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Economía

El mito de los trenes estatales: La administración del Estado destruyó los ferrocarriles y generó pérdidas monumentales

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Uno de los mitos más difundidos en la historia argentina es el supuesto desmantelamiento del sistema ferroviario durante su privatización, pero todo esto ocurrió realmente cuando el sistema estaba en manos del monopolio estatal.

El candidato Javier Milei expresó su apoyo para la privatización de los ferrocarriles, una maniobra que buscaría fomentar la reinversión después de años de descapitalización y abandono por parte del Estado. No solo los servicios se vieron deteriorados, sino que el conjunto de la operatoria ferroviaria estatal constituye la segunda fuente explicativa más importante en el total de las pérdidas de las empresas públicas nacionales (solo por detrás de ENARSA).

Posiblemente uno de los mitos más difundidos en la historia argentina es la idea de un supuesto “desmantelamiento” del sistema ferroviario a lo largo de la década de 1990. La mitología kirchnerista esgrimió este argumento falso para atacar cualquier tipo de concesión o privatización de servicios, pero nada de esto se condice con la realidad.

Fue la propia gestión estatal (en la forma de un monopolio) la que se encargó de destruir y desmantelar el sistema ferroviario entre 1948 y 1989. Todos los datos operativos de los ferrocarriles desde su fundación a mediados del siglo XIX empeoraron dramáticamente bajo la gestión del Estado, sin importar los sucesivos cambios de signo político que se fueron produciendo.

La mayor expansión ferroviaria se impulsó cuando el sistema fue completamente privado a partir del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, principalmente capitales provenientes de Gran Bretaña.  En este período la intervención del Estado fue más bien pasiva. Los ferrocarriles estatales fueron muy limitados y en muchos casos privatizados, la operación más importante fue la privatización del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires en 1887. Por otra parte, el Gobierno se limitaba a ofrecer garantías para la construcción de ramales, o proveer financiamiento barato para el sector privado, pero el Estado se mantenía alejado de la función proveedora de servicios a gran escala.

La estatización de los ferrocarriles se produjo en 1948, ya cuando estos arrojaban pérdidas y los capitales ingleses estaban interesados en vender antes que hacerse cargo de una costosa reestructuración del sistema, haciendo que fuese un pésimo negocio para el Gobierno y para la sociedad argentina. A partir de este punto, todos los datos operativos empeoraron sistemáticamente, y las racionalizaciones llevadas a cabo no pudieron detener el proceso.

La longitud de vías férreas disminuyó en más de 9.000 kilómetros entre 1961 y 1980, y más de 12.000 kilómetros computando el período 1960-1990. Todo esto se produjo bajo la gestión del monopolio estatal, sin ninguna injerencia del sector privado.

La pérdida de ramales y el deterioro de los servicios provocó, a su vez, una gran disminución en la cantidad de pasajeros transportados por el sistema. A nivel país, los ferrocarriles llegaron a transportar un máximo de hasta 622.000 pasajeros en 1959, y para el año 1989 esa cifra había caído a solamente 280.400 pasajeros. Se produjo una caída equivalente al 55% en un período de 30 años de descapitalización y desmantelamiento.

Datos operativos de los ferrocarriles desde 1857.

La carga productiva transportada por ferrocarril también cayó dramáticamente bajo la gestión del Estado. Mientras que en 1948 los ferrocarriles transportaban un promedio de 34.000 toneladas de mercancías en todo el país, para 1989 el umbral cayó a solo las 14.200 toneladas, una caída superior 58% en 41 años. El punto más bajo de transporte ferroviario de cargas se registró en 1992, el último año de la gestión estatal.

De hecho, la mayor parte de la aparición de “pueblos fantasma” por el cierre de ramales y estaciones ferroviarias se produjo precisamente durante los años de la gestión estatal, y más específicamente entre las décadas de 1960 y 1980. Entre 1961 y 1990 cerraron más del doble de talleres y depósitos ferroviarios en comparación con el período 1991-2000.

Y de la proporción de pueblos que decrecieron a partir de la segunda mitad del siglo XX, el 44% perdieron el acceso al ferrocarril entre 1961 y 1970, y un 27% entre 1971 y 1980. Solamente un 19% de los pueblos que decrecieron en los años 90s perdieron el acceso al ferrocarril. Esto sugiere que la mayor parte del decrecimiento poblacional en estas localidades se produjo más bien por otras razones desde los años 50s, y en particular por el sesgo anti-exportador que debían soportar las economías regionales.

Datos operativos de los ferrocarriles desde 1857.

Y la razón detrás del masivo deterioro fue la falta de rentabilidad y la necesidad de racionalizar los servicios para contener las pérdidas. Esto se puede medir de varias maneras, una de ellas es el coeficiente de explotación que vincula ingresos y gastos de los ferrocarriles.

El coeficiente de explotación ferroviario se deterioró constantemente entre 1948 y 1989, pese a las reformas introducidas por el Plan Larkin (1959-1962), el plan Krieger Vasena (1967-1969) y la administración Martínez de Hoz (1976-1980). Todos estos intentos por reestructurar el sistema estatal para hacerlo rentable solo encontraron el fracaso. Las pérdidas de los ferrocarriles llegaron a representar entre el 0,4% y hasta el 1% del PBI, llegando a una situación de virtual colapso para 1989.

Con la privatización y concesión de los servicios ferroviarios, el coeficiente de exportación mejoró del 0,34 al 0,57 entre 1990 y 2000. La cantidad de pasajeros transportados aumentó de 214.000 a casi 480.000 en el período 1992-2000, mientras que la carga productiva transportada por esta vía se disparó en un 87% en el mismo período. Todo esto ocurrió a pesar de que se produjo un importante proceso de reestructuración para levantar en aproximado de 9.000 kilómetros de vías férreas ineficientes, cuya rentabilidad era imposible de alcanzar.

Economía

El Presidente Biden anunció una nueva guerra comercial contra China: Se establecieron aranceles de entre el 25% y el 100%

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Biden desató una agresiva impronta arancelaria contra China como no se veía desde el año 2019. Se espera una pronta respuesta arancelaria por parte del régimen de Xi Jinping, desatando así una nueva guerra comercial que repercutirá a nivel global.

En medio de la campaña electoral, y viéndose superado por las principales encuestas frente a su contrincante republicano Donald Trump, el Presidente Joe Biden anunció una oleada de represalias arancelarias en contra de las importaciones provenientes de China, muchas de las cuales afectan a sectores especialmente dinámicos y competitivos.

Biden tomó la decisión de establecer recargos drásticamente más elevados en comparación a los que había establecido su predecesor entre 2018 y 2019, pero con una lógica sustancialmente diferente: esta vez se pretende articular una protección de carácter permanente, y los aranceles ya no se ven inmiscuidos como una mera regla de negociación para que China profundice la desregulación sobre su mercado de divisas.

El Presidente Biden anunció una impronta abiertamente proteccionista, y los principales damnificados de esta política serán los propios consumidores estadounidenses que deberán enfrentarse a precios y costos más elevados. Se anunciaron las siguientes disposiciones contra las importaciones chinas:

  • Arancel del 25% sobre el acero y el aluminio
  • Arancel del 50% sobre semiconductores y paneles solares
  • Arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos

Los aranceles anunciados protegerán a la industria estadounidense frente a la competencia china, en detrimento de la calidad de sus productos y del poder adquisitivo de los consumidores locales. Muchas enfrentas enfrentarán un gran aumento de costos que sin lugar a dudas será trasladado al bolsillo del consumidor.

También constituye un fuerte desaliento para la inversión extranjera directa de largo plazo, ya que la constante alteración de las reglas de juego generan un clima de inestabilidad que hace imposible la previsión.

Pero incluso a pesar de los evidentes daños generados para los consumidores, los beneficios para la industria estadounidense podrían verse diluídos rápidamente, tan pronto como aparecieron en primer lugar.

Dado el gran tamaño de la economía estadounidense, resulta factible que la aplicación de aranceles puntales revitalicen frente a su par asiático. Sin embargo, es casi un hecho el régimen chino adoptará medidas arancelarias de represalia en la dirección opuesta, desatando una nueva y agresiva guerra comercial.

En caso de que esto ocurra, y con toda seguridad resulta el escenario más probable, entonces quedarían erradicadas todas las ganancias de competitividad que pudiera tener Estados Unidos frente a China. 

El resultado de equilibrio podría traer aparejado un nivel más alto de precios internos tanto en China como en Estados Unidos, pero ninguna ganancia de competitividad para ninguno de los dos países debido a que la relación entre aranceles permanecería relativamente constante.

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Economía

Colapsa la inflación a un dígito: La suba de precios fue de 8,8% mientras que la núcleo fue de 6,3%, lo valores más bajos en casi un año

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La mayor parte de los aumentos se observaron en los bienes y servicios regulados, como resultado de una necesaria corrección de precios relativos que había postergado el Gobierno anterior.

El INDEC informó que la tasa de inflación minorista correspondiente al mes de abril finalizó en torno al 8,8% con respecto a marzo, marcando así el cuarto descenso consecutivo de la variación de precios. La cifra anunciada se encontró en línea con lo esperado por la mayoría de las consultoras privadas del país.

La tasa de inflación interanual alcanzó el 289,4% frente al mismo mes del año pasado, y se espera que pueda comenzar a bajar a partir del dato del mes de mayo debido al efecto de arrastre estadístico que se acumula desde el salto de diciembre.

La variación mensual más importante se registró sobre las tarifas de servicios públicos, como parte de una necesaria corrección de precios relativos. Los precios de la vivienda y los servicios de agua, electricidad, gas y combustibles aumentaron en un promedio de 35,6% en abril, más de cuatro veces la tasa de inflación general del mes.

Asimismo, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas subió en un promedio del 6%, por debajo de la inflación general. Esto anticipa una cierta recomposición de ingresos, que ya habría comenzado en febrero según los datos de remuneraciones aglutinados en el SIPA.

La tasa de inflación para aquellos bienes y servicios estrictamente regulados fue del 18,4%, como resultado del proceso de sinceramiento que se atraviesa desde el 10 de diciembre. El verdadero resultado de la política fiscal y monetaria se corresponde con el fuerte descenso de la inflación núcleo, que fue del 6,3% en abril y se anotó la variación más baja en 15 meses

La tasa de inflación núcleo, que elimina el impacto de los precios de las tarifas públicas y los bienes con comportamiento estacional, había alcanzado el 28,3% al cierre de diciembre, y desde enero comenzó un fuerte proceso de reducción a la par del ajuste fiscal y monetario.

Asimismo, los precios mayoristas relevados en el IPIM del INDEC llegaron a aumentar hasta un 54,3% en diciembre (prácticamente una hiperinflación de manual), y esta variación se redujo drásticamente 5,4% al término de marzo

La política económica que lleva adelante el oficialismo impactó primero en el tipo de cambio, más tarde en los precios mayoristas y luego en los minoristas. Se espera que el último eslabón en reaccionar a la desinflación sean precisamente los salarios, con lo cual podría registrarse un proceso de recomposición en el poder de compra conforme baje la inflación en los próximos meses.

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Economía

El Banco Central encontró pérdidas adicionales por US$ 45.000 millones de dólares que el kirchnerismo había dejado escondidas

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Se trata de la valuación de las Letras Intransferibles deliberadamente encajadas al Tesoro computando valores ficticios y artificiales, una maniobra iniciada durante la gestión del expresidente Kirchner pero que profundizó Massa en su paso como Ministro de Economía. 

Tras años de maquillaje en las estadísticas del Banco Central, el presidente Santiago Bausili al frente de la institución decidió llevar a cabo un sinceramiento monetario para mostrar el verdadero resultado del balance según las normas contables vigentes.

De acuerdo a las correcciones exhaustivas llevadas a cabo, el BCRA sumó un quebranto a su balance de por lo menos US$ 45.000 millones como resultado de las pésimas administraciones kirchneristas en los últimos 20 años.

Este resultado se debe a la valuación de las Letras Intransferibles que el Tesoro utilizó para hacerse de las divisas en el BCRA en la gestión del expresidente Néstor Kirchner, práctica que se continuó desde el año 2007.

Estos instrumentos se utilizaron para canjear deliberadamente las reservas del Central a cambio de un papel sin mayor importancia y meramente ceremonial en los asientos contables, una práctica que impulsó el entonces ministro de Economía Sergio Massa a todo vapor.

“El principal impacto de esta adecuación se observa en los criterios de valuación de las Letras Intransferibles y Otras Letras del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses, así como de los Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional”, resalta el comunicado de la autoridad monetaria.

Se calcula que la verdadera valuación de las Letras Intransferibles es hasta un 60% inferior al resultado que hasta ahora se contemplaba en la hoja de balance del BCRA, y como resultado se obtiene el “costo de sinceramiento” por la suma equivalente a los US$ 45.000 millones de dólares respectivamente.

Asimismo, la administración de Bausili dispuso de un nuevo cambio en el funcionamiento de la institución y su comportamiento con respecto al Tesoro: se detendrá abruptamente el envío de transferencias de utilidades al Tesoro Nacional, ya que estas simplemente constituían un artilugio contable que escondía la monetización del déficit fiscal.

Lo que ocurría anteriormente es que el Banco Central reportaba supuestas “ganancias” por la mera tenencia de divisas en su poder, ya que estas se veían revaluadas en pesos con cada devaluación ejecutada sobre el cambio oficial. Pero estas ganancias fueron meramente contables, jamás existieron y no se explicaron por la propia operativa del banco.

Desde el 10 de diciembre del año pasado el BCRA también abortó cualquier tipo de transferencia por concepto de Adelantos Transitorios, la principal fuente de monetización fiscal por vía directa. Son pasos necesarios para 

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