, sujeto a la evaluación de su desempeño y resultados. Todo el equipo estará bajo la dirección de un coordinador general, quien será la máxima autoridad del área competente en materia de drogas de las fuerzas nacionales y deberá rotar cada 24 meses.
En los considerandos de la resolución, el Gobierno señaló que "las conductas criminales vinculadas con la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como los delitos conexos, representan una problemática extendida que atraviesa diversos aspectos de la vida social, acarreando consecuencias gravemente nocivas a las personas y los bienes".
"La complejidad y el alcance del abordaje de esta problemática demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas, que permitan la optimización en la asignación de recursos y contribuyan a la mejora de los resultados de las investigaciones", agregó el documento.
"Creamos el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), con el objetivo de erradicar el crimen organizado relacionado con el narcotráfico. Este grupo de elite está compuesto por dos representantes de cada una de las cinco Fuerzas y trabajará a diario para garantizar orden y paz en Rosario, promoviendo el intercambio de información y capacidades entre agencias para agilizar investigaciones complejas y, además, enfocarnos en la formación continua de sus miembros."
"¡Un paso más en nuestro compromiso de vivir mejor y más seguros!", comunicó la cuenta del Ministerio de Seguridad de la Nación, en X.
De Kevin Frank para La Derecha Diario.
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